El 11 de septiembre lastima la memoria de los pandinos

A cinco años del suceso, Porvenir sigue herido y marcado. El proceso judicial avanza lento, pero aseguran que no están los principales responsables. Indígenas acusan retardación de justicia

María Suárez López (35) afirma que hasta septiembre de 2008 no tenía otra preocupación en la vida que atender a sus tres hijos y a su marido, pero todo cambió el 11 de ese mes. “¿Se imagina lo que es vivir en el paraíso y un día despertar en el infierno?”, expresa entre sollozos la viuda de Pedro Oshiro, en aquella época funcionario prefectural y la primera víctima mortal del enfrentamiento suscitado en la localidad de Porvenir, en Pando.

Hoy se recuerdan los cinco años de la denominada Masacre de Porvenir, cuando partidarios del entonces prefecto Leopoldo Fernández, por un lado, y campesinos, indígenas y estudiantes normalistas de línea afín al Gobierno del MAS, por el otro, chocaron en este municipio pandino con el resultado de al menos 13 víctimas fatales. El juicio comenzó en junio de 2010 y actualmente se encuentra en la etapa de producción de pruebas.

Lejana al proceso judicial, que se sustancia en La Paz, María Suárez solo está consciente de que ese “día maldito” perdió a su esposo. Sus hijos, Kazuo, Anderson y Raisa, que entonces tenían 8, 3 y 2 años, quedaron sin progenitor. “No hay justicia y lo peor es que nada va a reparar el hecho de que cada día mis hijos crecen sin padre, mientras que la persona que mató a Pedro está libre y feliz al lado de su familia”, exclama la mujer, con acento brasileño y en tono lastimero, mientras espera pasajeros al volante de la vagoneta con la que tuvo que aprender a manejar y utilizar como taxi para mantener a sus vástagos.

Marcados

Tristes también son los recuerdos de ese día para Dilo Banegas Becerra (56) -“nacido y criado en esta tierra”, afirma. “El pueblo entero se levantó al saber que Oshiro estaba muerto, porque era un hijo de Porvenir. Acá todos somos cazadores y el que menos tiene es un salón. Fue la reacción de un pueblo que fue agredido, humillado y perseguido”, rememora el vecino.

Banegas recuerda los días que tuvo que dormir en el monte, a la orilla de los caminos, cuando efectivos militares buscaban a los responsables de las muertes e ingresaban violentamente en los domicilios de los moradores. “Ahora llega gente del interior que cree saber la historia de ese día mejor que nosotros, que la vivimos. Lo peor es que nos consideran matones, racistas y regionalistas, cuando acá se abren los brazos a todos”, señala con vehemencia el vecino.

Heridas que no cierran

Desde el bando contrario, Gladys Fariña, presidenta de la Federación de Mujeres Amazónicas de Pando, recuerda “con desesperación, con mucha “atribulación” y profundo dolor” los sucesos del 11 de septiembre, cuando varios de sus amigos dirigentes campesinos e indígenas perdieron la vida tras el enfrentamiento en Porvenir y ella misma fue golpeada y obligada a esconderse para evitar agresiones.

“Hay todavía muchas incógnitas sobre el caso. Recuerdo mucho movimiento, humo por las calles, mientras la gente corría de acá para allá. Fui golpeada, maltratada y me persiguieron hasta mi casa. Fui la primera pandina que puso la cara por Evo y por el proceso de cambio”, señala la señora.

Si algo reclama Fariña es que no todos los culpables de la “masacre” están tras las rejas, como Leopoldo Fernández. “Hay gente que comía de la mesa del “cacique” y que ahora está comiendo de la mesa de las actuales autoridades de Pando. La masacre ocurrió por tres personajes: Leopoldo Fernández, Miguel Becerra (aliado al MAS en ese entonces) y Abraham Cuéllar (senador suplente de UN, pero aliado de Becerra en esa época). No veo participación del MAS”, señala la dirigente.

