El exdirector de Odebrecht en Perú confirma pagos a las campañas de cuatro expresidentes

La investigación de las ramificaciones del caso Odebrecht en Perú ha dado un paso más con las declaraciones del exdirector ejecutivo de la constructora brasileña en el país andino. El equipo de fiscales encargado de dilucidar el escándalo de sobornos millonarios que ha hecho temblar a los Gobiernos de América Latina se trasladó a la ciudad de Curitiba (Brasil) para interrogar a Jorge Barata. El antiguo directivo confirmó que la compañía destinó fondos de la contabilidad paralela a las campañas electorales de los expresidentes peruanos Alan García (2006), Ollanta Humala (2011) y Pedro Pablo Kuczynski (2016). García se suicidó la semana pasada cuando iba a ser detenido por su implicación en la trama, Humala ya ha pisado la cárcel y Kuczynski se encuentra en una clínica privada por una afección cardíaca a la espera de cumplir tres años de prisión preventiva.

Esos pagos engrasaron, según el testimonio de Barata, también la maquinaria electoral de Alejandro Toledo, cuando este ya había dejado la Presidencia y se disponía disputar de nuevo el poder en 2011, a la excandidata presidencial Lourdes Flores (2006 y 2010) y de la líder opositora Keiko Fujimori (2011), que también está privada de libertad. El exejecutivo corroboró además la aportación de tres millones de dólares a la campaña publicitaria para evitar la destitución de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, en 2013. En la sesión de este miércoles detalló que la constructora pagó sobornos a García a través de un testaferro para garantizar la obtención de concesiones de obras públicas y que pagó a Toledo 27 millones de dólares, hasta 2011, cuatro años después de haber dejado el Gobierno. Una parte fue a su campaña electoral, detalló a EL PAÍS una fuente que participó en la diligencia.

Las declaraciones de Barata se deben a un acuerdo de colaboración firmado el pasado 14 de febrero por la empresa con los fiscales y la Procuraduría ad hoc para el caso Odebrecht. La compañía reconoce que pagó sobornos para obtener la concesión de cuatro obras públicas y se compromete al pago de una reparación civil a cambio de que sus extrabajadores brasileños no sean procesados en la justicia peruana, pues ya enfrentan cargos en su país.

La reparación por esos delitos asciende a más de 183 millones de dólares, aunque Odebrecht se ha comprometido a pagar en total cerca de 228 millones de dólares, sumando intereses y una deuda tributaria pendiente. Si los fiscales del denominado Equipo Especial Lava Jato descubrieran que la compañía pagó sobornos para lograr la concesión de otras obras públicas, tendrían que negociar nuevas compensaciones.

La principal revelación de Barata guarda relación con Alan García. La Fiscalía le investigaba al expresidente desde marzo de 2017 por tráfico de influencias en la adjudicación de la obra de la línea 1 del Metro de Lima, pero en noviembre sumó a las pesquisas los cargos de lavado de dinero y colusión. En ese mes, los investigadores encontraron las pruebas de que Odebrecht pagó 100.000 dólares procedentes de su caja B al ex jefe de Estado, triangulando la operación financiera a través de un abogado brasileño en São Paulo. Días antes del suicidio, los fiscales hallaron la evidencia de que el exsecretario de la Presidencia en el segundo gobierno de García, Luis Nava, había recibido más de cuatro millones de dólares procedentes de la contabilidad paralela de la constructora.

Parte del dinero se lo transfirió Miguel Atala, a quien Odebrecht le hizo depósitos por 1.3 millones de dólares en una cuenta de la Banca D’Andorra, según reveló EL PAÍS en 2017. “Atala fue como Maiman”, dijo Barata este miércoles, en referencia a Yosef, empresario peruano que operó como testaferro de Alejandro Toledo, según fuentes consultadas por EL PAÍS. Según el diario El Comercio, el exejecutivo aseguró que Nava y Atala “eran los Maiman de García”. Yosef Maiman es el empresario peruano-israelí que ha reconocido ante los fiscales peruanos que recibió de Odebrecht más de 17 millones en sus cuentas bancarias para transferirlos al expresidente Toledo, quien está investigado por los sobornos que recibió para garantizarle a la constructora la Carretera Interoceánica Sur. Perú ha pedido en mayo de 2018 a Estados Unidos la extradición del exmandatario que gobernó el país sudamericano entre 2001 y 2006. En mayo de 2017 un juez emitió una orden de captura.

Mientras continúan las investigaciones de la trama de corrupción de Odebrecht en Perú, siguen en prisión preventiva Keiko Fujimori y Kuczynski. Otras ocho personas del entorno de García, entre ellos Nava y Atala tienen arresto preliminar desde el miércoles pasado. El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, anunció el lunes que “el señor Barata se ha comprometido a entregar más de 4.000 folios de documentación del sistema MyWebDay y Drousys donde se detallan los pagos y la ruta del dinero”.

Lucha anticorrupción

A raíz del suicidio de García, congresistas y exministros afines a los expresidentes y políticos investigados se manifestaron contra la prisión preventiva por 36 meses alegando que es un abuso. A la crítica se han sumado el actual presidente, Martín Vizcarra, y el primer ministro, Salvador del Solar, quien opina que una medida excepcional se ha convertido en “moneda corriente”. Vizcarra ha añadido que los juicios deben ser más cortos.

Según cifras de enero del Instituto Nacional Penitenciario, solo el 0,9% de la población penal está presa por corrupción. De los investigados por ese delito, dos de cada 100 están detenidos.

El debate sobre el plazo que tardan las investigaciones y los juicios ha obligado al Ministerio Público a aclarar que el Ministerio de Economía no le permite contratar nuevos fiscales. “Existe una disposición en la Ley del Presupuesto 2019 que impide al titular del Ministerio Público la creación de plazas para nombrar fiscales a nivel nacional, lo que no permite una lucha eficaz contra la corrupción y la delincuencia común”, refiere en un comunicado difundido el lunes.