Los desplazados que perdieron su hogar por el Mundial de Brasil

“Yo había construido mi futuro, que era mi casa, con mucho esfuerzo. Y de repente ellos vienen y nos hacen perder todo. Derribaron lo que era nuestro sin pedir ningún permiso”.

Jerónimo Sebastiao de Oliveira, de 72 años, es uno de los afectados por las expropiaciones debidas a la Copa del Mundo en la localidad de Camaragibe, en el área metropolitana de la ciudad de Recife, en el estado de Pernambuco, en el noreste del país.

El gobierno de Pernambuco construirá en la zona dos obras de infraestructura para facilitar el acceso al estadio Arena Pernambuco, donde se jugarán cinco partidos del Mundial.

Para erigir las obras, el Terminal Integrado de Camaragibe y el Ramal da Copa, los habitantes locales fueron obligados a abandonar sus hogares, aunque ninguna de las terminales ha sido concluida.

El reclamo de Jerónimo es el mismo de muchas otras familias que también fueron desalojadas por las obras de la Copa. Las familias aseguran haber recibido del gobierno de Pernambuco una indemnización muy inferior al valor de los inmuebles y señalan que no tienen más remedio que alquilar alguna vivienda o “vivir de prestado” en la casa de algún conocido.

“Lo que me dieron no es ni la mitad del valor de la casa y no alcanza para comprar otro inmueble. Estoy viviendo de favor con una sobrina y ella me cobra 400 reales (unos US$180). Ya me está pidiendo que me vaya y no tengo a donde ir”, dijo Jerónimo a BBC Brasil.

Su casa quedaba en un sitio conocido como Loteamento São Francisco, donde hubo más de 100 expropiaciones para la Copa. La Procuraduría General del estado de Pernambuco creó un departamento especial para atender las cuestiones relacionadas con los desalojos, la Secretaría de Expropiaciones.

Fueron representantes de esta secretaría quienes buscaron a los residentes, evaluaron los terrenos y propusieron la indemnización que se les pagaría al abandonar sus hogares.

El valor ofrecido fue lo que más rechazo causó entre las familias. Aquellas que no aceptaron la propuesta tuvieron la opción de recurrir a la Defensoría Pública y hay varios procesos ante la Justicia entablados por quienes piden una indemnización más justa.

“Somos agentes públicos, las indemnizaciones se pagan con dinero público y existe una norma técnica y parámentros de ingeniería para evaluar el valor de un inmueble”, dijo el procurador general del estado de Pernambuco, Thiago Arraes de Alencar Norrões, a BBC Brasil.

“Hay algo de margen para negociar, pero si pago 10.000 reales por un inmueble que vale dos mil, voy preso. Los que aceptaron la oferta, ya recibieron el dinero”.

Malentendidos

De acuerdo al procurador, las indemnizaciones pagadas a las familias expropriadas variaron entre 3.000 y 300.000 reales (US$1.350 y US$135.400), dependiendo de la evaluación del terreno y la regularización del inmueble. “Hay un informe completo sobre las expropiaciones. Teníamos un presupuesto total de 100 millones de reales para las indemnizaciones y acabamos gastando 90 millones”.

El gran problema, en el caso del pago de indemnizaciones tan bajas, como la de US$1.350, fue la situación irregular de algunos propietarios. El gobierno alega que muchos de ellos no tenían la documentación completa o en algunos casos la casa estaba a nombre de un familiar ya fallecido.

“Si usted tiene una casita modesta en un terreno que no es de su propiedad, va a recibir entre 15.000 y 20.000 reales (US$6.700 y US$9.000). Procuramos favorecer en lo posible a los expropriados”, dijo el procurador Thiago Norrões.

“En São Francisco, ayudamos incluso a regularizar algunos terrenos para que el valor fuera más alto”.

Sin embargo, algunos residentes de Camaragibe aseguran que tenían toda la documentación y habían regularizado la situación de sus inmuebles, pero aún así, dicen, recibieron un valor demasiado bajo como indemnización.

Es el caso de Jerónimo, que vivía hacía 40 años en la zona.

“Yo tenía todos los documentos. El registro del inmueble, la escritura, todo”, contó.

