El juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías fue asesinado esta mañana cuando realizaba ejercicio en un parque cercano a su casa en el municipio de Metepec, Estado de México. Los reportes de las autoridades indican que aproximadamente a las 8 de la mañana, el juez fue atacado por un sujeto que le disparó en la cabeza. Fue trasladado a una clínica de la localidad, pero murió minutos después de haber ingresado.
Bermúdez Zacarías había suspendido la extradición del famoso capo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán a Estados Unidos en marzo de este año. Pero no es el único caso sobre narcotráfico en el que su trabajo estaba relacionado. De acuerdo con Proceso, el juez también conoció el expediente de Abigail González Valencia, alias ‘El Cuini’, ubicado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización criminal de mayor crecimiento en el país en los últimos años.
Además, su juzgado trabajó el caso de Naim Libien, un empresario del diario Unomásuno, relacionado por las autoridades estadounidenses con el CJNG. Asimismo, el juez llevaba el proceso jurídico de Ángel Treviño Morales, conocido como ‘El Z 40’, uno de los miembros de mayor peso del cártel de Los Zetas, considerado como el grupo del narcotráfico más sanguinario en el sexenio pasado.
De la misma forma, Bermúdez Zacarías, trabajó el caso de Gildardo López Astudillo, alias ‘El Gil’, acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
El asesinato del juez provocó reacciones en el más alto nivel del gobierno mexicano. El presidente Enrique Peña Nieto condenó y lamentó los hechos e instruyó a la PGR para que los investigue. Arely Gómez, titular de esa institución señaló en su cuenta de Twitter respecto al caso: “Mis sentidas condolencias a la familia y amigos, así como al Poder Judicial de la Federación, por tan lamentable suceso”.
Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, condenó el asesinato, al tiempo que felicitó a los jueces y magistrados por la valentía con la que realizan su trabajo.
A pesar de que la policía local montó un operativo para capturar al asesino del juez, hasta el momento no han informado sobre su detención.
De acuerdo con una búsqueda hemerográfica realizada por VICE News, el asesinato del juez federal Bermúdez Zacarías es el primero en su tipo desde que comenzó “la guerra contra el narcotráfico” en diciembre de 2006.
Para encontrar un caso similar hay que volver hasta agosto de hace una década, cuando el juez federal René Hilario Nieto -encargado de casos de alto perfil que involucraban al Cártel del Golfo y Cártel de Juárez, además de la represión gubernamental en Atenco, Estado de México- fue ejecutado a tiros desde un vehículo en marcha en Toluca, Estado de México, a 20 minutos de donde este lunes mataron al juez federal Bermúdez Zacarías.
René Hilario llevaba sólo cuatro meses en el cargo de juez federal adscrito al penal de máxima seguridad de La Palma. Entre los procesos penales que dependían de él, estaba el de los legendarios capos Benjamín Arellano Félix y Osiel Cárdenas Guillén, el creador de Los Zetas.
Otros ataques a jueces federales habían sido feroces, pero no mortales: en agosto de 2010, Carlos Alberto Elorza fue víctima de un atentado en el estado occidental de Nayarit del que salió con heridas menores, pero con un escolta asesinado. Días antes de la agresión, el juez federal había ordenado el arresto del aspirante a gobernador de Quintana Roo, ‘Greg’ Sánchez, por presuntos nexos con traficantes de droga.
Y en septiembre del año pasado, el juez federal Joel Fernando Tinajero fue herido de bala en un supuesto intento de asalto en el estado de Jalisco. El caso fue atendido por las autoridades como un hecho de delincuencia común y no como un ataque directo en venganza por una decisión tomada contra alguien poderoso.
La periodista Aurora Vega publicó el 18 de septiembre de 2011 un reportaje en el diarioExcélsior en el que asegura que el 90 por ciento de los jueces federales en México son custodiados por elementos de la Policía Federal ante la amenaza permanente de grupos criminales. Cada uno, recibe una prima de riesgo adicional a su salario de 400.000 a 500.000 pesos mexicanos anuales [27.100 dólares extra al año].
Hasta aquel año, según el reportaje, unos 70 impartidores federales de justicia contaban con esa protección federal y, para algunos, se extendía hasta su familia.
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