La corta mano de la justicia en caso Octubre negro
El matutino Página Siete refleja en su caricatura de este viernes que a diez años de la masacre de octubre de 2003, la justicia boliviana aún es incapaz de extraditar al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a sus dos ministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague para que sean juzgados por la muerte al menos 70 personas.
Un primer intento de extradición fracasó, ya que el Departamento de Justicia de Estados Unidos alegó incompatibilidad en las legislaciones de los dos países respecto a los delitos por los que la justicia boliviana reclama al exmandatario y a sus excolaboradores Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague.
El trámite de extradición emprendido por la justicia boliviana, que comenzó en 2008, fue rechazado por Estados Unidos el 6 de septiembre de 2012. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo de Justicia impulsaron un segundo trámite para extraditar al exmandatario, esta vez subsanando las observaciones realizadas por el Departamento de Estado.
El fiscal general, Ramiro Guerrero, viajó en pasados días a Estados Unidos para contratar al bufete de abogados Rabinowitz Boudin, a un traductor de la solicitud de la extradición y se reunió con el fiscal adjunto de los EEUU, Bruce C. Swartz, a quien proporcionó toda la información sobre la solicitud de extradición de Sánchez de Lozada y sus dos exministros, además, dijo que dialogaron sobre temas de cooperación jurídica internacional entre ambos países.
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