Las medidas contra el COVID-19, enemigas de salud sexual y reproductiva de las mujeres

Uno de los efectos secundarios de la pandemia es el empeoramiento de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas. Médicos sin Fronteras (MSF) hace un análisis sobre lo que ha visto durante su trabajo en distintas partes del mundo.

Los estragos que deja la pandemia de COVID-19 se pueden ver por todas partes. Numerosas entidades y organizaciones han advertido, por ejemplo, que las mujeres y las niñas han sido de las afectadas, especialmente lo que se refiere a su salud sexual y reproductiva. Es un efecto secundario, una situación muy similar a la lección que dejó el brote de ébola en África Occidental de 2014, cuando se descubrió que la mayor amenaza no era el virus en sí, sino el cierre de los servicios de salud y el temor de acudir a los hospitales y centros de salud.

Médicos sin Fronteras (MSF) se ha encargado de estudiar cómo las medidas para enfrentar al nuevo coronavirus han impactado en mujeres y niñas, a través de entrevistas y recolección de los datos que dejan sus operaciones en países como Colombia, Honduras, Grecia, Uganda, Mozambique, Sudáfrica, Irak y Afganistán. Según los primeros resultados, ya se están viendo dolorosos resultados debido a factores como cierres y recortes en los servicios de salud sexual y reproductiva, restricciones de movimiento y falta de información sobre salud pública.

Muchas veces el gran problema ha sido que este campo no ha sido considerado por los gobiernos como un servicio esencial durante la pandemia, por lo que los recursos han sido utilizados exclusivamente para dar respuesta al COVID-19. “En Likoni, Kenia, se cerraron los centros de salud donde las mujeres normalmente dan a luz y se reasignó a los trabajadores sanitarios a la crisis por COVID-19. En Mosul, Irak, después de que uno de los principales hospitales del gobierno fuera reutilizado temporalmente como centro de tratamiento COVID-19, al hospital de MSF comenzaron a llegar muchas más mujeres embarazadas que acudían para recibir atención de parto”, afirma el último informe de MSF.

En Estados Unidos la situación no es mejor. De hecho, no es un secreto que el presidente Donald Trump ha estado en contra del aborto desde que empezó la campaña electoral que lo llevó a la presidencia del país en 2016. Sin embargo, su falta de apoyo a la atención de la salud sexual y reproductiva del Plan de Respuesta Humanitaria Global de la ONU para el COVID-19 ha ido más allá, afectando “desde partos seguros hasta tratamientos de violencia sexual y exámenes de detección de cáncer cervical”.

Por otro lado, el caso de la porosa y caliente frontera entre Colombia y Venezuela siempre es un reto por donde se le mire. Anne-Cécile Trapy, coordinadora del proyecto de MSF en Arauca, afirmó: “Antes de la pandemia atendíamos algunos casos de interrupción del embarazo con la población local porque se encontraron con barreras sociales en los centros de salud que no pudieron superar”.

Además, Trapy agregó que uno de los mayores problemas es que a las mujeres que quieren un aborto seguro se les asigna una cita muy a futuro, cuando aumentan las probabilidades de riesgo.

En Kenia muchas instalaciones médicas privadas donde normalmente se prestaban servicios de salud sexual y reproductiva han cerrado por la falta de equipos de protección individual (EPI). Lo mismo ocurre en Zimbabwe. De hecho, el Fondo de Población de las Naciones Unidas ya había informado sobre posibles desabastecimientos de productos vitales en 46 países durante los siguientes seis meses. “La pausa en la fabricación en países como China, India y Tailandia a principios de este año hicieron que los pedidos regulares, desde condones hasta mifepristona, un medicamento para el aborto, no pudieran completarse”, señaló MSF.

A este cuadro se suman las prohibiciones de viaje, bloqueos y restricciones de movimiento en diferentes partes del mundo. Uno de los focos estudiados por MSF es Khost, en Afganistán, cuyo hospital de maternidad experimentó una caída del 40% en las pacientes a principios de junio. “El centro generalmente ayuda en los partos de un promedio de 2.000 bebés por mes y trata a los recién nacidos enfermos en su unidad neonatal de 22 camas, cubriendo enormes necesidades en un área con pocos servicios de atención médica gratuitos y de alta calidad. Mantener el hospital abierto ha sido una lucha, ya que el personal se ha enfermado y las vacantes de parteras y ginecólogos han quedado sin cubrir por las restricciones de viajes internacionales”, señala la organización.

Violencia, un problema estructural

Ya lo advertía hace unas semanas el Fondo de Población de las Naciones Unidas, cuando señalaba en su último informe los diferentes tipos de violencia que viven en este momento mujeres y niñas de la región. “Ocurren hoy pero es un trauma que dura para toda la vida. Estas prácticas, como el matrimonio infantil y la mutilación femenina son infligidas o autorizadas por sus propias familias y son apuntaladas por las normas comunitarias. Hemos desarrollado una tolerancia a estas prácticas que son violaciones flagrantes de los derechos de las niñas y las mujeres”, afirmó.

Médicos sin Fronteras corrobora el problema y afirma que al quedarse en casa muchas veces es una condena a convivir con el abusador. “Durante la pandemia de COVID-19, los datos emergentes de todo el mundo muestran que la violencia doméstica se ha intensificado, según ONU Mujeres. Las tensiones pueden acumularse en espacios confinados, especialmente con un estrés adicional por problemas de salud, inseguridad económica y temor por el futuro”.

Si en algunos lugares ya era difícil acceder a la atención por violencia sexual en tiempos normales, con la crisis sanitaria esto se ha intensificado. En Choloma (Honduras), por ejemplo, la situación es crítica. “Se ha informado que la violencia de las pandillas ha disminuido durante el confinamiento, pero la violencia doméstica ha aumentado, como lo ha hecho en todas partes”, dice la Dra. Jennifer Stella, asesora médica de MSF en Choloma. “Cuando los pacientes pueden ponerse en contacto con el trabajador social o el psicólogo, les enviamos taxis para llevarlas a la clínica”, agrega.

Las soluciones para estas problemáticas son difíciles de llevar a cabo. Trapy, sin embargo, afirma: “Tenemos que equilibrar entre el posible peligro de que acudan a las instalaciones de salud y se contagien con COVID-19, y la necesidad de hacer un seguimiento de sus embarazos”. Además, la organización señala que es momento de innovar y buscar la forma de volver mucho más accesible la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva. “Hay que simplificar el proceso y encontrarnos con las mujeres donde están”, dice la Dra. Manisha Kumar, jefa del grupo de trabajo de MSF para la atención segura del aborto.