A 3 años y 9 meses, el caso Caranavi no tiene culpables

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Patricia Santos, una de las fiscales asignadas al caso Caranavi, también investiga la violenta represión a indígenas del TIPNIS en Chaparina, en septiembre de 2011.

 

A tres meses se cumplirse los cuatro años de la violenta represión policial registrada en Caranavi, el 7 y 8 de mayo de 2010, donde perdieron la vida los jóvenes David Calizaya y Fidel Hernany, aún no fueron identificados los responsables de ese hecho.
Y las investigaciones están paralizadas, denunció el abogado de las víctimas, Jorge Quiroz.
Los fiscales asignados al caso guardan silencio.

“Lastimosamente hemos llegado a este extremo y estamos sin justicia a casi cuatro años de los hechos”, manifestó Quiroz, quien informó que hay sólo imputados, entre ellos Ciro Farfán, Jorge Ayala, Roberto Tórrez, Félix Cruz, Carlos Saravia y otros exmiembros de la Policía Boliviana. 

De acuerdo con el jurista, la retardación ocurre porque los principales actores son altas autoridades del Gobierno, como Sacha Llorenti, quien cumple funciones diplomáticas en Nueva York.
Para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rodolfo Calle, los fiscales asignados al caso posiblemente solicitaron una ampliación de la investigación por las complejidades de los hechos suscitados en mayo de 2010.  “Existen muchos implicados. Hay varias personas que están siendo investigadas. El caso es muy complejo y la ley permite prolongar los tiempos de la investigación”, dijo Calle, quien aclaró que el caso no puede ser extinguido debido a que los delitos son de lesa humanidad. 

Por otro lado, el abogado Quiroz aseguró que agotarán todas las instancias legales para luego acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.
La diputada de oposición Norma Piérola (CN) pidió al defensor del Pueblo, Rolando Villena, que presente un recurso por retardación de justicia. “La retardación de justicia es un acto doloso. Vemos que el Ejecutivo protege a Llorenti sin importarle la muerte de dos jóvenes”, comentó.

Patricia Santos es una de las fiscales asignadas al caso Caranavi. Ella también investiga la represión a indígenas del TIPNIS que marcharon  contra  la construcción de la  ruta Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

Anuncian minuta para agilizar  caso
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rodolfo Calle, anunció que tramitará una minuta de comunicación para agilizar las investigaciones del caso Caranavi. 
“Yo pienso que desde el Legislativo se debe mandar una minuta de comunicación para acelerar este caso, que termine de una vez. Si hay culpables, a la cárcel; si hay inocentes, a la calle. Se tiene que dar respuesta a la población y particularmente a los familiares, que piden justicia”, afirmó el asambleísta Calle.
En consideración del diputado, los tres años y nueve meses de investigación son signo de dilación por parte de la Fiscalía. “El Ministerio Público, como director funcional de la investigación, debería acelerar estos procesos e investigaciones”, señaló.
Para Calle, en Bolivia la justicia “está  muy mal” porque los efectivos policiales capturan a delincuentes, pero algunos fiscales “los sueltan sin considerar si son culpables”.