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La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) es parte de la investigación de 200.000 páginas de “pruebas” de la justicia de los Estados Unidos. Altos dirigentes de la Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA) son perseguidos por administrar un sistema de corrupción de cientos de millones de dólares

Algo en común tienen los dirigentes que ocupan altos puestos en el fútbol mundial: terminan fomentando una corrupción millonaria; se inician relativamente jóvenes y no dejan sus puestos por nada del mundo ya pasados los años. Las canas se convierten en un aliciente porque sus cargos duran décadas. Joseph Blatter renunció inducido por un escándalo y bajo presiones políticas insospechadas. Solo así se irá en diciembre presagiando vientos de cambio. Pero lo cierto es que la FIFA seguirá siendo una dinastía octogenaria en los países donde el fútbol es el deporte preferido de todos. Las autoridades del fútbol también tienen en común los escándalos. Recientemente, en la Argentina, cuya fama por el fútbol es innegable, se suscitó un problema de dimensiones continentales cuando en el intervalo del clásico argentino River – Boca por la copa Libertadores un par de hinchas desadaptados arrojó gas pimienta a los jugadores de River Plate obligando a suspender el compromiso.

Esa imagen bochornosa es un ejemplo del delirio por el fútbol en las tribunas y de un juego de intereses que representa enormes ganancias corruptas para los que están detrás del espectáculo. Hay temas más de fondo que apelar al fanatismo. En octubre el fútbol argentino celebrará elecciones para elegir a su nuevo presidente. Un cargo de tanta importancia, claro, amarra además intereses políticos corporativos de figuras asociadas al poder de turno. Se comenta que el showman Marcelo Tinelli quiere el puesto y que la presidenta Cristina Fernández se lo concederá por fracciones de apoyo a su esquema continuista que se niega a dejar.

Es un ejemplo palpable de las influencias del fútbol en cada país. Así podrían repetirse otros ejemplos. En el último mundial disputado en Brasil, el empresario Raymond Whelan que proveía pasajes, hospedajes y servicios informáticos por varios millones a la FIFA fue detenido con fines de investigación por la reventa fraudulenta de entradas de los partidos finales de la Copa del Mundo. Luego se supo que el detenido era pariente en tercer grado de Joseph Blatter. Esa imagen de policías arrestando huéspedes corruptos en el lobby de un hotel de lujo en Rio de Janeiro se repitió el miércoles 27 de mayo en Zürich, Suiza.

La gota que rebalsó el vaso fue la investigación confiada por la FIFA al ex procurador del distrito sur de Nueva York, Michael J. García, para determinar si hubo corrupción en la atribución del mundial de Qatar. Su nombre fue sugerido a la FIFA por Interpol y la contratación se hizo a través del gabinete privado Kirkland & Ellis, basado en Chicago, que le ofreció un contrato de US $6 millones por dos años de trabajo. Apoyado en 200.000 páginas de “pruebas”, García entregó su informe el 5 de septiembre al comité de ética, presidido por el alemán Hans-Joachim Eckert. La investigación de García ni siquiera cubre las anomalías sobre las atribuciones de los mundiales de 2018 y 2022 ni la derrota de la candidatura de los Estados Unidos frente a Qatar (por 14 votos contra 8). Esos temas fueron tratados en dos investigaciones anexas realizadas a partir de octubre del 2013 por el abogado suizo Cornel Borbely, vicepresidente de la Cámara de Instrucciones helvética, que interrogó a los miembros del Comité Ejecutivo implicados en la atribución de los mundiales, incluyendo a Michel Platini.

Ha trascendido que Platini, actual presidente de la UEFA, está sospechado de haber “operado” a favor de Qatar. La prueba, según una denuncia del diario Daily Telegraph, de Londres, es su participación en un desayuno organizado en el Palacio del Elíseo por iniciativa del entonces presidente francés Nicolas Sarkozy pocos días antes de la votación para definir las atribuciones. En torno de la mesa estaban el emir de Qatar, Hamad bin Jalifa al-Thani, su primer ministro y el presidente de la federación qatarí de fútbol, Mohamed Ben Hammam, que fue luego acusado de haber distribuido US $5 millones entre miembros de la FIFA.

