Pandillas, fintechs y Amazonía: la agenda criminal que espera al próximo presidente de Brasil

Lula tendrá que hacer frente a algunas de las organizaciones criminales más sofisticadas del hemisferio, entre ellas el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital – PCC) y el Comando Vermelho (CV). Y, aunque la violencia ha disminuido, las actividades criminales se han diversificado mucho más allá del narcotráfico, y los grupos criminales están utilizando el sistema financiero formal para lavar sus ganancias ilícitas.

Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Brasil de 80 años, protagonizó una sorprendente remontada para ganar un cuarto mandato presidencial. Sin embargo, ante el avance de la criminalidad y un Congreso controlado por la oposición, podría tener dificultades para implementar una agenda de seguridad eficaz.

Lula obtuvo el 51,8% de los votos en las elecciones del 25 de octubre, mientras que su rival, Flávio Bolsonaro, consiguió el 48,2%. Lula asumirá su cuarto mandato el 5 de enero de 2027. Bolsonaro se negó a reconocer la victoria de Lula después del anuncio de los resultados.

Pero enfrentará importantes desafíos. Su victoria llega apenas unas semanas después de que el Partido Liberal (PL) de Bolsonaro obtuviera el 23,5% de los escaños de la Cámara de Diputados y el 34,5% del Senado, la mayor representación alcanzada por un partido desde 1988. Los partidos de oposición controlan una sólida mayoría en ambas cámaras.

Lula también tendrá que hacer frente a algunas de las organizaciones criminales más sofisticadas del hemisferio, entre ellas el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital – PCC) y el Comando Vermelho (CV), dos grupos que la administración de Trump designó como organizaciones terroristas en mayo. Aunque la violencia ha disminuido, las actividades criminales se han diversificado mucho más allá del narcotráfico, y los grupos criminales están utilizando el sistema financiero formal para lavar sus ganancias ilícitas.

A continuación, InSight Crime analiza los principales desafíos de seguridad que enfrentará Lula al iniciar su cuarto mandato.

1. Corrupción, lavado de activos y vínculos entre el crimen organizado y las élites

La corrupción ha sido durante mucho tiempo un tema central en la política brasileña. Ambos candidatos se han visto envueltos en escándalos en distintos momentos de sus carreras políticas, y las tramas de sobornos multimillonarios se han vuelto habituales, independientemente del partido que esté en el poder. El propio Lula pasó casi dos años en prisión por corrupción y lavado de activos en el marco de la histórica Operación Lava Jato (Operação Lava Jato), antes de que el Supremo Tribunal Federal (STF) anulara el caso.

Lo novedoso es la creciente integración del crimen organizado en las élites políticas y económicas. Actualmente, hay numerosas investigaciones en curso sobre algunas de las principales instituciones financieras del país y sus vínculos con el lavado de activos de grupos criminales como el PCC.

Uno de estos casos salpicó al rival de Lula, Flávio Bolsonaro, quien está siendo investigado por sus vínculos con el principal presunto protagonista del llamado caso Banco Master. El banco, que colapsó en noviembre de 2025 en medio de un creciente escrutinio por su aparente esquema Ponzi, pertenecía a Daniel Vorcaro, quien, según informes, mantenía una estrecha relación con Bolsonaro y presuntamente le proporcionó dinero para ayudar a financiar una película sobre su padre. Bolsonaro ha negado haber cometido alguna ilegalidad. Sin embargo, es uno de los numerosos políticos vinculados al Banco Master que facilitaron el esquema o se hicieron los de la vista gorda ante su funcionamiento, según los investigadores.

El escándalo también involucra al crimen organizado. Presuntas empresas fachada utilizadas por el PCC para lavar activos invirtieron en el Banco Master. De hecho, las organizaciones criminales brasileñas están cada vez más integradas en los mercados financieros del país. El ejemplo más destacado surgió de la Operación Carbono Oculto (Operação Carbono Oculto), en la que las autoridades descubrieron una vasta red de desvío y robo de combustibles y lavado de activos que operaba a través de instituciones financieras ubicadas en el equivalente brasileño de Wall Street. Entre ellas figuraban numerosas fintechs, empresas de tecnología financiera sujetas a una regulación relativamente limitada que han proliferado en Brasil.

