Luego de 48 horas de bloqueo, los 55 municipios afiliados a la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) levantaron la medida con la que exigieron al Gobierno nacional la asignación de recursos, a través de la aprobación de normas, para enfrentar la lucha contra el coronavirus. Sin embargo, cuestionaron al Gobierno por ocultar la crisis económica.

A través de un pronunciamiento, Amdecruz rechazó las declaraciones del ministro de Economía, José Luis Parada, en las que afirmó que las alcaldías cruceñas cuentan con al menos 700 millones de bolivianos.

Según Amdecruz, éste es un “descarado intento por ocultar la crisis actual de los Gobiernos Autónomos de Santa Cruz”.

Amdecruz repudió las palabras de la ministra de Comunicación, Isabel Fernández, quien dijo que las alcaldías del país disponen de 18.237 millones de bolivianos y su ejecución, al 22 de mayo, llega al 18 por ciento.

Para Amdecruz, Fernández falsea la verdad y distorsiona la realidad financiera y económica de las comunas cruceñas.

“Condenamos el contubernio que existe entre el MAS y el Gobierno de Jeanine Áñez para no dar soluciones reales a la presente crisis que afecta a los ciudadanos bolivianos que viven en nuestros municipios”, dice el documento.

En ese contexto, Amdecruz convocó a sus afiliados a una reunión el próximo viernes con la finalidad de radicalizar medidas de presión. La institución dio un plazo a la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta el 8 de junio para dar soluciones concretas y efectivas que permitan salir de la crisis.

Caso contrario, los alcaldes iniciarán medidas indefinidas desde el 9 de junio. Amdecruz pidió disculpas a la población por los perjuicios ocasionados.

APRUEBAN LEY DE RECUPERACIÓN IDH

La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de Ley de recuperación del 12 por ciento del IDH para las entidades territoriales autónomas y universidades. Sin embargo, las alcaldías del departamento de Santa Cruz rechazaron la medida porque no tiene carácter retroactivo, sino que la recuperación se dará a partir de la aprobación.

La norma redistribuye el uso de estos recursos, a favor de gobernaciones, municipios y universidades públicas del país, que estaban destinados a la inversión de exploración y explotación de hidrocarburos.

Con la norma aprobada en grande y en detalle, que está lista para su promulgación.