Documentos prueban que fiscal Soza huyó al Brasil

Un documento, que supuestamente demuestra que Soza pidió refugio provisorio en el vecino país, data del 11 de marzo 2014 y tiene validez por 180 días.

Marcelo Soza, exfiscal que investigó el caso terrorismo durante varios años y que ahora está acusado de extorsión y de incumplimiento de deberes, habría viajado a Brasil para solicitar refugio político. 
Esa es la versión que ayer se divulgó por varios medios de comunicación y fue confirmada a EL DEBER por una fuente de la Policía Federal brasileña, que aseguró que le informaron por teléfono de que Soza había llegado a su país. Sin embargo, este medio no logró confirmarla a través de otras fuentes oficiales.
El documento, al que tuvo acceso Página Siete, que supuestamente demuestra que Marcelo Soza pidió refugio provisorio en el vecino país, data del 11 de marzo y tiene validez por 180 días, al igual que el otorgado al senador Roger Pinto.
Allí no sólo están sus datos personales, sino también aparecen sellos del Departamento de la Policía Federal de Brasil, sellos del 4º Oficio de Notas de Brasilia y las firmas de Marcos Tonelli Munhoz, agente de la Policía Federal, y de Alisson Jacinto de Moura, notaria del 4º Oficio de Notas del Distrito Federal.
EL DEBER se contactó con la Embajada de Bolivia en Brasil, desde donde se aseguró que no se tenía información al respecto.
En La Paz, la Embajada de Brasil informó ayer que no tenía información sobre la salida de Soza ni la llegada de éste a su país.
Adjunto a los documentos a los que tuvo acceso EL DEBER, Soza habría dejado un manifiesto (leer: Al pueblo de Bolivia), en el que ratifica el contenido de los audios que supuestamente destapan extorsión en el caso terrorismo.
“Si existe falsedad en esos informes es responsabilidad de quienes los hicieron. El soborno y la extorsión para comprar testigos falsos realizado por Carlos Nuñez del Prado”, indica parte de la carta de Soza.
Otra fuente consultada por este medio explicó que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) esperaba a Soza en la frontera, pero que éste habría realizado todo el trámite en Brasilia. Este dato no pudo ser confirmado con la ACNUR.
No es la primera vez que se dice que Marcelo Soza salió del país. En otras oportunidades se informó de que se encontraba a Perú, pero luego se presentó en el centro de La Paz para desmentir la versión. Incluso recordó que puede viajar al exterior pues no tiene orden de arraigo.

Con relación al caso extorsión, la senadora Carmen Eva Gonzales responsabilizó a los abogados de Soza y Moisés Ponce de León  por el uso abusivo de recusaciones  e incidentes.

Fiscalía  emitiría segunda orden
La Fiscalía departamental de Santa Cruz podría emitir la segunda orden de aprehensión si hoy no se presenta a declarar el exfiscal Marcelo Soza Álvarez, acusado de extorsionar a presuntos implicados en el caso terrorismo I, informó Williams Vilar, abogado de la senadora denunciante Carmen Eva Gonzales.
“Si Soza no se presenta mañana (hoy) ante la Fiscalía corresponde la emisión de una orden de aprehensión, así los establecen las normas, los fiscales no pueden permitir una burla más”, afirmó Vilar, quien denunció que Soza recusó en más de 12 oportunidades a autoridades judiciales de Santa Cruz y La Paz.
El 24 de febrero, la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz publicó un edicto de prensa para que Soza declare por el caso extorsión y -según procedimientos legales- deben pasar 10 días para que se presente, lo que significa que hoy tiene que brindar su declaración informativa.
El abogado del exfiscal del caso terrorismo, Moisés Ponce de León, afirmó anoche, en un contacto telefónico con PAT, que dialogó con su defendido antes de Carnaval y dijo no creer que haya salido a Brasil.

El exfiscal tiene tres procesos por delitos penales y administrativos

El exfiscal Marcelo Soza afronta procesos en La Paz, Santa Cruz y Sucre por diferentes delitos penales y administrativos. En ninguno de los casos se presentó a declarar bajo el argumento de que no fue notificado legalmente.
En Santa Cruz radica el caso extorsión de Soza a implicados en el caso terrorismo, que fue denunciado por la senadora de oposición Carmen Eva Gonzales. 
En este caso Soza recusó en dos oportunidades al exfiscal Gomer Padilla, pero ambas fueron rechazadas, posteriormente lo demandó. Luego recusó a los jueces que rechazaron su solicitud.
Pero en enero de este año, el fiscal general, Ramiro Guerrero, designó a Padilla como el nuevo director nacional de la Fiscalía de Sustancias Controladas y éste comenzó a trabajar en Sucre.
Ante ese cambio, el caso fue reasignado al fiscal Ángel Álvarez, quien a los pocos días de asumir la dirección de las investigaciones solicitó vacaciones. Ahora el caso está en manos de la fiscal Rosse Mary Barrientos.
Mientras que en La Paz radica el caso del audio extorsión, también denunciando por la senadora Gonzales, en el que presuntamente se escucha a Soza en una conversación que revela la relación de autoridades de Gobierno con el caso terrorismo.
Las investigaciones no avanzaron. El fiscal asignado al caso, José Villarruel, informó que una de las razones fue que el fiscal general no remitió los audios a peritos internacionales para que descarten o confirmen que la voz es de Soza. Otra de las razones  fue que el exfiscal mediante memorial solicitó que el caso que se investiga en Santa Cruz radique en La Paz. Al no tener una respuesta positiva, Soza recusó en ocho oportunidades a los jueces. 
El tercer proceso fue iniciado por la Fiscalía General del Estado, que a través de su oficina especializada en Persecución de Delitos de Corrupción presentó ante el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal de Sucre la imputación formal en contra de Soza, por el delito de incumplimiento de deberes en el caso terrorismo I. (B. L.)

