Dilma y Evo

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LAS RELACIONES BOLIVIANO BRASILEÑAS  han sufrido estos años una serie de impasses  que han deteriorado la percepción que en Brasil se tiene de Bolivia,  como país anfitrión. Si las relaciones se medirían por los impasses está claro  suponer que tras la última reunión de presidentes en la cumbre de Unasur celebrada en Surinam, estos no han sido superados como ha expresado abiertamente el presidente Morales. De ser así, no sería necesario enviar a tres ministros a Brasilia para estudiar el caso del senador Pinto. Quiere  decir que las resiliencias continúan bloqueando una normal y fluida relación diplomática.

No han valido mucho las explicaciones de la jefa de Estado de Brasil cuando dice que no estuvo de  acuerdo con el operativo para sacar a Pinto de Bolivia y, tampoco, pesa en la solución del impronte los relevos y castigos impuestos  a los funcionarios de la cancillería  brasileña.

Más allá de este cuadro poco alentador, un nuevo capítulo obstruye la normalidad. La revista Veja ha vuelto a publicar una denuncia que esta vez involucra al embajador de Bolivia en Brasil, Jerjes Justiniano, con el narcotráfico. Una fuente diplomático expresó la convicción de que la palabra correcta para calificar el momento que atraviesan  las relaciones con Brasil son “poco claras con actitudes altisonantes que no ayudan a superar la crisis”.

 

Asilo Diplomático

De conformidad al artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948), el asilo constituye un derecho humano fundamental. Además, está amparado por numerosas Convenciones Internacionales: la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961), la Convención de Caracas sobre  Asilo Territorial y Asilo Diplomático (1954) y la Convención  Interamericana de Derechos Humanos (1969).

Este marco jurídico ha determinado un compromiso y norma histórica entre los países de América Latina,  que los faculta, en ejercicio de su soberanía, a  conceder asilo a la persona que lo solicite. A su vez, ampara a que no deba  ser restringido ni limitado en su extensión bajo ninguna circunstancia.

Pese a estas obligaciones tan claras y definidas, el Gobierno de Evo Morales se empecinó en no dar curso el asilo otorgado por el Brasil, desconociendo normas fundamentales de convivencia internacional, argumentando que el senador Pinto debía enfrentar procesos en la justicia, lo que significa una interpretación unilateral que añade un enfoque de doble moral, en la medida que, simultáneamente, se solidarizaba y ofrecía asilo a Edward Snowden.


Etapas en la relación bilateral

La primera con Lula, período de mutuas simpatías y se tradujo en numerosas visitas de Lula a Bolivia, mientras Evo se refería a él como el “hermano mayor”. Durante este período el incidente más difícil de superar fue la ocupación militar de los campos gasíferos que explotaba Petrobras en Bolivia durante la denominada “nacionalización”. En aquel entonces la actual presidenta de Brasil ocupaba el Ministerio de la Casa Civil comparado con el de la Presidencia que a su vez tenía dos proyectos estrella: “Luz Para   Todos” y “Mi Casa, Mi Vida”, así como la definición de reglas para la explotación de pozos de petróleo del pre-sal. En ese mismo periodo Rousseff fue presidenta del consejo de directores de Petrobras.

Tras la nacionalización, Dilma encabezó una delegación de funcionarios brasileños para entrevistarse con el presidente Morales pero este no la recibió. La medida irritó a influyentes sectores políticos y económicos que consideraron el comportamiento boliviano como una afrenta. Por su parte, Brasil, en el marco de su estrategia de vinculación y desarrollo de infraestructuras, acordó sendos contratos para la agencia OAS, entre ellos la carretera de vinculación a través del TIPNIS, que se convirtió en el tema más polémico de la gestión de Evo Morales por sus consecuencias medioambientales y de desconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas.

Fue una etapa en que los asuntos y los problemas bilaterales se resolvían por vía rápida en un núcleo muy pequeño y directo asentado en el Palacio Quemado y Planalto. Además existía la fi gura del bolivariano Hugo Chávez, quien desde Venezuela realizaba un papel de buenos oficios y de mediador en favor de Evo Morales.

