La Haya de principio a fin. El contrapunteo mentiroso de los alegatos

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Análisis de contenido de la postura de los equipos y medios chilenos que se dieron cita en La Haya.

Una de las ideas motoras que utilizó la delegación chilena que concurrió a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, fue la declaración del presidente chileno Sebastián Pinera que desde su país el mismo lunes 19 cuando los delegados de ambos países comenzaron a ocupar sus asientos en tribunal, dijo que “Chile no tiene temas limítrofes pendientes con Bolivia y, por lo tanto, no tiene ninguna obligación de negociar temas limítrofes”. Los grandes diarios chilenos hicieron coro del dicho y emprendieron una ofensiva inusual contra la delegación boliviana encabezada por el presidente Morales. Luego, en sus ediciones posteriores, partieron la torta en un pedazo para distribuir márgenes de ofensa en la misma línea utilizada por el jefe de Estado chileno. Tras la apertura de los alegatos, que estuvo a cargo del agente Eduardo Rodrigue Veltzé, los voceros chilenos repartidos entre su delegación y sus equipos de prensa dijeron que Bolivia había iniciado una exposición “agresiva con tintes de carácter político más que jurídico”.

Aunque esa aseveración sea falsa y tendenciosa, no cambio más tarde la postura en la línea de ataque. Los diarios chilenos arremetieron contra la presencia del presidente Morales -enfocando  un directo responsable por un juicio que incomoda sobremanera a Chile-. La animadversión hacía carne en la figura del mandatario boliviano que no dejó de hacer declaraciones y twittear en una franja que tampoco agradaba a los medios chilenos. “Cuando apareció Evo Morales en un auto con escolta motorizada para ingresar a la Corte, marcó un hecho absolutamente fuera de lo normal. Los mandatarios no suelen asistir a presenciar los alegatos de los juicios en que sus países están involucrados. Quienes conocen el tradicional y estricto protocolo de la Corte señalan incluso que no es bien visto”, escribió el diario El Mercurio. La discutida comparecencia del mandatario boliviano a la Corte, según los medios chilenos, mereció además miradas de soslayo de la delegación acomodada al otro lado de la sala, por su concurrida delegación.

Puestos los ojos de atención, la media del vecino país impertérrita siguió descalificando con ironía y desdén a los bolivianos que habían viajado a La Haya, acompañando la delegación oficial. “Otro punto que llamó la atención es que mientras  la Corte recibió una delegación de 31 chilenos, Bolivia se presentó con 45 personas, incluido uno con casco de minero, Juan Carlos Guarachi, de la Central Obrera Boliviana. Algunos de los presentes no pudieron evitar tomarle disimuladamente fotografías”, ironizó el influyente El Mercurio. El mismo diario observó que desde las primeras horas se habían dado cita en las proximidades de la CIJ grupos de bolivianos que fueron desalojados por las fuerzas de seguridad, aunque poco después modificó su versión indicando que “fueron admitidos”.

 

Deformación de la historia

Más allá de estas consideraciones curiosas y banales de los que se encargaba la prensa chilena, la exposición de los juristas que defienden al Estado boliviano en esta causa, incomodaba a la delegación chilena, mientras transcurrían sus exposiciones. El primero en ocupar la tarima fue Eduardo Rodriguez Veltzé. El delegado leyó su intervención en inglés alrededor de 25 minutos. En ese tiempo señaló que “Bolivia no le pide a esta Corte que determine las modalidades específicas del acceso soberano al mar, simplemente pide a esta Corte que Chile regrese a la mesa de negociación de buena fe y de manera acorde con sus compromisos reiterados en varias ocasiones a Bolivia para poner fin a una situación de enclaustramiento o falta de acceso al mar”.

El expresidente boliviano cuidando los límites por el mismo permitidos se refería a una salida negociada y en paz, pero fue presentada por los adversarios en la contienda con otro propósito. Para enmascarar una dureza inexistente.

“A partir de ese momento -escribió el diario de la capital- la exposición se volvió cada vez más de corte político que jurídico”. Un nuevo desliz. Tampoco esa apreciación de análisis correspondía objetivamente a la realidad. Es evidente que Rodriguez Veltzé acompañó sus alegatos indicando que había un país vigoroso que seguía a través de pantallas gigantes este momento histórico. Empero, la conceptualización de sus palabras no admitía argumentos ni mucho menos consideraciones políticas, reflejó, eso sí, un sentimiento nacional que en ese momento se vivía en Bolivia.

