Destituyen a todos los funcionarios de DDRR del país, tras escándalo

El Consejo de la Magistratura determinó destituir a todos los funcionarios de Derechos Reales del país, de todos los cargos, después del escándalo de corrupción que se reveló hace semanas.

“Frente a estos hechos de corrupción en Derechos Reales, el Consejo de la Magistratura ha tomado la determinación de convocar a todos los cargos del personal auxiliar, registradores, operadores, técnicos de todo el país (…) para llevar adelante una convocatoria pública, para que estos cargos sean ocupados por otras personas con ciertas características”, declaró ayer el presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón.

Los cambios también tocarán a los jueces registradores del país. Esta decisión fue asumida después de un día de que el juez registrador de Santa Cruz, Alfredo Echeverría, fuera detenido por estar involucrado en estas irregularidades, y de la intervención en  Derechos Reales por parte del Gobierno y la Fiscalía.

Son más de  400 funcionarios en todo el país que serán removidos de sus cargos para dar paso a una convocatoria pública. Se estima que en unos cuatro meses se contará con el nuevo personal, según Alcón.

“Saludamos y valoramos esta determinación del Consejo de la Magistratura. Con meritocracia y transparencia es posible construir mejor talento humano para la administración de justicia, como se hizo con los notarios de Fe Pública”, escribió el ministro de Justicia, Héctor Arce, en su cuenta de Twitter.

Arce y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunciaron los delitos cometidos en las oficinas de Derechos Reales, desde hipotecas canceladas, ingreso de documentos falsos, hasta desvíos millonarios de dinero.

El presidente del Consejo de la Magistratura dijo que se priorizarán los cambios en las oficinas de Derechos Reales de Santa Cruz y Chuquisaca, después de que se descubrieran hechos de corrupción en   las distritales de ambos departamentos.

El personal que actualmente cumple funciones bajo ítem y a contrato podrá postularse, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Los tres consejeros de la Magistratura, Gonzalo Alcón (presidente), Omar Michel y Dolka Gómez decidieron también apersonarse como querellantes en los procesos que el Ministerio Público sigue contra funcionarios en Santa Cruz.

Registrador y Notaría  cancelaban deudas de bienes a pedido

El domingo 31 de marzo  Página Siete publicó  un reportaje en el que reveló que en Derechos Reales (DDRR) de Santa Cruz se podía    anular  gravámenes (deudas) de  inmuebles, obtener  “certificados negativos” (borrar las propiedades a nombre del interesado), corregir errores y realizar otros trámites ilegales a pedido.

Las modificaciones ilegales se hacían por medio de tramitadores y funcionarios de DDRR que manejaban una tarifa para cada trámite.

Un “certificado negativo” podía ser obtenido en 24 horas a un costo de 1.400 bolivianos, por ejemplo.

Por la corrección de errores se cobraba  entre 300 y 400 dólares, según el   testimonio de uno de esos  tramitadores.

Las denuncias señalaron como principal implicado al juez registrador de esa ciudad,  Alfredo Echeverría, quien al ser entrevistado por este medio aseguró que los 10 procesos que se le iniciaron por este tipo de casos fueron rechazados.

Por otro lado, se estableció que la Notaría de Fe Pública 75 está involucrada en hechos irregulares, que registró la cancelación de deudas. Inicialmente en  esa oficina se negaron a entregar información.

El lunes, el Gobierno intervino las oficinas de DDRR y aprehendió a Echeverría.