Manifiesto

AL PUEBLO DE BOLIVIA

Estoy fuera del país y comunico con pesar que he solicitado asilo político a Brasil. Soy el boliviano con el Nº 747 que lo solicita, hecho que demuestra la crisis estructural del sistema de justicia de nuestro país.

Tomé esta decisión luego de valorar cuidadosamente los riesgos de una verdadera persecución política a la que he sido sometido por el hecho de haber servido a mi país siendo fiscal de materia en La Paz.

(…) El Gobierno hace oídos sordos y permite que se me persiga como un vulgar delincuente. El mismo Gobierno que durante años alentó mi acción investigativa en el caso terrorismo I y me pedía hacer una serie de acciones, hoy me hostiga y permite que se me persiga ilegalmente desde el Ministerio de Gobierno. Mi vida en cualquier cárcel de Bolivia corre riesgo.

(…) Autoridades del Gobierno me pidieron en muchas oportunidades que realice acciones investigativas que vulneraban derechos, a lo que siempre me opuse. También me pedían que incluya en esta investigación a líderes cruceños sobre los que no tenían ninguna prueba, y más bien se mostraban complacientes con otras autoridades de oposición con lo que habían logrado un acuerdo.

Estas autoridades que hoy callan ayer me pedían que colabore con sus fines políticos para lograr ciertos resultados. Esas acciones fueron las que consiguieron que se desnaturalizara la investigación.

Actualmente soy perseguido por varios juicios injustos, todos por el único hecho de haber dirigido la investigación penal del caso terrorismo. La senadora Carmen Eva Gonzales no ha dejado un solo día sin perseguirme, pidiendo mi detención. Todas las fuerzas de oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional se unían para atacarme. Durante los últimos 12 meses he sido perseguido como si fuera un vulgar delincuente. Siento que algunos funcionarios del Gobierno se han unido a la oposición para buscar mi detención.

¿Este es el pago que recibo? Usarme vilmente para sus intereses políticos y luego abandonarme en manos de la derecha, cuyo único fin fue destruirme. De la misma forma, fui grabado por funcionarios del Ministerio de Gobierno para que la oposición hiciera uso indiscriminado de esa grabación, para desprestigiarme.

Fui acusado de haber extorsionado a mucha gente, mi nombre fue utilizado por otras personas que se han aprovechado de esta investigación para enriquecerse, tal es el caso de Luis Norberto Clavijo, ministros y asesores del Gobierno. Así también como de abogados inescrupulosos de los propios investigados, este es el caso del Dr. Carlos Subirana Suárez. Ya llegará el momento para aclarar la verdad.

Finalmente digo al país que he intentado cumplir con mi misión como fiscal. (…) Todos los excesos que se han cometido no son de mi responsabilidad, como el operativo en el hotel Las Américas, donde murieron tres ciudadanos europeos. Esa es responsabilidad de las autoridades que llevaron adelante el operativo, quienes nunca me consultaron estas acciones. Yo me encontraba en La Paz.

Basé mi investigación en los informes de medicina forense elevados por el Dr. Torres Balanza, de balística y en los demás a los que tuve que someterme. Si existe alguna falsedad en esos informes es responsabilidad de quienes los hicieron.

El soborno y la extorsión para comprar testigos falsos realizado por Carlos Núñez del Prado no fue mi responsabilidad, tampoco lo es el manejo de las pruebas en los operativos de Las Américas y el atentado en el domicilio del cardenal. Estas acciones fueron dirigidas por autoridades del Ministerio de Gobierno. Existieron otras acciones que fueron decididas en el nivel político, sobre las que yo no tenía ninguna responsabilidad (…) Finalmente, pido a mis colegas del Ministerio Público y a los jueces del tribunal de sentencia, que pueda reconducir el mismo por los fueros de la justicia, la verdad y la legalidad. Bolivia necesita conocer la verdad de estos sucesos sin que medie ninguna forma de intervención, presión, engaño, derivado de los intereses políticos que intentan hacer de este proceso un instrumento de  confrontación