El Mercurio completó así un análisis sesgado de las consideraciones del delegado boliviano. Dijo el diario: “Dio a entender que Bolivia fue víctima de una agresión que le generó un desmembramiento territorial”. Nuevamente la conclusión del diario  se enmarcaba en las declaraciones previas del presidente Sebastián Piñera. En tono irónico, como tomando poco apunte al juicio y deformando la historia, el presidente chileno llegó a decir que “Antofagasta nunca fue de Bolivia”.

La deformación de los hechos de la Guerra del Pacífico se había convertido ya en una constante. Quizá permitido en un circuito político cercano al mandatario chileno, pero que no debió pasar advertida en la lógica de un grupo de periodistas que se imponen la obligación de informar la verdad a la opinión pública.

Más adelante, sobre los efectos reales de la guerra, el delegado boliviano puntualizó que “el régimen  de tránsito comercial bajo el Tratado de 1904 no es exactamente un cuento de hadas, sino que impone condiciones significativas y costos grandes para Bolivia”. En contraposición, los medios chilenos atinaron a concretar un contrapunteo de ataque. El Mercurio volvió a salir al frente. Citó al canciller Roberto Ampuero que sobre la exposición del delegado boliviano puntualizó: “No se refirió a las razones del origen de la guerra. No dijo que Bolivia rechazó la intervención de un tribunal para que pudiera dirimir de forma pacífica las diferencias entre ambos países. También dejó de lado el hecho de que fue Bolivia la que expropio y ocupó empresas que trabajaban en la región”.

El mismo canciller chileno citado por el diario capitalino tergiversó con ironía: “Bolivia tiende a olvidar las facilidades perpetuas que Chile le otorga”; luego el mismo diario completo la temida oratoria diplomática del responsable de las relaciones internacionales de Chile: “(…) con exenciones impositivas, almacenamiento de mercaderías de manera gratuita en puertos y con inversiones de 400 millones de dólares en infraestructura”, arrojó el diario como conclusión.

El duro alegato de la abogada francesa

Considerada por la delegación chilena y por los medios de ese país la más dura en sus alegatos, la abogada Monique Chemillier Gendreau, expuso con refinamiento jurídico los elementos  esenciales de la demanda. Ya la parte chilena se encargó de minimizar los contundentes argumentos de la jurista francesa. “Chile ocupa en febrero de 1879 el puerto boliviano de Antofagasta, después se hace con los demás puertos de la costa boliviana y de las pequeñas poblaciones de Calama y San Pedro de Atacama; el centro minero de Caracoles también acaba cayendo”, dijo ante el tribunal. En tono de sorna la prensa de Chile precisó que “se calificó a Chile de invasor”. Además, señaló como parte del libreto que “el equipo chileno consideró que esta exposición revela una debilidad del equipo boliviano al no poder dejar de aludir al tratado de 1904 ni a lo ocurrido en 1895 que no puede ser considerado un tratado que entró en vigor”. Hacía referencia  a la parte en la que Chemillier recordó al tribunal declaraciones “del ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Bello Codesido, quien considera la demanda de Bolivia legítima y responsable; su afirmación tiene más peso porque había sido el signatario del Tratado de Paz de 1904”.

Los alegatos del abogado español Antonio Remiro Brotóns generaron nuevamente una veleidosa reacción chilena. En una parte de su exposición, quien es considerado el artífice de la demanda boliviana dijo que “para Chile ninguno de estos instrumentos o declaraciones sobre las que se fundamenta Bolivia, de negociar el acceso soberano al Océano Pacífico cumple con las condiciones de las reglas pertinentes del derecho internacional y por ende esta obligación simplemente no había jamás existido. Según la parte adversa todo habría sido simple y únicamente platical building, apertura política o algo de ese estilo; los intitulados de los capítulos de la duplica de Chile constituyen en ese respecto una letanía deliberada de denegaciones”.  Semejante contundencia del magistrado español solo encontró la permanente acción que enmarcaron los ataques. Citando al asesor chileno Luis Winter el diario citadino se preguntó: ¿De dónde emana esta supuesta obligación de negociar? Y, finalmente, a modo de negación señalo que la “revisión de los tratados no está permitida en el derecho internacional, salvo que las dos partes estén de acuerdo”.

