Los demócratas sumidos en la mayor depresión por la inflación de 8.7 se frotan las manos con el lastre judicial que apunta a Donald Trump
Ningún presidente de los Estados Unidos ha sido acusado de delitos tras dejar el cargo. Trump se llevó –nadie sabe por qué diablos- documentos secretos a su propiedad intervenida por agentes del FBI y desde entonces no hay día tranquilo para del jopo dorado. La pregunta es si la investigación acabará en un proceso y si este arrancaría en tiempo para alejarlo de una postulación que ha ganado varios puntos por el desplome del Gobierno Biden.
Richard Nixon tenía todas las papeletas en su contra por el caso Watergate, escándalo que acaba de cumplir 50 años, pero Gerald Ford, su sucesor, le indultó preventivamente, en una impopular decisión que contribuyó a que perdiese las elecciones de 1976 contra Jimmy Carter. Ahora, el cerco judicial se estrecha contra Donald Trump. Los instigadoresd e su desgracia observan que hay indicios abundantes para enjuiciarlo. El juez ha publicado el pasado viernes una centena de documentos jun to a otros sugestivamente con 600 líneas tachadas. La información que desvela y, sobre todo, la que oculta, amenazan con llevar al expresidente ante un tribunal por varios delitos, siguen apuntando sus detractores.
Todo parece coincidir para estrechar el cerco. Un 8 de agosto, cuando agentes del FBI allanaron su residencia Mar-a-Lago, Trump comparó el incidente con el asalto a las oficinas demócratas del Watergate. Otro 8 de agosto a esa misma hora, pero de hace 48 años, Nixon ultimaba el discurso con el que anunció su dimisión tras verse acorralado.
La resistencia de Nixon a facilitar los documentos y las grabaciones de las conversaciones que le incriminaban fue precisamente lo que dio lugar después a la aprobación de la ley de registros presidenciales de 1978, que declara de propiedad pública todos los documentos, informes, fotografías, notas y demás registros que el presidente maneja en el ejercicio de su cargo que le obligan a entregarlos al cesar funciones.
Cuando Trump cesó en enero de 2021 en una tormentosa transición de poderes, se llevó a su mansión de Mar-a-Lago decenas de cajas con documentos presidenciales.
Eso dio lugar a un tira y afloja con la Administración Nacional de Archivos y Registros (la NARA o los Archivos Nacionales), que le pidió que entregase esos documentos ya en mayo de 2021. No es que Trump jugarpa con fuego porque no es una norma penal, incumplirla como tal no es un delito y la NARA tuvo que armarse de paciencia para reclamar lo que pertenecía. Los Archivos Nacionales advirtieron que alertarían al Congreso o al Departamento de Justicia y Trump accedió finalmente a entregar 15 cajas, que fueron recibidas por los Archivos el 18 de enero de este año.
Documentos clasificados
La sorpresa fue que, al examinar esas cajas, había “un montón de documentos clasificados”, algunos sin carpeta y mezclados con otros documentos, según comunicó al Departamento de Justicia el 9 de febrero pasado. Y otros que simplemente no fueron entregados. El FBI investigó y llegó a esa conclusión. “Existe causa probable para creer que otros documentos que contienen Información de Defensa Nacional clasificada o que son documentos presidenciales sujetos a requisitos de retención de registros permanecen actualmente en las instalaciones. También hay causa probable para creer que se encontrarán pruebas de obstrucción”, decía el agente especial del FBI que firmó el afidávit para solicitar la orden de registro.
La orden de registro y el inventario de bienes incautados publicados develaron que se investiga a Trump por tres posibles delitos: obstrucción a la justicia, ocultación, remoción o mutilación dolosa de documentos públicos y violaciones de la ley de espionaje, aparentemente por la retención de documentos de seguridad nacional. Son delitos castigados con multa o penas de cárcel.
Trump sostiene que todo se trata de una “caza de brujas” con fines políticos. Junto a sus abogados, ha disparado en todas direcciones para defenderse. Por un lado, dijo que se llevó los documentos “sin saberlo”.
Una pregunta sin respuesta es por qué Trump se ha resistido una y otra vez a entregar los documentos. Aun admitiendo que se los llevara sin darse cuenta, no se entiende por qué los retuvo tras meses de peticiones y requerimientos, poniéndose en una situación tan comprometida.
Pero la gran pregunta, en este momento, es si el fiscal general, Merrick Garland, dará el paso de presentar cargos contra Trump. Y aunque los indicios de delito parecen sólidos, presentar cargos es un paso cualitativo diferente y aún más explosivo que el que ya ha polarizado el país y azuzado una preocupante retórica guerracivilista. Trump puede incluso capitalizar políticamente la acusación, presentándose como mártir, para las presidenciales de 2024, lo que añade más complejidad al asunto. Y el riesgo de intentos de revancha en futuras transiciones de poder tampoco es despreciable.