Corte Suprema de Colorado prohibe participar en las elecciones a Donald Trump

El Tribunal Supremo de Colorado (EE. UU.) declaró este martes 19 de diciembre al expresidente Donald Trump inelegible para la Casa Blanca por su rol en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, en virtud de la cláusula de insurrección de la Constitución de Estados Unidos. Además lo retiró de la papeleta de las primarias presidenciales del estado de 2024, lo que establece un probable enfrentamiento en el más alto tribunal de la nación para decidir si el favorito para la nominación del Partido Republicano puede permanecer en la carrera.

En un fallo sin precedentes en la historia de Estados Unidos, los magistrados apelaron a la Enmienda 14 de la Constitución, que prohíbe a personas que han participado en una insurrección ocupar un cargo de elección popular.

La decisión del tribunal del estado de Colorado, cuyos jueces fueron todos nombrados por gobernadores demócratas, marca la primera vez en la historia que la Sección 3 de la Enmienda 14 se ha utilizado para descalificar a un candidato presidencial.

El máximo tribunal de Colorado revocó el fallo de un juez de distrito que consideró que Trump incitó a una insurrección por su papel en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, pero no que estuviese inhabilitado para participar en los comicios, un fallo que fue recurrido.

“No llegamos a estas conclusiones a la ligera”, escribió la mayoría del tribunal. “Somos conscientes de la magnitud y el peso de las cuestiones que tenemos ante nosotros. También somos conscientes de nuestro solemne deber de aplicar la ley, sin temor ni favoritismo, y sin dejarnos influir por la reacción pública a las decisiones que la ley nos obliga a tomar”.

Los abogados de Trump habían prometido apelar inmediatamente cualquier inhabilitación ante el máximo tribunal del país, que tiene la última palabra sobre asuntos constitucionales.

“El Tribunal Supremo de Colorado emitió una decisión completamente errónea esta noche y presentaremos rápidamente una apelación ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos y una solicitud concurrente de suspensión de esta decisión profundamente antidemocrática”, dijo el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, en un comunicado el martes.

Un posible ‘efecto domino’

Trump perdió Colorado por 13 puntos porcentuales en 2020 y no necesitaría ese estado para ganar las elecciones presidenciales del próximo año. Pero el peligro para el expresidente es que más tribunales y funcionarios electorales sigan el ejemplo de Colorado y excluyan a Trump en otros estados.

Las autoridades de Colorado dicen que la cuestión debe resolverse antes del 5 de enero, fecha límite para que el estado imprima sus papeletas de las primarias presidenciales.

Se han presentado decenas de demandas en todo el país para descalificar a Trump en virtud de la Sección 3, que se diseñó para impedir que antiguos confederados volvieran al gobierno tras la Guerra Civil.  La sección prohíbe el acceso al cargo a cualquier persona que juró “apoyar” la Constitución y luego “participó en insurrección o rebelión” contra ella, y solo se ha utilizado un puñado de veces desde la década posterior a la Guerra Civil.

La sentencia de Colorado contrasta con la del Tribunal Supremo de Minesota, que el mes pasado decidió que los partidos pueden incluir a quien quieran en su papeleta de las primarias. De esa forma, desestimó usar la la Sección 3, pero dijo que los demandantes podían volver a intentarlo durante las elecciones generales.

En otro caso relacionado con la Enmienda 14, un juez de Michigan dictaminó que el Congreso, y no el poder judicial, debe decidir si Trump puede permanecer en la papeleta electoral. Ese fallo está siendo apelado.

El grupo liberal que está detrás de estos casos, Free Speech For People (Libertad de Expresión para el Pueblo), también presentó otra demanda en Oregon con el objetivo de retirar a Trump de la papeleta electoral. El caso de Colorado fue presentado por otro grupo liberal: Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington.

Ambos grupos están financiados por donantes liberales que también apoyan al presidente Joe Biden. Trump ha culpado al presidente de las demandas contra él, a pesar de que Biden no tiene ningún papel en ellas, diciendo que su rival está “desfigurando la Constitución” para intentar acabar con su campaña.

