Fiscales estadounidenses acusaron a dos sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de conspiración para introducir 800 kilos de cocaína a Estados Unidos en el inicio de su juicio en una corte de Manhattan.
En los argumentos de apertura, los fiscales aseguraron que Efraín Antonio Campo Flores, de 30 años y Franqui Francisco Flores de Freitas, de 31 años, planeaban enviar aviones cargados con cocaína de Venezuela a Honduras para que los traficantes pudieran introducirlos a EE.UU.
“Creían que eran tan poderosos en su país que podían enviar casi una tonelada de cocaína sin problema”, dijo el fiscal de EE.UU. Emil Bove a una sala repleta.
Los nietos de Maduro se jactaron sobre el acceso que tenían al “hangar presidencial” en un aeropuerto de Venezuela, dijo Bove, un indicio de que el juicio podría revelar las supuestas actividades criminales de altos mandos venezolanos. Muchos de estos han sido acusados por EE.UU. de tráfico de drogas y lavado de dinero.
Las autoridades estadounidenses arrestaron a Campo Flores y Flores de Freitas en Haití en noviembre pasado, cinco días antes que supuestamente se llevara a cabo el primer envío. Los abogados de los sobrinos de Maduro aseguran que el gobierno les tendió una trampa y cuestionan el por qué fueron arrestados antes que se transportara la cocaína.
Los acusados, ambos ciudadanos venezolanos, han estado bajo custodia federal en Manhattan desde entonces. Se han declarado inocentes.
Si los sobrinos de Maduro son encontrados culpables de conspiración para el tráfico de drogas, enfrentarían una pena mínima de 10 años en prisión y un máximo de cadena perpetua.
La investigación comenzó el año pasado, cuando los dos hombres conocieron a un informante de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA) en Honduras y supuestamente dijeron estar interesados en un negocio de cocaína que generaría al menos US$20 millones en ganancias. Le aseguraron a los informantes que los aviones llenos de cocaína no serían seguidos por las autoridades debido a sus conexiones políticas, según el gobierno estadounidense.
Los fiscales aseguran que los dos hombres confesaron a agentes estadounidenses después de su arresto que participaron en una conspiración de tráfico de drogas. Sus abogados dicen que esta confesión fue coaccionada y obtenida ilegalmente.
Funcionarios venezolanos han calificado a los arrestos como un secuestro ilegal que busca desestabilizar al país. El caso ha tensionado aún más la ya deteriorada relación entre EE.UU. y Venezuela, en momentos en que la economía del país está colapsando.
El juicio, que se espera dure dos semanas, dependerá de los testimonios de los informantes y agentes de la DEA encubiertos, los cuales ya han presentado varios retos a los fiscales.
Un cooperante, un narcotraficante en Honduras confinado a una silla de ruedas, fue asesinado el año pasado. Otros dos informantes, un duo de padre e hijo que recibieron más de US$1 millón de la DEA, se encuentran ahora en la cárcel, luego de admitir que traficaron drogas por aparte durante la investigación a los sobrinos de Maduro.
Los abogados de la defensa buscarán socavar la credibilidad de los informantes durante el juicio. Ellos han argumentado que los informantes se rehusaron a propósito a grabar algunas de sus reuniones con los acusados para fortalecer el caso del gobierno. Un juez dictaminó el mes pasado que no había evidencia de esto.
En una reunión clave en Caracas, los sobrinos de Maduro presentaron un kilo de una sustancia blanca. Un informante aplastó una pequeña cantidad en sus manos y concluyó que la sustancia era cocaína. Los abogados de los acusados aseguran que no hay forma de confirmar que fue así, debido a que los informantes no llevaron una muestra a la DEA.
Durante los argumentos de apertura, la defensa dijo que los informantes de la DEA presionaron a los sobrinos de Maduro para que llevaran a cabo el negocio. Los acusados vivían vidas “modestas” en Caracas y no tenían la sofisticación para conseguir 800 kilos de cocaína de alta pureza, según la defensa.
La evidencia del juicio mostrará que los informantes de la DEA se burlaron de los acusados por ser poco experimentados en el negocio del tráfico de drogas, dijo John Zach, el abogado que representa a Campo Flores. Zach llamó “estúpido” a su cliente en repetidas ocasiones durante sus argumentos de apertura.
“Cualquier narcotraficante real se habría dado cuenta en 20 segundos”, dijo.
Campo Flores supuestamente le dijo a un agente encubierto de la DEA que su proveedor de cocaína eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Funcionarios de EE.UU. han dicho desde hace tiempo que Venezuela es el principal punto de transito de la cocaína producida en Colombia.
Las relaciones entre EE.UU. y Venezuela han estado presentes en la antesala al juicio. La defensa trató de evitar que el gobierno presentara grabaciones en las que Campo Flores supuestamente le dice a un informante que “estamos en guerra con Estados Unidos” y que “necesitamos el dinero” del negocio para apoyar la campaña parlamentaria de su tía, la primera dama venezolana Cilia Flores.
El juez permitió la semana pasada el que se usen estas declaraciones, rechazando el argumento de la defensa de que los jurados no deberían tener que “desenmarañar la complicada y tensa relación entre Estados Unidos y Venezuela”.
Los honorarios de los abogados de los acusados son pagados por Wilmer Ruperti, un magnate del transporte venezolano con lazos cercanos a Maduro.
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