Sería muy largo y nos tomaría páginas enteras seguir describiendo esta desconexión deliberada de la prensa y la delegación chilena a los alegatos fundamentados con pruebas de alto valor histórico aportados por los abogados del equipo boliviano.

Llama la atención esta postura de que se están falseando los datos intrínsecos de la historia que son reflejo de la memoria colectiva de un pueblo. La pregunta que habrá que hacerse es ¿a quién favorece semejante lectura distorsionada de la realidad?

 

El colofón

Como si fuera poco la presencia de periodistas de El Mercurio en La Paz y Santa  Cruz completó la corriente tendenciosa. Una nota del mismo diario cuando se instalaba la Corte reflejó las opciones reales que tiene Bolivia de salir al mar por el Atlántico, sin necesidad del tedioso pleito contencioso en La Haya. Los periodistas chilenos se dieron a la tarea de generar controversia entre La Paz y Santa Cruz. Dieron a entender que existen diferentes criterios y percepciones respecto a un acceso al mar y el comercio marítimo; abaratar fletes y costos portuarios. Citando fuentes en off se lanzaron a la tarea. “Aunque la mayor parte de los bolivianos apoya que se concrete una salida al mar, el Océano Pacífico no es ni la única ni la más factible de las opciones”.

“¿Por qué nos esforzamos tanto allá en algo tan difícil, si acá lo tenemos tan fácil? Es una cosa que el común de la gente siente”, expresó -según El Mercurio- un reconocido abogado boliviano residente de Santa Cruz de la Sierra, que prefiere mantener su nombre en reserva, y que explica que, en esa zona, la aspiración apunta hacia el Atlántico”.

Poco después, el diario sacaba sus conclusiones: “Bolivia ha recibido varios ofrecimientos, siendo quizás el más importante el de Puerto Busch, un puesto militar boliviano ubicado en el extremo este del país, dentro del departamento de Santa Cruz. Con 48 kilómetros soberanos de la ribera del río Paraguay, el territorio ofrece la entrada al cauce que conecta después con el Paraná para desembocar en el Océano Atlántico. Desde ahí actualmente salen barcazas que exportan soya, una de las principales economías de la región”, dijo el diario chileno.

Detalló a continuación que “cinco países han ofrecido alternativas a Bolivia para acceder al mar. La particularidad de esta opción (se refiere a puerto Busch) es que desde ahí la producción puede ser exportada sin depender de un puerto de reembarque en otro país”. A reglón seguido el diario consideró la opinión de varios expertos y académicos que refrendaron esa moción.

“En la práctica, es una inversión cero para aprovechar casi 50 kilómetros que les permitirían efectivamente poder salir con una navegación fluvial hacia el Atlántico”, dijo el diario. Y para poner en entredicho al presidente Morales, planteó el recurso político al que tanto se aferran los bolivianos como si fuera una marca país. “La iniciativa de construcción del puerto estaba incluida inicialmente en el programa de Gobierno de Evo Morales, pero a la fecha no se ha concretado, a pesar de que se trata de una propuesta especialmente atractiva para la zona debido a su relevancia en materia económica y su alto nivel de producción agrícola”, siguió sumando en el pleito.

Y como colofón volvió a sus fuentes en off: “Para exportar, nosotros tenemos que atravesar el continente: Un productor tiene que sacar su producción hasta Arica y subirla al barco. Imagina el ahorro del costo de transporte si salimos a la frontera con Brasil a Puerto Busch. Esto lo tenemos por tratado, no necesitamos pedirle permiso a nadie. ¿Por qué se pelea tanto eso de allá y no esto?”, agrega el abogado cruceño, citado por El Mercurio.

