La Fiscalía pide 10 años para Gabriela Zapata

La Fiscalía presentó ayer la acusación formal contra Gabriela Zapata, exnovia del presidente Evo Morales, por legitimación de ganancias ilícitas y otros cinco delitos, por los que enfrenta una pena máxima de 10 años de cárcel. También fueron imputadas otras cinco personas, incluidas su exabogado Walter Zuleta y la exfuncionaria Cristina Choque.

El fiscal departamental de La Paz,  Edwin Blanco Soria, explicó que ahora se espera que la autoridad jurisdiccional señale día y hora para que dicte el auto de apertura de juicio oral a fin de emitir sentencia condenatoria en contra de los ahora acusados, según establece el artículo 365 del Código de Procedimiento Penal.

El objetivo de la Fiscalía es buscar una sentencia que los “condene con la pena máxima”, que en este caso es por el delito de legitimación de ganancias ilícitas cuyo castigo es 10 años de cárcel.

Zapata es acusada por los delitos de asociación delictuosa, legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas, y uso indebido de bienes y servicios públicos, todos en el grado de autoría.

“No vamos entrar en detalles porque es un pliego de acusación fiscal que tiene un sustento probatorio. Por supuesto, esto está plasmado dentro de la autoría, ya no de la probabilidad. Será, pues, el tribunal que emita una sentencia confirmando o rechazando la posición del Ministerio Público”, manifestó Blanco.

De acuerdo con el Código Penal (CP), entre los delitos que se le imputan y considerando que el Ministerio Público solicita que se condene a Zapata con la pena máxima, sería la privación de libertad de 10 años por el artículo 185 del CP, legitimación de ganancias ilícitas, que según el cuerpo legal se sancionará con una condena de entre 5 a 10 años. En el sistema penal boliviano no existe sumatoria de penas.

Los otros crímenes de los que se la acusa por los artículos 132 (asociación delictuosa) se sanciona con una pena de entre seis meses a dos años; 199 y 203 (falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado) 1 a 6 años, y el 228 (contribución y ventajas ilegítimas ) de 1 a 3 años, todos del Código Penal

En tanto la exfuncionaria Pastora Cristina Choque Espinoza,  la máxima pena que recibiría, de ratificarse la acusación de la Fiscalía en el pleno jurisdiccional, sería de 8 años por el artículo 146 del Código Penal (uso indebido de influencias) que establece una sanción privativa de libertad de 3 a 8 años.

También se la acusa por los delitos de asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios públicos, en el grado de autoría por permitir que Zapata utilice las oficinas y movilidades de Gestión Social para fines ilícitos.

Quintana

Respecto a la situación del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien en reiteradas oportunidades fue denunciado por Gabriela Zapata y Cristina Choque de ser el principal involucrado en el caso de tráfico de influencias, e incluso se dieron a conocer unos supuestos mensajes que habrían intercambiado la principal imputada y la autoridad, se indicó que la investigación concluyó y que no hay otros responsables que los que están en el pliego acusatorio.

“Hemos cumplido, hemos determinado todos los grados de autoría, de participación, ahora corresponde a la autoridad jurisdiccional emitir su criterio…”, finalizó Blanco.

LOS OTROS CUATRO ACUSADOS

Jimmy Ysrael Morales Cuba (chofer) por los delitos de asociación delictuosa; incumplimiento de deberes, y uso indebido de bienes y servicios públicos.

Ricardo Abelardo Alegría Sequeiros por asociación delictuosa; legitimación de ganancias ilícitas en grado de autoría, por realizar entre noviembre de 2013 y febrero de 2014, cinco depósitos que suman cerca de 10.000 dólares a la cuenta de Zapata.

Alegría, Zapata y Choque, sostuvieron extensas reuniones en oficinas estatales desde el 30 de septiembre de 2011.

Carlo Marvin Ramírez Aramayo, socio de Zapata, por los delitos de asociación delictuosa, en grado de autoría, además de uso indebido de bienes y servicios públicos, en grado de complicidad

Por último, Walter Humberto Antonio Zuleta Buitrago (abogado), por los delitos de asociación delictuosa debido a que sostenía reuniones en la Unidad de Gestión Social con los coimputados. Será juzgado en rebeldía.