Afinan reglamento para las tasas de interés

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El Gobierno espera concluir con la redacción hasta mediados del presente mes

El Gobierno afina el primer reglamento a la Ley de Servicios Financieros, referido al control de tasas de interés, que  estará listo  hasta mediados de noviembre, según anunció hace poco el ministro de Economía, Luis Arce.
Se espera  que, tras la aprobación de esta norma,  los bancos otorguen mejores condiciones de financiamiento a sus clientes.

La nueva norma, que sustituye a la Ley de Bancos, fue promulgada el 21 de agosto y estipula que el Órgano Ejecutivo,  mediante decreto reglamentario,  fijará  las  tasas de interés activas para los créditos productivos y de  vivienda social. 
En el último caso, la regulación se hará para viviendas con un precio de 100 mil dólares, si son departamentos, y hasta 120 mil dólares, si se trata de  casas.
Según datos oficiales, hasta el primer semestre de este año el 30% de la cartera -la suma de los créditos- del sistema bancario, equivalente a 18.648 millones de bolivianos, estaba concentrado en el sector productivo; la manufactura recibió 11.683 millones de bolivianos, es decir, el 12,2% de la cartera, según una evaluación de la Cámara Nacional de Industrias.
También se  regularán por decreto  las tasas de interés que reciben los ahorristas -denominadas pasivas- por sus depósitos en cajas de ahorro y depósitos plazo fijo, entre otros.
Antes de que se promulgara la nueva norma financiera, las tasas activas y pasivas estaban sujetas a la libre oferta y demanda. Durante la discusión del proyecto de ley, éste fue uno de los puntos cuestionados por la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, el gremio bancario.
Además, se premiará a los clientes que tengan un buen historial crediticio  y también se definirán, mediante decreto, los niveles mínimos de cartera que las entidades financieras deberán destinar en forma obligatoria al sector  productivo.

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) aprobó hace poco una resolución que restringe los créditos de consumo a los asalariados y que obliga a las financieras a exigir más garantías y requisitos antes de dar este tipo de préstamos.