Un agente de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, logró infiltrarse en al menos ocho oportunidades en las comunicaciones y negociaciones que desarrolló la organización criminal de la que formó parte el coronel de la Policía Boliviana Maximiliano Dávila, el último jefe antidrogas del gobierno de Evo Morales, ahora detenido en el penal de San Pedro por lavado de dinero.
Estas operaciones se desarrollaron entre julio de 2019 y febrero de 2020, un periodo en el que se negoció la compra y venta de 1.500 kilos de cocaína para ser enviados a Nueva York en Estados Unidos, según el informe que presentó el agente especial de la DEA Jeremy Kirk a la justicia de su país y al que tuvo acceso EL DEBER.
Los compradores de este alijo, que serían parte de una banda delictiva que opera desde República Dominicana, aceptaron el negocio por $us 4,5 millones, tomando en cuenta que se acordó $us 3.000 por cada kilo del estupefaciente.
Dávila figura en el informe como el jefe antidroga de Bolivia que ofreció “seguridad armada” y “protección al cargamento de cocaína con un agente del orden boliviano que estaría a cargo de custodiar el avión y su carga en aeropuerto”. El reporte señala, además, que el papel de Dávila era de facilitar el acceso a “aeródromos privados” para sacar la droga.
El exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) se asoció con Omar Rojas Echeverría, un exmayor de la Policía que está detenido en Colombia y solicitado por Estados Unidos, como resultado de esta pesquisa.
“La fuente confidencial, que trabajó en representación de las autoridades del orden, y que tenía una relación previa con Rojas Echeverría, participó con el resto de los acusados en una serie de reuniones y llamadas telefónicas que se grabaron legalmente”, señala el informe presentado por la DEA a la Corte del Distrito Sur de Nueva York que acusó formalmente a Dávila de asociación delictiva para conspirar con el propósito de introducir droga y armas en Estados Unidos.
Además de Dávila, conocido como “El Macho”, y Rojas, este tribunal estadounidense acusó a los ciudadanos bolivianos John Cahuana, alias “Jota”, y los hermanos Jheyson y Herland Montaño Fernández, quienes estaban como proveedores de la droga. La lista de acusados se cierra con el peruano Rómulo Ramírez, alias “Pepe”, que tenía la responsabilidad de la logística de la operación.
“A lo largo de las reuniones y conversaciones telefónicas grabadas legalmente, los acusados describieron sus extensas experiencias de narcotráfico y sus conexiones con los más altos niveles del gobierno boliviano”, señala el agente Kirk en su reporte formal.
El informe no precisa donde exactamente se desarrollaron esas reuniones, pero detalla que comenzaron en julio de 2019, cuando Dávila estaba en funciones. Ese mes hubo dos encuentros, se produjo otro en octubre y tres en noviembre, cuando los proveedores mostraron una prueba de la pureza de la cocaína y el agente de la DEA pasó como interesado en la compra de la sustancia prohibida.
La última cita data de febrero de 2020, cuando se acordó el precio de la droga. “A pesar de los disturbios que tuvieron lugar en Bolivia en ese periodo, (Dávila) explicó que estaba preparado para asegurar un cargamento mayor a 1.500 kilogramos”, señala el reporte.
Tras esa investigación, en marzo de 2021, agentes estadounidenses participaron, junto con fuerzas antidroga de Colombia y Perú, de una operación simultánea que tuvo lugar en Lima, donde fue capturado Jorge Roca, ‘Techo ‘e Paja’ y Bogotá, donde cayó Rojas junto con el resto de sus socios.
“Estos sujetos conformaban una organización internacional dedicada a mover grandes cargamentos de cocaína desde Bolivia y Perú empleando aeronaves de alta gama que salían desde pistas clandestinas en el norte de Bolivia hacia Centroamérica con destino final en Estados Unidos y utilizando a funcionarios oficiales para facilitar el ingreso y salida de dichas aeronaves”, señala el informe de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de Colombia.
La organización pudo movilizar unas 100 toneladas de cocaína desde inicios de 2019 hasta que la banda fue desarticulada. Esto al margen del operativo de la DEA que se usó para la acción legal que desarrolla la Corte de Nueva York.
Ayer, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, descartó la presencia de agentes de la DEA en Bolivia. “No existe ninguna carta oficial de las autoridades correspondientes que demuestren que existen funcionarios o servidores de la DEA”, afirmó la autoridad.
La agencia antidrogas de Estados Unidos fue expulsada de Bolivia en 2008 tras ser acusada de injerencia. Del Castillo defendió, de este modo, el informe que presentó el miércoles sobre la reunión que sostuvo Dávila, Rojas, un ciudadano dominicano, Roca y otro declarado prófugo en febrero de 2020. En el reporte corroboró la versión de la DEA sobre el papel de “protector” que jugó Dávila.
“Ayer (por el miércoles) hemos presentado las pruebas suficientes. Jorge Roca había recuperado su libertad condicional en noviembre de 2019 cuando Evo Morales ya no se encontraba en el país”, remarcó la autoridad.
Desde Lima, donde está preso, Roca dijo que no conoce a Dávila.
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