Argentina condena a exfuncionarios pero absuelve a Menen en el caso del atentado terrorista de 1994

Este jueves una corte argentina condenó a dos altos exfuncionarios del gobierno por obstruir una investigación del ataque terrorista de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, un centro comunitario judío en Buenos Aires. Es la primera vez que funcionarios de alto rango han sido responsabilizados penalmente en el caso.

El ataque suicida, el peor caso de terrorismo en la historia del país y una de las agresiones antisemitas más mortíferas desde la Segunda Guerra Mundial, ocasionó el fallecimiento de 85 personas y más de 300 heridos.

En total, la corte sentenció a ocho personas acusadas de encubrimiento, entre ellas un exjuez federal y al antiguo líder de los servicios de inteligencia, pero absolvió a otros cinco indiciados, entre ellos el expresidente Carlos Menem. Los familiares de las víctimas, que consideraban el enjuiciamiento como una oportunidad de conseguir justicia, expresaron su decepción ante la absolución de Menem, de 88 años. También indicaron que lamentaban que el juicio no hubiera aclarado las preguntas que 25 años después del ataque todavía persisten: ¿Quién lo cometió y por qué?

Los defensores de las víctimas dijeron que la causa, que empezó en 2015, había mostrado cuán disfuncional y politizado estuvo el sistema argentino de justicia durante las últimas décadas.

“En estos 25 años que pasaron esta causa ha sido usada y abusada constantemente para determinados fines, pero jamás fue utilizada para que nos den la verdad y justicia a los familiares”, dijo Diana Malamud, de 59 años y miembro de Memoria Activa, un grupo que ha trabajado para lograr que los fiscales investiguen las acusaciones de encubrimiento. “Lo increíble es que todavía no sepamos absolutamente nada”, agregó Malamud, cuyo esposo Andrés murió en el ataque.

Sin embargo, algunas personas consideran que los veredictos son un avance. “Lo cierto es que aun de manera muy limitada esta sentencia mostró que hay responsabilidad de los funcionarios de primera plana del gobierno de entonces”, dijo Laura Ginsberg, de 60 años, cuyo esposo José Enrique Ginsberg murió en el ataque.

Los fiscales habían pedido a la corte que sentenciara a Menem a seis años, diciendo que había presionado a Juan José Galeano, el juez que originalmente supervisó la investigación y a los fiscales de ese entonces para que dejaran de investigar la posible complicidad en el ataque de Alberto Jacinto Kanoore Edul, un argentino de ascendencia siria. Kanoore ha negado cualquier vinculación con el caso.

Una teoría es que el ataque fue un acto de venganza: Menem, quien también es de ascendencia siria y tenía lazos con Siria antes de convertirse en presidente, canceló un negocio de armas con Damasco después de que fue electo.

Menem rechazó dar una declaración de cierre antes de que se leyera el veredicto, como también lo hizo Hugo Anzorreguy, el exjefe de inteligencia, quien fue sentenciado a cuatro años y medio de prisión. El ex subsecretario de inteligencia, Juan Carlos Anchezar, deberá cumplir tres años de encarcelamiento.

El exjuez Galeano fue condenado a seis años, la sentencia más larga que se haya adjudicado en este caso. Se le encontró culpable de obstaculizar la investigación.

Los fiscales habían acusado a Galeano de formar parte en un complot para pagarle a un acusado 400.000 dólares provenientes de los fondos públicos con el fin de implicar a un grupo de policías de Buenos Aires en el atentado. También argumentaron que, a instancias de Menem, evitó investigar el posible rol de Kanoore en el ataque. En Argentina, los jueces también desempeñan el papel de investigadores en los procesos criminales.

El hombre que recibió el soborno, Carlos Telleldín, recibió una sentencia de tres años y medio de prisión. Los condenados pueden apelar a sus sentencias.

El lunes, Galeano negó furiosamente las acusaciones en su contra y se presentó como la víctima de un complot político, insistiendo en que había cometido “errores” pero no delitos.

Como juez, Galeano supervisó la investigación que terminó con la exoneración en 2004 de varios oficiales de policía involucrados en el ataque. Fue impugnado un año después.