“Cuando compré la casa era pequeña, pero luego la fui ampliando. Saqué piedras del río con un solo brazo para mejorar mi casa. Invertí en mi futuro. Pero todo el esfuerzo y el dinero que invertí se perdieron”, lamentó.

Jerónimo contó que recibió poco más de 30.000 reales (US$13.500), lo que equivale al 80% de la indemnización a la que tenía derecho, y señaló que comenzó un proceso en la Justicia para reclamar un pago mayor.

En total, el valor que el Estado propuso pagarle no llega a 50.000 reales (US$22.500). El precio de un inmueble similar en la misma región en Camaragibe varía entre 100.000 y 200.000 reales (US$45.000 y US$90.000).

Problemas

La Procuraduría General del Estado reconoció que hubo problemas en las expropiaciones realizadas en Recife y en la región metropolitana de la capital y admitió que “aprendió con algunos errores”.

“Algunas personas quedaron en situaciones difíciles. En esta fase final, estamos intentando dar una atención psicosocial mayor. Aprendimos. En las próximas acciones vamos a tener que corregir algunos procedimentos”.

Para el procurador, la principal dificultad en las expropiaciones para la Copa fue su realización sin una política de vivienda adecuada. “Tenemos una Copa y debemos tomar algunas medidas en las ciudades sede. Pero no hay una política que resuelva estos problemas, que ofrezca una vivenda a las personas desalojadas por estas obras”.

“Antes de cualquier acción urbanística, antes de desalojar a las personas, hay que pensar donde colocarlas”.

Caminando por la región de Camaragibe donde se realizaron las expropiaciones se ve que aún falta mucho para que las obras estén prontas. BBC Brasil estuvo allí a inicios de mes y constató que las casas ya fueron demolidas, pero el asfalto para el Ramal da Copa aún no llegó. El proyecto Terminal Integrado de Camaragibe también está en la fase inicial y será finalizado sólo después del Mundial.

Según relatos de algunos residentes, muchos de los desalojados por la Copa en la región regresan con frecuencia para ver qué se ha construido donde estaban sus hogares. La decepción aumenta cuando ven que las obras aún están en el papel.

“Alli donde era mi casa sólo hay barro”, dice Jerónimo.

Expropiaciones en la Copa

El problema de las expropiaciones para la Copa no es exclusivo de Recife. Según la Asociación Nacional de Comités Populares de la Copa (Ancop), hubo centenas de desalojos en las 12 ciudades sede, pero en muy pocos casos se ofreció la debida atención a las familias.

La relatora de Naciones Unidas para una Vivienda Adecuada, Raquel Rolnik, visitó las ciudades brasileñas que recibirán al Mundial y también constató irregularidades en las expropiaciones.

“El derecho a la vivienda adecuada ha sido violado en prácticamente todos los casos de expropiación. El patrón ha sido la falta completa de diálogo y transparencia con las comunidades y personas afectadas”, dijo Rolnik a BBC Brasil.

“Y cuando se paga indemnización o un subsidio para el alquiler, los valores son totalmente insuficientes para financiar el acceso a una nueva vivienda. De acuerdo con las leyes internacionales relevantes, una persona jamás puede quedar tras una expropiación en una situación peor que la que tenía antes, pero eso es lo que ocurrió”.

BBC Brasil buscó una respuesta del gobierno federal a las críticas de la relatora y del propio gobierno de Pernambuco, que habló de la ausencia de una política de vivienda que permita resolver estos problenas.

Según la Secretaría de Comunicaciones (Secom) del ejecutivo federal, la responsabilidad por las expropiaciones fue de los gobiernos municipales y estatales y no hubo intervención federal. Secom resaltó además que el gobierno federal ofrece programas de vivienda efectivos como “Minha Casa, Minha Vida”, “Mi casa, mi vida”, que fueron creados antes del Mundial y permanecerán después de la Copa.

*Nota de redacción: Después de la elaboración de este reportaje supimos que Jerónimo compró una vivienda precaria por 20.000 reales y está allí con su familia (mujer e hijo) en una casa de condiciones muy inferiores a las del hogar que ocupaba antes de ser expropiado. Jerónimo aguarda el pago del resto de la indemnización para construir otro cuarto y tener condiciones más dignas de vivienda.