
El gobierno del presidente Donald Trump ha utilizado la lucha contra el tráfico de drogas como justificación para adoptar medidas militarizadas y punitivas tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
En su país ha exagerado la amenaza que representan grupos criminales como el Tren de Aragua para llevar a cabo operativos militarizados a gran escala destinados a localizar y deportar a migrantes indocumentados.
En la región, Trump ha ido aún más lejos. Su gobierno ha incluido a 18 organizaciones criminales de América Latina y el Caribe en la lista estadounidense de Organizaciones Terroristas Extranjeras, lo que ha allanado el camino para emplear tácticas más agresivas, como bombardear presuntas embarcaciones que transportan drogas en aguas internacionales. Esta campaña ha dejado más de 200 personas fallecidas desde septiembre de 2025. Sin embargo, las incautaciones de cocaína en Estados Unidos no superan las registradas el año anterior, y los traficantes han seguido operando sin mayores obstáculos, encontrando nuevas rutas para llevar drogas a los mercados de consumo.
Estados Unidos también ha retomado la estrategia contra los capos, enfocada en perseguir a los principales líderes de grupos criminales en países de la región como Venezuela, México, Ecuador y Bolivia. En lugar de paralizar a las organizaciones criminales, la caída de sus líderes suele provocar fragmentación y disputas por el poder, lo que alimenta nuevas olas de violencia.
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