Desacuerdos técnicos

El caso de Colorado es el primero en el que los demandantes han tenido éxito. Tras una audiencia de una semana en noviembre, la juez de distrito Sarah B. Wallace consideró que Trump había “participado en una insurrección” al incitar al ataque del 6 de enero contra el Capitolio, y su decisión de mantenerlo en la papeleta fue bastante técnica.

Los abogados de Trump convencieron a Wallace de que, dado que el texto de la Sección 3 se refiere a los “funcionarios de Estados Unidos” que juran “apoyar” la Constitución, no debe aplicarse al presidente, que no figura como “funcionario de Estados Unidos” en ninguna otra parte del documento y cuyo juramento es “preservar, proteger y defender” la Constitución.

La disposición también dice que los cargos cubiertos incluyen senador, representante, electores del presidente y vicepresidente, y todos los demás “bajo los Estados Unidos”, pero no nombra a la Presidencia.

El más alto tribunal del estado no estuvo de acuerdo y se puso del lado de los abogados de seis votantes republicanos y no afiliados de Colorado que argumentaron que no tenía sentido imaginar que los autores de la enmienda, temerosos de que los antiguos confederados volvieran al poder, les prohibieran ocupar cargos de bajo nivel pero no el más alto del país.

“Sería como decir que un rebelde que se levantó en armas contra el Gobierno no puede ser alguacil del condado, pero sí presidente”, dijo el abogado Jason Murray en los argumentos ante el tribunal a principios de diciembre.

Los abogados de Trump argumentaron sin éxito que los redactores de la enmienda esperaban que el Colegio Electoral impidiera que antiguos insurrectos se convirtieran en presidentes.

También habían instado al alto tribunal de Colorado a que revocara la sentencia de Wallace según la cual Trump incitó al ataque del 6 de enero. Sus abogados argumentaron que el entonces presidente simplemente había hecho uso de su derecho a la libertad de expresión y no había llamado a la violencia. El abogado de Trump, Scott Gessler, también argumentó que el ataque fue más un “disturbio” que una insurrección.

Eso se encontró con el escepticismo de varios de los jueces.

“¿Por qué no basta con que una turba violenta irrumpiera en el Capitolio cuando el Congreso estaba desempeñando una función constitucional esencial?”. dijo el juez William W. Hood III durante los argumentos del 6 de diciembre. “En cierto modo, eso parece un ejemplo de insurrección”.

Las consecuencias de la insurrección en el Capitolio

En el fallo emitido el martes, la mayoría del tribunal desestimó los argumentos de que Trump no era responsable del violento ataque de sus partidarios, que pretendía detener la certificación de la votación presidencial por parte del Congreso: “El presidente Trump pronunció entonces un discurso en el que literalmente exhortó a sus partidarios a luchar en el Capitolio”, escribieron.

Los jueces del Tribunal Supremo de Colorado Richard L. Gabriel, Melissa Hart, William W. Hood III y Mónica Márquez fallaron a favor de los demandantes. El presidente del Tribunal Supremo, Brian D. Boatright, disintió, argumentando que las cuestiones constitucionales eran demasiado complejas para ser resueltas en una audiencia estatal. Los jueces Maria E. Berkenkotter y Carlos Samour también disintieron.

“Nuestro gobierno no puede privar a nadie del derecho a ocupar un cargo público sin el debido proceso legal”, escribió Samour en su voto particular. “Incluso si estamos convencidos de que un candidato cometió actos horribles en el pasado -me atrevería a decir que participó en una insurrección- debe haber un debido proceso procesal antes de que podamos declarar a ese individuo inhabilitado para ocupar un cargo público”.

Colorado celebrará sus primarias presidenciales el próximo 5 de marzo, en el conocido Supermartes, una fecha clave en la que votarán 16 estados y que puede definir la contienda.