Un campo de refugiados en México

Estuve en Tijuana durante noviembre, cuando una fuerte tormenta cayó sobre la unidad deportiva Benito Juárez, donde más de seis mil migrantes estaban apiñados en carpas, bajo lonas impermeables o simplemente dormían entre el lodo.

La lluvia se mezcló con el drenaje que salía de los retretes descompuestos; formó charcos fétidos que se filtraban hacia las carpas y provocó una inútil lucha en búsqueda de espacios secos. Vi a una joven madre acuclillarse entre el agua sucia para intentar consolar a su bebé enfermo. El gobierno de Tijuana tuvo que cerrar el parque debido a las condiciones insalubres.

Los hombres, mujeres y niños que han viajado al norte en una corriente de caravanas en los últimos meses han llamado la atención porque es inusual que la gente se mueva junta a través de México en cantidades tan numerosas. Es incluso más inusual que tengan que buscar refugio temporal en condiciones tan terribles. Hay campos de refugiados en muchos sitios del mundo, pero aquel que existió justo al lado de la frontera estadounidense, desde donde sus ocupantes podían literalmente ver California, es inquietante.

Me preocupa que dichas escenas terminen por parecer normales. Es probable que así sea, debido al anuncio hecho por el gobierno de Donald Trump el 20 de diciembre de que hará que los solicitantes de asilo esperen en México mientras sus casos se resuelven en las cortes de Estados Unidos.

México se ha vuelto cada vez más en un país de tránsito para refugiados y migrantes, especialmente para aquellos centroamericanos que huyen de la violencia y la represión gubernamental. La nación ha quedado en una posición similar a la de Turquía e Italia, donde el paso de refugiados y migrantes ha causado enormes problemas domésticos.

Quienes huyen de Centroamérica a menudo enfrentan un nivel de violencia similar al que imaginamos que sucede en las zonas de guerra. He hablado con personas refugiadas que han sido lesionadas, violadas, extorsionadas, secuestradas y cuyas casas han sido incendiadas por bandas criminales asociadas con policías corruptos.

La más reciente decisión de devolverlos resultaría en que cientos de miles de ellos se acumulen a lo largo del lado mexicano de la frontera. Cada mes llegan miles de solicitudes de asilo y el gran atraso en los tribunales migratorios de Estados Unidos podría empeorar, tal que los casos demoren años en resolverse.

La nueva regla de la administración de Trump dejaría a estas personas varadas en algunos estados mexicanos azotados por el crimen. Dos adolescentes hondureños de la caravana ya fueron asesinados en Tijuana, de acuerdo con funcionarios mexicanos.

También surge la duda de quién apoyará a las personas refugiadas, que ahora reciben ayuda de iglesias, organizaciones benéficas y algunos gobiernos locales que de por sí se han quejado de que escasea el dinero. “¿Cómo hará México para de pronto mantener a cientos de miles de no mexicanos durante años?”, cuestionó la organización de derechos humanos Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos en un comunicado emitido en respuesta al anuncio del jueves.

La secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kirstjen Nielsen, ha afirmado que esta decisión evitará que las personas usen las solicitudes de asilo como una forma de ingresar a Estados Unidos para después desaparecer hacia las sombras. “Los extranjeros que intenten aprovecharse del sistema para ingresar ilegalmente al país ya no podrán desaparecerse en Estados Unidos, donde muchos no acuden a sus citas en tribunales”, dijo el jueves. Sin embargo, hay estudios que demuestran que la gran mayoría de los solicitantes de asilo sí acuden a sus audiencias.

La medida bien podría ser impugnada en los tribunales de Estados Unidos. Pero, ¿se opondrá México también? El día del anuncio estadounidense envió señales encontradas. La secretaría de Relaciones Exteriores inicialmente declaró que aceptaría a todos quienes tuvieran asignadas citas con una corte en Estados Unidos, pero después el director del Instituto Mexicano de Migración dijo que hacerlo sería legal y logísticamente imposible.

Desde que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo, el 1 de diciembre, ha intentado desarrollar una estrategia de largo plazo para lidiar con la crisis. El 10 de diciembre, su canciller prometió que México invertirá 30.000 millones de dólares en Centroamérica en los próximos cinco años en un llamado “Plan Marshall” encaminado a reducir la migración hacia el norte, y que incluye la creación de empleos en el sur de México. Ha dicho que busca trabajar con Washington en dicho plan.

Si se da tal cooperación para encontrar una solución regional a las causas del éxodo eso sería un gran paso hacia adelante. Pero México no debería acceder a albergar a los solicitantes de asilo en Estados Unidos como parte de un plan mayor; esto dejaría a las personas refugiadas en un limbo doloroso y extendido. El crecimiento de campos de refugiados de largo plazo por la frontera también podría crear resentimiento entre los mexicanos, que ya se cuestionan qué obligaciones tienen hacia los miembros de la caravana. Además, podría llevar a más conflicto entre refugiados frustrados y guardias fronterizos que obstruyen los puntos de cruce, para perjuicio de millones de personas que dependen del comercio y los viajes transfronterizos.

Las escenas de los guardias fronterizos que lanzaron gas lacrimógeno hacia México y de los migrantes en aguas negras junto a Estados Unidos no deberían ser algo a lo que nos acostumbramos. No deben ser nuestra nueva normalidad.