La segunda etapa comenzó con la ascensión de la presidenta Rousseff que restituyó el manejo de la agenda bilateral a Itamaraty. Más allá de la significación de este cambio, que en realidad devolvió la relación diplomática bilateral a sus conductos regulares, también coincidió con el surgimiento de una serie de problemas que ocasionaron un gradual deterioro de las relaciones, debido al manejo desproporcionado por parte del Gobierno boliviano. Entre estos asuntos espinosos se identifican el asilo otorgado al senador Pinto; la tensión por la prolongada detención de los hinchas del Corinthians en una cárcel orureña; el confuso alejamiento del último Embajador brasileño en Bolivia, Marcel Biato; la revelación de que aviones oficiales brasileños fueron  indebidamente inspeccionados en tres oportunidades por autoridades bolivianas y, ahora, la polémica salida de Pinto  y su acogida en Brasil.

La tercera etapa debiera iniciarse ahora con el imperativo de conducir apropiadamente una compleja agenda bilateral. Sería aconsejable superar problemas  y promover condiciones para el desarrollo de relaciones mutuamente fructíferas y respetuosas, principalmente el adecuado cumplimiento de los acuerdos de provisión de gas, el cuidado de la vasta frontera amazónica que comparten ambos países, reducir  el daño del narcotráfico y tantas otras razones.

Empero, este momento se inaugura con signos contradictorios. Mientras las autoridades de ambos países declaran que el desenlace de la crisis del asilo no influirá en las relaciones bilaterales, desde Bolivia se sigue escuchando voces estridentes y descomedidas en este aún incipiente clima de aire renovado.

Un aspecto que despierta graves interrogantes  es el operativo de traslado de Pinto desde la sede de la Embajada de Brasil en La Paz hasta la población fronteriza brasileña de Corumbá. Por qué en circunstancias tan delicadas  ningún servicio de inteligencia en Bolivia pudo detectar ni la preparación y ni el desarrollo del plan de extracción de Pinto de la Embajada y del territorio nacional hasta su llegada al Brasil. Cuesta admitir también que esta operación no haya sido cuidadosamente planificada y ejecutada con sumo esmero por la parte brasileña, más que – como se pretende mostrar – resultado de un plan inspirado por el circunstancial  jefe de la misión diplomática brasileña en La Paz, un funcionario de segundo nivel jerárquico, inspirado en aparentes motivos humanitarios, lo que resulta poco creíble, tanto por la estricta disciplina de Rio Branco y su destacado Servicio Exterior basado en estrategias precisas, cuanto por los elementos de seguridad y logística empleados en el traslado: vehículos, equipos armados, recepción en Corumbá y vuelo hasta Brasilia.

 

Las declaraciones presidenciales

Epílogo temporal de este nuevo incidente en las relaciones boliviano brasileñas son las declaraciones de ambos presidentes, elocuentes del temperamento y talante con los que conducen las relaciones político – diplomáticas de sus países. Mientras Morales pide explicaciones de rigor para aclarar la cuestionable  intervención brasileña en territorio boliviano, con su acostumbrado estilo espontáneo e hiriente lamenta que políticos brasileños protejan a corruptos, precisando que “si se condena este hecho,  entonces lo que toca a Brasil es devolver a Roger Pinto y que se someta a la justicia boliviana”. Esas declaraciones no cambiaron tras la reunión con Rouseff en Suriman Por su parte, Dilma Rousseff con ejemplar oficio y fineza diplomática parece complacer a todos. Considera “inaceptable” que Pinto saliera de Bolivia sin salvoconducto arriesgando su vida, apuntando reproches simultáneos a su intrépido diplomático y al Gobierno de Bolivia por su obstinación en no concederlo. De la misma manera lo hace cuando afirma que “en un país civilizado y democrático se protege a sus asilados”, comentario que pareciera apuntar a Bolivia, o como vulgarmente se dice: “al que le calce el guante que se lo chante”, además lamenta “que el asilado fuera sometido a la inseguridad”.

Nuevamente, surge la pregunta: ¿por quién? Ambas declaraciones son muestras de la dificultad de entablar un diálogo equilibrado.