O crece la brecha de la desigualdad o se gestionan compromisos entre públicos y privados

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El mundo atraviesa un momento de profundos cambios tanto en cómo administrar la salud y la política que permita gestionar la economía hacía el crecimiento productivo. El modelo de desarrollo de APP.

olivia se encamina a un año conflictivo por las repercusiones primero del resultado de las elecciones subnacionales que han restado fuerza electoral al partido de Gobierno y por consiguiente las simpatías disminuidas al jefe de la organización, Evo Morales Ayma. Por otro lado, los signos de la reactivación económica no parecen evolucionar en la mesa de la negociación, restando este hecho aliento a la estabilidad y entendimiento entre los sectores involucrados en la recuperación del aparato productivo.

Los empresarios se quejan por la falta de estímulos y en todos sus balances presentan una perspectiva poco menos que sombría para la recuperación. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) por ejemplo, dice que el impacto de la crisis desatada por la covid-19 en el sector es casi dramática y será peor si no se toman iniciativas conjuntas entre el sector público y el privado. De acuerdo al balance general elaborado por esta institución que aglutina a más de 65 empresas, la caída de ingresos del sector alcanzó en 2019 el -2.27%. Ya en 2020 sus utilidades cayeron el -74.9%.

Se trata del peor comportamiento de los últimos 10 años. Los mismos datos señalan que el impacto se advierte en la composición orgánica de los tributos al fisco ya que estas empresas tienen capacidad de generar el 30% de las recaudaciones impositivas. Este hecho deviene en la reducción inevitable de ingresos al erario nacional. Los empresarios señalan que no ha habido aproximaciones con el Gobierno para definir alternativas de cómo enfrentar la crisis. Y si ha habido contactos, han sido esporádicos y estrictamente casuales, sin hacer hincapié en la recuperación económica.

Por separado, varios empresarios de la industria siguen advirtiendo lo que ya dijeron hace cinco meses sobre la falta de disposición del Gobierno para atender, diseñar estrategias y medir el impacto negativo del curso de la economía. Todo hace pensar que hay una falta de capacidad del Ejecutivo para tomar decisiones. Dat0s pudo comprobar este hecho. Los ministros no son autónomos, deben consultar al presidente cada decisión que toman, lo que ha tornado pesado y burocrático el funcionamiento del aparato estatal. “Hay conversaciones ineludibles que pasan meses sin respuesta, esto repercute desfavorablemente en acuerdos que deben servir y ser ágiles”, dicen los empresarios. Siempre en base a datos presentados por la CNI el PIB ha sufrido en 2020 una disminución de -11%; las ventas de la industria han decrecido -12% y las utilidades -84%. Si a este cuadro se suma la pérdida compulsiva de 70 000 empleos, los niveles de desocupación podrían generar la peor crisis de las últimas dos décadas. “Es indispensable llegar a acuerdos con el sector público”, reafirman los empresarios que son responsables por la generación de 650 000 fuentes de trabajo. La recuperación parece complicada si se considera que gran parte de la industria no ha vuelto a la normalidad. A este cuadro se suma otro aspecto no menos importante: el incremento del contrabando que debilita el frágil comportamiento de la industria nacional. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) destaca que esta actividad ilegal ha pasado de 1 000 millones de dólares en 1999 a 2 300 millones en el periodo 2017-19.

Qué pasa con la recuperación en la región

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha alertado que la fragilidad de las finanzas públicas frenará el desarrollo de la región en su conjunto. “Los riesgos económicos que enfrentan los países de ingreso medio y bajo, muchos de ellos en América Latina y el Caribe siguen siendo máximos”, destaca un informe de la organización. Alerta que una de cada tres naciones está en situación de “vulnerabilidad financiera”, de acuerdo a criterios de liquidez y solvencia. El mismo informe da cuenta que de 40 países que conforman América Latina y el Caribe, 14 son vulnerables y cinco están englobados en la categoría de mayor riesgo. Citan en esta situación a Venezuela, Argentina, Ecuador, Belice y Granada. Bolivia está en la categoría de países con deuda “altamente especulativa”. Esto significa que sus finanzas públicas están comprometidas hasta niveles inimaginables a los ojos del mundo rico.

En cuanto a los planes de asistencia otorgados por el FMI para paliar los efectos de la pandemia, el nuevo Gobierno de Bolivia decidió devolver un préstamo de algo más de 250 millones de dólares asumido por la administración transitoria que gobernó al país un año en medio de denuncias de que lo hizo a través de un golpe de Estado y de forma anticonstitucional. Esa discusión no acaba de cerrar una peligrosa brecha de enfrentamientos que han puesto en segundo plano la recuperación de la economía. Siempre de acuerdo a los organismos de cooperación, Bolivia está en el grupo que no tiene acceso a los mecanismos puestos en marcha por la comunidad internacional para aliviar su situación. “El riesgo no es tanto una cascada de defaults, sino que la falta de espacio fiscal impida una recuperación tras la crisis”. Bolivia está inmersa en “un revés histórico sobre sus niveles de desarrollo”. Sin embargo, a este lastre de dificultades se suman elementos positivos como la recuperación del precio de los metales y el boom del precio de los alimentos. Dos vertientes que atesoran las cuentas bolivianas.

La crisis es también de Gobernabilidad

Los organismos de asistencia como el Banco Mundial (BM) y la Unión Europea (UE) sostienen que la única manera de salir airosos de la crisis es a través de un entendimiento y alianzas entre el sector público y el privado. “Articular ese tipo de pactos ayudará a mantener el empleo y trazar un norte de disposición en conjunto, no por separado”, señalan sus representantes en La Paz. El sector privado es capaz de sostener niveles aceptables de empleo, tiene experiencia y requiere estímulos del Estado para inyectar recursos a la economía. Pero si este le da la espalda será difícil lograr metas de crecimiento.

Así planteado el escenario la crisis derivada del nuevo coronavirus es también una crisis de gobernabilidad. Lo que comenzó con las elecciones de 2019 derivó en una marcada polarización que han profundizado el abismo. Y si a este hecho se suma la emergencia sanitaria, independientemente de los niveles de desarrollo humano o preferencias políticas, sus consecuencias son duras para los más vulnerables. Segmentos grandes de la población en América Latina han aumentado su desconfianza hacia los gobiernos.

Mientras que la cura en lo individual es una vacuna, la solución a los impactos de la crisis y los problemas generados están relacionados con la política y la gobernabilidad. En primer, lugar las malas decisiones políticas y en segundo término la escasa inversión en salud pública y el papel del Estado. Nunca se había dedicado tanta atención a cómo los gobiernos se comportan, responden y brindan soluciones. Para la mayoría de las sociedades, ya no se trata de reactivación o recuperación, sino de reconstrucción. El mundo ha cambiado y, por lo tanto, las respuestas de gobernabilidad a la crisis deben ser diferentes si la expectativa es construir una “nueva normalidad mejorada”. Ha llegado el momento de que la gobernabilidad cambie las reglas del juego para reducir la desigualdad y generar igualdad de oportunidades para todos. Esto se da en un momento coyuntural donde se están profundizando las desigualdades existentes y creando nuevas, se está exponiendo asimetrías y debilidades en los sistemas sociales, políticos, fiscales y económicos.