La investigación que incluye las conexiones Latinoamericanas

Basada en el resultado del informe de los dos abogados, la juez general de los Estados Unidos Loretta Lynch instruyó la orden de captura contra 14 dirigentes del fútbol implicados en una millonaria corrupción en torno a actividades ilícitas vinculadas a apuestas -y, en especial, a partidos arreglados para favorecer apostadores clave- y sobornos en concesiones de televisación. Fuentes cercanas a la investigación afirman que, en los últimos tiempos, habrían cambiado de manos, a modo de “retornos”, unos US $150 millones que aceitearon los engranajes para que ciertos medios obtuvieran coberturas convenientes de algunos campeonatos y partidos.

La fiscal norteamericana  presentó cargos por fraude, asociación delictiva y blanqueo de capitales; sobornos y comisiones de representantes de medios y firmas de promoción deportivas desde principios de los noventa hasta la actualidad. En una de las páginas de la investigación de la fiscal norteamericana, figuraría nada menos que el nombre del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) Carlos Chávez quien habría recibido una parte de ese dinero negro. Tan serio el caso que se cree que no sobrevivirá a las denuncias. La fiscalía ha asignado personal “especializado” con el fin de encontrar anomalías que definan la apertura de un proceso.

La investigación señala que el dinero que alimento las cuentas de los dirigentes latinoamericanos salió de la empresa Datisa para las 10 asociaciones que aglutina la Conmebol. Datisa, acusada de pagar coimas a directivos de la FIFA, es la dueña de los derechos de televisación del Mundial y de la Copa América. El soborno se habría realizado por los derechos de transmisión y marketing por la Copa América en Chile 2015 y la de los Estados Unidos en 2016. El informe también incluye al Grupo Clarín como socia en partes iguales con la empresa Torneos y Competencias a través de la señal de cable TyC Sports, cuya conexión oficial con el Gobierno argentino viene del contrato de la empresa para la producción del “Fútbol para Todos”.

De acuerdo con el informe, ahora se sabe que los directivos de las asociaciones del fútbol latinoamericano habrían cobrado de la siguiente manera: US $15 millones para el entonces presidente de la Conmebol, el uruguayo Eugenio Figueredo; la misma suma para los dirigentes de las asociaciones del fútbol argentino Julio Grondona y para José María Marín de la Confederación Brasileña de Fútbol (CFB). Mientras que los presidentes de las federaciones de fútbol de Paraguay, Juan Ángel Napout; de Perú, Manuel Burga; de Bolivia, Carlos Alberto Chávez; de Chile, Sergio Jadue; de Ecuador, Luis Chiriboga; de Colombia, Luis Bedoya; y de Venezuela, Rafael Esquivel, habrían cobrado US $7.5 millones cada uno.

Tras la denuncia de sobornos en la FIFA y por orden de Interpol, la Policía Federal Argentina allanó las oficinas la productora de televisión Torneos y Competencias, cuyo CEO y accionista, Alejandro Burzaco, se encuentra con pedido de captura internacional, involucrado en este escándalo. Burzaco, hombre fuerte en el negocio del fútbol local, gestó su poder de la mano de Julio Grondona y en las sombras se convirtió en un nexo clave entre dos enemigos aparentemente irreconciliables: el Grupo Clarín y el Gobierno argentino. Burzaco tiene negocios con ambos y es el dueño de las transmisiones deportivas locales y de Latinoamérica.

Las repercusiones políticas al otro lado del mapa

El presidente ruso Vladimir Putin salió a decir que el operativo que determinó la detención por corrupción de los 14 dirigentes del fútbol en Zürich era un complot para boicotear la elección de la sede del Mundial de Fútbol que se celebrará en Rusia. “Es otro claro intento por parte de EEUU para extender su jurisdicción a otros estados”, dijo Putin. El líder ruso fue más allá. Citando el caso de Edward Snowden y Julian Assange, disparó que EEUU utilizó el pretexto de la aplicación de la ley para seguir su propio plan.