Para enfrentar estos problemas, Lula tendrá que reforzar los controles sobre las fintechs y otros instrumentos financieros ampliamente utilizados que facilitan el lavado de activos. Entre ellos se encuentra Pix, un sistema de pagos instantáneos impulsado por el Banco Central del país que goza de enorme popularidad en Brasil. Investigadores consultados por InSight Crime señalaron que grupos como el PCC también utilizan este sistema para lavar activos, pero que su uso generalizado dificultará su regulación. Otros casos involucran operaciones bancarias internacionales y plataformas de criptomonedas, lo que requerirá una cooperación internacional que los gobiernos han dejado de lado para favorecer políticas policiales más represivas y operaciones militares.

Aun así, Lula ha intentado reforzar sus credenciales en materia de seguridad, en parte porque el crimen organizado se convirtió en uno de los temas centrales de la campaña. Casos como los del Banco Master y Carbono Oculto salieron a la luz durante su gobierno y, como parte de su programa electoral, Lula prometió mantener la presión sobre las finanzas de estos grupos criminales. Esta podría ser una de las pocas áreas en las que logre cumplir su promesa, dado que la Policía Federal de Brasil está a cargo de muchas de las investigaciones por lavado de activos.

2. Expansión de la criminalidad y nuevas economías criminales

Los homicidios han disminuido en Brasil en los últimos años, pero la criminalidad parece haberse expandido de todos modos. El crimen organizado tiene una presencia cada vez mayor en actividades empresariales de gran escala y continúa extendiéndose por todo el país. Entre estas industrias criminales relativamente nuevas se encuentran el robo y la reventa de combustibles, mencionados anteriormente, así como la minería ilegal de oro. Ambas actividades han generado ingresos de miles de millones de dólares y han contribuido a estrechar los vínculos entre las élites financieras y la delincuencia callejera descritos anteriormente.

Al mismo tiempo, los grupos criminales se han expandido hacia nuevos territorios, llevando consigo, en muchos casos, sus sangrientas disputas. Algunos de los enfrentamientos más intensos se registran en la Amazonía Legal, una región administrativa que comprende los nueve estados donde se extiende la selva amazónica brasileña. Allí, el Foro Brasileño de Seguridad Pública (Fórum Brasileiro de Segurança Pública – FBSP), una organización no gubernamental que recopila estadísticas sobre homicidios y criminalidad, registró la presencia de grupos criminales en 344 de los 772 municipios en 2024. Solo ese año se registraron 8.047 homicidios en la región, equivalentes al 18% del total nacional, según el FBSP.

Los enfrentamientos fueron difíciles de ignorar y, durante la campaña electoral de 2026, Bolsonaro y muchos otros candidatos prometieron implementar políticas de mano dura. Lula evitó en gran medida sumarse a estos llamados, pero en los últimos días de su campaña manifestó su apoyo a reducir la edad de responsabilidad penal para que los menores puedan ser juzgados como adultos por delitos graves, como homicidios o violaciones. Con ello, se acercó a las posturas más punitivas y contradijo la posición de su propio partido.

Sin embargo, Lula tendrá por delante una tarea difícil. En Brasil, la seguridad pública se gestiona principalmente a nivel estatal. Su programa electoral respalda una propuesta de reforma constitucional que ampliaría la participación del gobierno federal en los asuntos de seguridad de los estados. Pero las fuerzas opositoras en el Congreso podrían bloquear cualquiera de las iniciativas de seguridad del presidente.

3. Delitos ambientales en la Amazonía

La Amazonía se ha convertido en uno de los principales epicentros de la actividad criminal en Brasil. La minería y la tala ilegales se han consolidado como actividades habituales que destruyen vastas extensiones de selva y provocan el desplazamiento de miles de personas, entre ellas comunidades indígenas.

Entre los grupos criminales que impulsan esta expansión hacia la Amazonía se encuentran el CV y el PCC, además de otras bandas locales más pequeñas. Estos grupos buscan controlar rutas fluviales, como el río Solimões y sus numerosos afluentes, para traficar cocaína. Sin embargo, también están diversificando el uso de estas rutas y participan cada vez más en otras economías criminales, especialmente la minería ilegal.

Lula ha convertido la Amazonía en una de sus prioridades y ha conseguido algunos avances. En 2026, la deforestación alcanzó su nivel más bajo desde 1988, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE) de Brasil.

Sin embargo, las redes criminales detrás de estas actividades permanecen intactas. Además, con sus metales preciosos, minerales de tierras raras, rutas internacionales de tráfico e innumerables especies de plantas y animales exóticos y valiosos, la Amazonía se ha convertido en un complejo ecosistema criminal.