Ortega y sus ataques a la disidencia acaban con años de crecimiento económico en Nicaragua

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presumió durante años de que su manejo de la economía era superior al de sus vecinos en Latinoamérica. De 2007 a 2017, el Gobierno se enfocó en atraer empresas extranjeras para instalar plantas manufactureras, lo cual impulsó el crecimiento a tasas por encima del promedio regional. Pero la crisis política que estalló en 2018 tuvo su raíz en el sistema de pensiones y se alimentó de la condición de pobreza en que viven la mayoría de los nicaragüenses. Tres años después, con la crisis todavía en proceso y la persecución de opositores arreciando, la confianza en el manejo de la economía se agrieta.

Al menos 18 opositores, entre periodistas y antiguos aliados del Gobierno, han sido detenidos por la Policía Nacional, órgano que responde a Ortega y a la vicepresidenta, su esposa, Rosario Murillo. Cinco de ellos aspiran a ser candidatos presidenciales en las elecciones de noviembre, pero Ortega busca permanecer en el poder. Organismos internacionales han exigido que se lleven a cabo elecciones transparentes y justas.

A pesar de que el clima de represión e incertidumbre ha ido escalando desde 2018, los empresarios habían permanecido mayoritariamente en silencio. Hoy, la persecución los ha alcanzado con dos arrestos, cuentas congeladas y una amenaza de expropiación. Especialistas coinciden en que esto ha generado mucha incertidumbre y está exacerbando la crisis económica ocasionada por la pandemia de la covid-19 y borrando los avances en inversión hechos en los primeros años de Gobierno.

La primera década

Durante dos mandatos consecutivos entre 2007 y 2017, el presidente Ortega se enfocó en fortalecer las reservas internacionales y las finanzas públicas a través de préstamos y ayudas de organismos multilaterales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y en compensar la baja recaudación tributaria con las ayudas petroleras enviadas por el Gobierno venezolano. Su relación con los empresarios era cordial mientras, en el extranjero, promovía al país como destino de inversión.

Los esfuerzos rindieron frutos y empresas extranjeras instalaron plantas maquiladoras en el país. En esos 10 años, el promedio de crecimiento económico anual fue del 5,2%, muy por encima de sus pares en la región, de acuerdo con estimaciones del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). El economista Francisco Aguirre, quien fue presidente de la comisión de economía en la Asamblea Legislativa entre 2007 y 2012, recuerda: “Es un hecho paradójico, digamos, porque Ortega entró supuestamente como un socialista”. Y añade: “Pero, en realidad, en su manejo de la economía, definitivamente, fue extremadamente pragmático y, como resultado, Nicaragua tuvo una de las tasas de crecimiento económico más altas”.

Pero cuando se empieza de un producto interno bruto muy bajo, los grandes saltos en crecimiento no se traducen necesariamente en una mejor calidad de vida de los trabajadores. Nicaragua es el segundo país más pobre de la región, después de Haití. Y, a pesar de que el manejo macroeconómico fue bueno en esos años bajo Ortega, el Gobierno no hizo un esfuerzo por elevar el nivel educativo de manera que el país pudiera ofrecer mano de obra mejor cualificada por la que se pagasen mejores sueldos.

Abelardo Medina, economista del ICEFI, explica que “la remuneración no les alcanza a los nicaragüenses, por lo que emigran a otras realidades, no solo a Estados Unidos, sino también hacia Costa Rica”. “Estamos hablando de una expulsión sistemática de trabajadores porque el país reproduce esquemas de bajos salarios y exclusión de grupos de producción”, continúa.

Aguirre, quien fue también ministro de Exteriores y trabajó en el Banco Mundial, asegura que el sector privado nicaragüense se acercó al Gobierno de Ortega durante esos años y tuvo un gran impacto en el manejo de la economía del país. “Este es un tema que es muy controversial en Nicaragua, porque hay muchas personas que critican al sector privado por no haberle dado más importancia a consideraciones políticas, pero la verdad de las cosas es que nadie en Nicaragua, nadie, se imaginaba que iba a estallar el repudio que se dio en 2018”, opina.

Inicio de la represión

El buen desempeño económico termina en 2018, cuando se da un levantamiento espontáneo y pacífico en contra del Gobierno. Una de las exigencias centrales era en contra de un cambio en la ley de pensiones. Según un reporte del ICEFI, “estas movilizaciones fueron violentamente reprimidas por las autoridades públicas y grupos afiliados a la Juventud Sandinista, lo cual no solo provocó alrededor de 400 fallecidos y muchos desplazados hacia otros países, sino que profundizó el clima de polarización política que impactó severamente a la economía del país”. Ese año, el PIB cayó un 3,4% y la situación no mejoró en 2019, cuando se vio una caída del 3,7%.

En este contexto llegó la pandemia de la covid-19 a Nicaragua, acompañada de los huracanes Iota y Eta, que también hicieron estragos en la producción nacional. Las empresas que pudieron permanecer abiertas mantuvieron a flote a sus empleados mientras la falta de un programa de apoyo fiscal o de transferencias a los más necesitados afectaron a los trabajadores informales. El Banco Mundial estima que la pobreza -definida como vivir con un ingreso menor a 3,20 dólares por persona por día- aumentó del 13,5% en 2019 al 14,7 % en 2020. Esto se traduce a 90.000 personas que cayeron en este estado de un año para otro.

La crisis política se convirtió en una ola de persecución a los opositores al Gobierno de Ortega y Murillo, bajo la acusación de que atentan contra la soberanía. Entre los detenidos están José Adán Aguerri, empresario y expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), y Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo del principal banco en el país, Banco de la Producción, que tiene presencia en Centroamérica, el Caribe y Ecuador. Además, en mayo, La Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana acusó al Gobierno de Ortega de expropiar de manera “silenciosa” las instalaciones de una planta de gas natural licuado de una empresa guatemalteca. La Administración no se ha expresado en torno al caso.

Medina analiza: “Nosotros esperamos que el Gobierno de Nicaragua tendrá al mismo presidente y, salvo que haya algún nuevo detonante de alto nivel, no vemos que en el corto plazo vaya a cambiar, en esencia, nada”. Y continúa: “Esta inestabilidad también imposibilita que el crecimiento económico vuelva a tener la misma dinámica de los años previos porque los empresarios dejan de llegar”.

“Cualquier empresario, antes de llegar a Nicaragua, ya se lo piensa”, sentencia el experto, “porque no está seguro de que habrá la certeza jurídica que hubo en el pasado”.