El Gobierno decidió congelar el contrato de 10,9 millones de dólares que firmó el gobierno de Evo Morales con la empresa colombiana  Heinsohn Business Technology, que desarrolla el nuevo software para la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, pese a que en 2017 ya había suscrito otro, por 5,1 millones de dólares, con la panameña Sysde, para que haga el mismo trabajo.

“Por medio de la presente acusamos recibo de su nota con Cite: GP/GG/RPCD/EX/198/2019 (…), nos damos por notificados de su decisión de suspensión temporal de la provisión del bien”, dice la nota de respuesta de Heinsohn a la Gestora Pública, dependiente del Ministerio de Economía.

Asimismo, la empresa le comunicó a la institución estatal que hasta la fecha de suspensión del contrato (13 de noviembre de 2019) ya se habían iniciado trabajos de desarrollo del software, constitución y entrega de la garantía de cumplimiento, kickoff (inicio) del proyecto, actividades de gerencia, lectura y análisis de la información entregada por la Gestora, inicio de actividades de especificación funcional y la constitución y entrega de la garantía de inversión.

De acuerdo con la nota, la suspensión fue solicitada por la Gestora en virtud de la cláusula vigésimo quinta del contrato suscrito el 23 de octubre, tres días después de las elecciones.

La nota especifica que la suspensión durará 15 días calendario o hasta la comunicación formal de la Gestora, entendiéndose que esta medida tendrá efectos de prórroga de plazos, tanto en las entregas parciales como en la entrega final del bien.

Aunque no se mencionan las causas de la suspensión del contrato, el último párrafo de la respuesta de la empresa señala que  espera de que   “la paz y la normalidad retorne pronto a Bolivia, a fin de que el presente contrato llegue a buen término”.

El contrato suscrito el 23 de octubre tiene un plazo de 32 meses, 20 para el desarrollo y puesta en producción; seis meses de acompañamiento, y una cantidad similar para la entrega.

Dos contratos millonarios

El monto a pagar por el Estado a Heinsohn, para el desarrollo y puesta en marcha del software, es de 10,9 millones de dólares, más del doble por lo que la Gestora contrató a la empresa panameña Sysde International para realizar el mismo trabajo.

En 2017, el Gobierno suscribió un contrato con Sysde  para la provisión del software de la Gestora, así como la migración de datos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Previsión y Futuro de Bolivia  por un monto de 5,1 millones de dólares. Sin embargo, luego de al menos dos prórrogas, el acuerdo con la firma fue rescindido.

Retraso del software

La Gestora Pública debía iniciar sus operaciones en marzo pasado, luego de que su inauguración fue suspendida en dos ocasiones (en 2016 y 2017). Al final, la fecha de inicio de actividades fue pospuesta para septiembre de la gestión 2021.

En su momento, el exministro de Economía  Luis Arce Catacora  indicó que los retrasos se debían a que  Sysde International no pudo cumplir con los plazos establecidos en el contrato.

“De los 83 productos de software comprometidos por Sysde, sólo 28 productos fueron entregados a satisfacción y faltan por entregar 55 productos que tienen que ver con el sistema de gestión y no sólo con la base de datos”, señaló la exautoridad.

Como responsable de la cartera de Economía, Arce autorizó la contratación de las dos firmas, en diferentes periodos, con contratos que juntos suman 16 millones de dólares. Después de presentar su renuncia, la exautoridad recibió ayer su salvoconducto para abandonar el país.

De acuerdo con los datos entregados por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), el universo de los asegurados al sistema integral de pensiones nacional llega a 2,2 millones de personas, una cifra que representa 925 millones de registros.

La implementación de la  Gestora Pública

• Creación La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo fue creada por la Ley de Pensiones 065 del 10 de diciembre de 2010, pero sus estatutos recién fueron establecidos el 15 de enero de 2015, con el Decreto Supremo 2248.
• Retrasos En principio, la Gestora debía iniciar sus operaciones en junio de 2016; sin embargo, su inauguración fue postergada en tres oportunidades; la primera  por 15 meses hasta  el 15 de  septiembre de 2017, la segunda hasta el  20 de marzo de 2019 y, la tercera, hasta septiembre de 2021.
• Críticas Desde su creación, la Gestora fue criticada por el alto volumen de gastos en los que incurrió, incluso antes de su puesta en marcha. Por ejemplo, se destinaron 5,1 millones de dólares para el desarrollo del software  y se contrataron a tres consultores por 104.000 bolivianos mensuales.