Alarma y conmoción en Chile por atentado en estación de metro

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Al menos 14 personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, tras una explosión en un restaurante de comida rápida ubicado en una estación del metro en la capital de Chile, Santiago.

El gobierno de Michelle Bachelet calificó el hecho como un “acto terrorista” y dijo que aplicará la ley antiterrorista contra los responsables.

La mandataria convocó al Consejo de Seguridad para el martes para analizar los pasos a seguir.

El hecho ocurrió a primera hora de la tarde en la estación de metro Escuela Militar, una de las más concurridas de Santiago.

Los medios locales informaron que una de las víctimas es de nacionalidad venezolana, aunque previamente habían dicho que era argentino.

Sospechosos

El director de Comunicaciones de la Fiscalía Nacional de Chile, Boris Bezama, dijo a BBC Mundo que las autoridades investigan a dos posibles sospechosos, que fueron captados por cámaras de seguridad cuando viajaban en un automóvil.

El funcionario dijo que aún no se ha podido establecer quiénes son los autores ni si este ataque está relacionado con una serie de “bombazos” que causaron daños materiales en distintos lugares públicos en los últimos meses.

Según la periodista Paula Molina, esos atentados tuvieron características muy diferentes al de este lunes, ya que por lo general ocurrieron de noche y no causaron heridos.

Molina dijo a BBC Mundo que los chilenos reaccionaron con alarma y conmoción ante la magnitud de esta nueva explosión.

No obstante, dijo que los habitantes de la capital seguramente continúen utilizando el metro (que opera con normalidad), ya que muchos no tendrán otra alternativa para regresar a sus hogares tras la jornada laboral.

Bombazos

Las autoridades investigan si este hecho tiene relación con una serie de atentados con explosivos que causaron preocupación en los últimos meses, y que se conocen en el país como “bombazos”.

En lo que va del año, al menos una veintena de bombas de baja intensidad fueron colocadas en diversos lugares públicos como el metro, una iglesia y un jardín de infantes. Sin embargo, hasta ahora no habían causado heridos.

Muchos de los artefactos incluso no llegaron a explotar.

Sin embargo, la fiscalía cree que el explosivo utilizado este lunes podría tener similitudes al usado en otro ataque en el metro, que ocurrió de noche, cuando la estación estaba casi vacía, y por eso no dejó víctimas.

Hasta ahora la policía no ha logrado identificar quién provocó los “bombazos” ni por qué, ya que los autores no dejaron indicios.

Grupos antisistema

La Fiscalía Nacional y muchos medios chilenos atribuyen los ataques a grupos antisistema y anarquistas pero se desconoce con exactitud cuántos serían.

Mientras que la fiscalía habla de unos 15, el gobierno señala que podrían ser más.

Algunos analistas también especulan con la posibilidad de que los autores sean extranjeros.

Pese a que en los últimos años Chile no se caracterizó por sufrir de violencia política al mismo grado que en otros países latinoamericanos, la percepción en amplios sectores de la ciudadanía es de preocupación.

Una encuesta publicada a mediados de agosto por la Universidad Central de Chile (Ucen), Imaginacción y Radio Cooperativa señaló que el 68,2% de los chilenos tiene miedo de sufrir un atentado.

Algunos también temen que estos atentados puedan afectar la imagen internacional del país, considerado uno de los más seguros y estables de América Latina.

Así lo admitió hace algunos días el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien declaró que el gobierno estaba “preocupado” por la imagen del país luego de que Estados Unidos, Canadá, Australia, Bélgica y el Reino Unido alertaran sobre estos ataques a los ciudadanos que viajen a Chile.

“Chile es un país que se puede visitar con tranquilidad, un país en que el esfuerzo en materia de seguridad es amplio”, aseguró el ministro.

El gobierno anunció que “no descansará” hasta dar con los responsables del ataque de este lunes.

Además, anticipó que juzgará a los sospechosos bajo la ley antiterrorista, una polémica norma que nació bajo el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), y que hasta ahora había sido usada para castigar acciones violentas de indígenas mapuches radicales en el sur del país.