 

 

Los tres escenarios posibles

Han concluido los alegatos de Bolivia y Chile en La Haya la sede holandesa de la Corte Internacional de Justicia el juicio en que Bolivia le demanda a su vecino del sur negociar su salida al mar. Esa ha sido la base y sustentación que el equipo de juristas planteó en el tribunal. En el caso boliviano hay de antemano un sentimiento de triunfo que se ha reflejado en todos los círculos y ambientes por donde pasa el presidente Morales, principal figura y vocero de la cauda boliviana. Ya lo dijeron los medios chilenos que su presencia en La Haya no se estila y que es incluso mal vista. Puede ser una forma conservadora de seguir  el devenir de los acontecimientos históricos y, especialmente este en el que el mandatario refuerza su popularidad tanto en Bolivia como en el mundo. Entretanto, se conozca el fallo nada se ha dicho sobre la postura del Perú, la otra parte involucrada en el pleito. En cumplimiento del tratado de 1929, este país deberá intervenir en caso se negociara la eventual salida al mar para Bolivia por territorios que antes fueron peruanos.

El principal fundamento del equipo chileno en La Haya ha sido atenerse sin un trazó de línea más allá al Tratado de 1904. “Válidamente celebrado y plenamente vigente”.  Según  los juristas que atendieron la causa del lado chileno ese tratado ha resuelto el trazado de fronteras entre los dos países y, por lo tanto, no hay nada que discutir. El argumento más usado por la parte boliviana ha sido enumerar todas las veces que Chile se comprometió a negociar una salida negociada. Ya en 1975, cuando se dio el llamado “Abrazo de Charaña”, entre Banzer y Pinochet, Bolivia ofreció en compensación de una salida al mar, recursos hídricos y gas. En aquella ocasión el Perú propuso un “territorio de soberanía compartida por los tres países en el litoral de Arica”. Como sabemos todo quedó en nada hasta que el presidente Morales decidió acudir a La Haya para escribir un capítulo definitivo de tan agitada historia.

La guerra del Pacífico y el Tratado de Paz de 1904 significaron para Bolivia la pérdida de su costa y de 120.000 Km2 de territorio. Transcurrido el tiempo Bolivia buscó mecanismos para anular ese tratado mediante conversaciones bilaterales. Todos los presidentes bolivianos se acordaban del mar cada 23 de marzo y de ahí la agenda con el vecino no pasó de ser anecdótica; hasta la guerra del Gas (2003) que depuso a Sánchez de Lozada cuyo Gobierno había adelantado negociaciones para exportar gas a Chile. La revuelta popular que culminó con su huida después de una semana de conflictos se prolongó por una semana. En 2006 se hizo cargo del Gobierno Evo Morales y el entonces presidente de Chile Ricardo Lagos lo visitó anunciando una nueva de relaciones. Confiando a su instinto político, Evo impulsó la conformación de comisiones que trabajaron en varias direcciones de la relación bilateral, pero cuando se abordó el tema de “mar con soberanía”, los chilenos abandonaron la mesa del diálogo. En 2013, Bolivia cambio de estrategia. Presentó una demanda contra Chile ante la CIJ, sustentando que este último habría asumido -por distintos actos bilaterales y unilaterales- la obligación de negociar un acuerdo que le permitiera a Bolivia el acceso soberano al mar. En este sentido, Bolivia solicitó a la Corte que declare tal incumplimiento y establezca el deber de Chile de negociar de buena fe una alternativa de acceso soberano al mar.

 

El fallo se conocerá el segundo semestre de este año

Luego de cinco años de litigio, acaba de culminar la fase oral y última del proceso, abriéndose tres posibles escenarios. El primero, es que la Corte falle en contra de Bolivia, lo cual no solo mantendría el estatus quo, sino que Bolivia perdería su única opción de una solución judicial y obligatoria para Chile.

El segundo, es que la Corte le dé la razón a Bolivia, con lo cual Chile se vería jurídicamente obligado a negociar de buena fe una salida al mar. Si ambos países llegaran a un acuerdo que implicara un acceso de Bolivia al mar por Arica, el Perú tendría que participar de tal acuerdo, según el Protocolo Complementario del Tratado de 1929.

Pero si no llegaran a acuerdo alguno, se mantendría el estatus quo existente. No olvidemos que, según la propia Corte Internacional de Justicia, la obligación de negociar no implica la obligación de llegar a un acuerdo o resultado específico. El resultado lo sabremos en el segundo semestre de este año. En todo caso, el Perú debe estar preparada para afrontar las consecuencias de cualquiera de estos escenarios.

 

 

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