El primer ministro británico, David Cameron, dijo que creía que Blatter debería renunciar. El ministro de Relaciones Exteriores francés, Laurent Fabius, dijo que la votación para escoger al presidente de la FIFA debería ser retrasada, mientras que el ministro de Deportes del Reino Unido, John Whittingdale, selaló que “un cambio en el liderazgo de la FIFA es urgentemente necesario.” Michael Platini, que ocupa por años de años un cargo directivo en la UEFA, declaró: “le pedí que dimitiera: basta es basta, Sepp”, habría dicho Platini. “Él me escuchó, pero me dijo que era demasiado tarde”.

“Realmente la Copa del Mundo es un fraude y hoy estamos enseñando una tarjeta roja a la FIFA”, dijo Richard Weber, jefe de investigación criminal. Las autoridades suizas anunciaron la apertura de una investigación criminal por “mala gestión y de blanqueo de capitales en relación con la asignación del Mundial de Fútbol de 2018 y 2022. Analistas dicen que la FIFA “ha creado sus propia ley, ha crecido demasiado y la cantidad de dinero que maneja es muy grande”.

Los patrocinadores de la FIFA también han reaccionado a las detenciones, algunos de una manera más fuerte de lo esperado. Visa fue el más honesto. “Es importante que la FIFA haga cambios ahora porque el foco estará puesto en ellos durante mucho tiempo. En caso de que la FIFA no lo haga, vamos a reconsiderar nuestro patrocinio”. Coca-Cola dijo: “esta larga controversia ha empañado la misión y los ideales de la Copa Mundial de la FIFA”, mientras que Adidas -el patrocinador más antiguo de la FIFA- dijo que quería instar a la organización de fútbol a “establecer normas y cumplirlas de forma transparente”.

La controversia en torno a las acciones de la FIFA y la corrupción endémica en el seno de la organización llenó los titulares de la prensa mundial ya en noviembre del año pasado, después de que se designara como erróneo un informe publicado por la FIFA que acusaba a Rusia y Qatar de violar principales bases de la licitación. El propio abogado que llevó la investigación se desdijo de su informe inicial y lo calificó como defectuoso. Ese abogado, apeló la resolución de la FIFA y en aquel momento agregó: “La decisión tomada por el presidente del órgano contiene numerosas representaciones incompletas y erróneas de los hechos y las conclusiones que se detallan en el informe del órgano de instrucción”.

Nuevos escándalos. Las deplorables condiciones de los obreros en Qatar

Qatar será el escenario de la Copa Mundial de fútbol del 2022 y el pequeño país del Golfo Pérsico está en el ojo del huracán. Además del debate por el clima qatarí, tan extremo como inadecuado para la práctica del fútbol, las condiciones laborales de los obreros que trabajan en la construcción de sus estadios e infraestructuras han sido denunciadas reiteradamente por la comunidad internacional.

El Gobierno qatarí ha reaccionado a las críticas y ha anunciado que el sistema de empleo que se utiliza con los trabajadores extranjeros, llamado ‘kafala‘ y asimilado a poco menos que una esclavitud moderna, podría ser abolido a finales del 2015. El ‘kafala‘ usado en todos los países del Golfo excepto Irak, ha sido condenado por la comunidad internacional en reiteradas ocasiones. Las organizaciones pro Derechos Humanos y una multitud de medios han documentado ampliamente los abusos sistemáticos a los que son sometidos los obreros extranjeros en Qatar, uno de los países más ricos del mundo.

Muchos de los 1,4 millones de trabajadores inmigrados de Qatar -que suman el 99% de la fuerza de trabajo del sector privado del emirato- viven en condiciones insalubres, sin aire acondicionado y sin agua potable. Muchas veces se ven obligados a trabajar más horas de las reglamentarias en entornos con temperaturas cercanas a los 40º y el pago de los salarios se puede retrasar meses.

Una investigación del periódico británico The Guardian reveló que durante el año 2014 había muerto un trabajador cada dos días en Qatar debido a paros cardiacos, ataques al corazón y accidentes en el lugar de trabajo. El reportaje del The Guardian también recogía pruebas de trabajos forzados en la construcción de infraestructuras para la Copa del Mundo de 2022. Por su parte, la televisión alemana WDR afirmó  que algunos de sus reporteros habían sido arrestados mientras grababan a trabajadores inmigrados en Doha y que sus cámaras habían sido confiscadas para borrar los vídeos.

 

 

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