Vida que cambia

Al otro lado de la frontera, en el barrio Aeropuerto de Vila Epitaciolandia, Erasmo Soria, exsubprefecto de la provincia Nicolás Suárez, ya está habituado a su nuevo oficio como panadero, que le permite mantener a su mujer, a su hija y a su nieta.

“Como cristiano no guardo resentimiento ni rabia contra la gente que me obligó a dejar mi país, pero puedo decir que el Gobierno hizo cosas muy malas en Porvenir y esa gente deberá arrepentirse para ser perdonada”, manifiesta.

Desde el bando contrario, el dirigente indígena Juan Chamaro (actual diputado por el MAS) también recuerda el “día sangriento” en el que murieron sus amigos, conocidos, mientras que varios de sus primos y otros familiares resultaron heridos a balazos y golpeados.

“Los campesinos no guardamos resentimiento por todo lo que pasó. La gente de Porvenir malinterpreta que íbamos a enfrentarlos, pero no había un plan armado. Hay cosas que se descontrolaron y por eso es necesario que el juicio determine las responsabilidades e identifique a los culpables”, concluye

Sobre el tema

Anuncian un acto para hoy

Varias organizaciones recordarán a los caídos del 11-S en un acto que se desarrollará frente al monumento levantado por el Gobierno en Porvenir (f). Se espera la presencia del vicepresidente Álvaro García Linera.

Quintana lamenta retraso

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, condenó  la negligencia de los operadores de justicia por demorar cinco años el proceso de la masacre de Porvenir y dijo creer que la sentencia para los acusados recién se conocerá el primer semestre de 2015. /ABI

Ponen plazo para presentar pruebas

Mary Carrasco, abogada de las familias de los campesinos, indígenas y normalistas que murieron en Porvenir, indicó a EL DEBER que, a pesar de la lentitud del proceso penal, está segura de que la presentación de pruebas concluirá en diciembre y entonces el juicio se agilizará.

“El proceso está en la etapa más importante, que es la de producción de pruebas, ya que sin pruebas no hay sentencia. Ya hubo demasiados actos maliciosos de retardación de justicia por parte de los acusados y, aunque los plazos procesales no se cumplen pese a todos los esfuerzos, creo que hasta diciembre estaremos concluyendo”, manifestó la abogada.

Carrasco señaló que los afectados saben que ningún veredicto les devolverá a sus muertos, pero quieren una condena para que estos hechos nunca se repitan.

Análisis

Fue una disputa por  el poder
Waldo Albarracín – EXDEFENSOR DEL PUEBLO

Los sucesos del 11 de septiembre, cuando se produjo la masacre a los indígenas en Porvenir, es un caso que no ha terminado de esclarecerse, más allá del juicio que se está llevando a cabo. Vemos en medio muchos intereses políticos. Incluso, el tribunal de sentencia afirmó claramente que se trata de un caso político. El conflicto en sí mostraba una disputa sobre espacios de poder entre el Gobierno y los poderes locales del departamento de Pando, como el Comité Cívico y la Prefectura.

En esta disputa por el poder entre estamentos poderosos, valga la redundancia,  terminaron pagando las consecuencias los más humildes, quienes pusieron los muertos y heridos y fueron víctimas de esta disputa irracional.

Lamentablemente el juicio se está demorando y no sabemos hasta ahora cuándo se empezará a hacer justicia.

También vemos que no todos los responsables están siendo objeto de procesamiento penal.

Este problema de retardación en la justicia tiene varias causas, pero las principales son porque el Órgano Judicial no está a la altura de los requerimientos del país, es burocrático, corrupto y no muestra voluntad ni iniciativa para solucionar este problema y garantizar procesos rápidos; por otro lado, el procedimiento en el juicio hace posible dilatarlo a través de maniobras de los abogados.

Este hecho nos deja como enseñanza que la violencia es una experiencia negativa para solucionar cualquier controversia, pero especialmente que, en el afán de acaparar poder, los estamentos políticos no miden consecuencias y hacen que los humildes terminen pagando la factura.