La reforma de la justicia pasa por la modificación de 7 leyes

La reforma del sistema judicial requiere la modificación de al menos siete leyes y la redacción de otras dos normas, según la conclusiones de la Cumbre de Justicia.

Una comisión especializada se hará cargo de darle seguimiento a las conclusiones del encuentro nacional realizado en Sucre.

De acuerdo con las conclusiones de las mesas de trabajo de la Cumbre de Justicia, se deben cambiar  las leyes del Órgano Judicial, del Tribunal Constitucional, de Código Procesal Constitucional, de Deslinde Jurisdiccional,  de la Abogacía, de Régimen Disciplinario de la Policía y del Ministerio Público.

Asimismo, plantea la necesidad de aprobar la Ley de Acceso a Información Pública y otra norma que admita como pruebas las filmaciones y grabaciones en delitos de corrupción.

Los abogados constitucionalistas Arturo Yáñez y Carlos Alarcón coincidieron en que los pedidos de modificar normas y la aprobación de leyes y reglamentos tienen la finalidad de introducir determinados temas que vayan en beneficio del Gobierno.

Yáñez dijo que la modificación de leyes de reciente aprobación demuestra que “los legisladores no se toman en serio ni los toman a ellos en serio, y que las leyes no fueron sometidas a un proceso adecuado de análisis” y que el objetivo es reformar la Constitución “vaya a saber con qué fines”.

Su colega Carlos Alarcón  señaló que antes de plantear cualquier modificación a una norma lo  primero que se debía realizar es un análisis  técnico a profundidad, para identificar qué falló en la aplicación de cierta norma.

“Se debían ver los cambios adecuados, en cada caso también se debe analizar a profundidad la política que está detrás del cambio de esa norma y ver la consistencia que tiene esta política en función de fines, valores y objetivos que se quieren salvaguardar; cuidado que en vez de que una ley beneficie sea perjudicial”, dijo el jurista.

La ministra de Justicia, Virginia Velasco,  informó el fin de semana que una comisión especial, conformada por representantes de los órganos Judicial, Ejecutivo, Legislativo, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público se encargará de implementar las conclusiones de las seis mesas de trabajo.

“Se va a discutir, debatir jurídicamente y técnicamente; son seis ejes temáticos que se ha trabajado bastante, esto va ser un proceso de implementación de corto, mediado y largo plazo”, afirmó Velasco. La primera reunión está prevista para mañana.

Aclaró que no hay un plazo para hacer estas reformas.

Apertura de  la  CPE

• SanciónUna comisión especializada analizará la posibilidad de abrir la Constitución Política del Estado, para dar legalidad a la sugerencia del vicepresidente Álvaro García Linera, aprobada por la cumbre de justicia, de instituir la pena de cadena perpetua para la violación de niños seguida de muerte, porque con la actual estructura constitucional esa figura no es viable.
• ComisiónLa ministra de Justicia, Virginia Velasco, dijo que la comisión tendrá representantes de la Asamblea Legislativa, del Ejecutivo, del Órgano Judicial, de la Fiscalía General del Estado, del Consejo de la Magistratura, universidades y la Policía. Mañana se hará una primera reunión.

Surgen más críticas sobre la cadena perpetua

Página Siete / La Paz

Además de la Iglesia Católica, el abogado constitucionalista Carlos Alarcón y opositores rechazaron la decisión de la Cumbre de Justicia de incluir en la normativa boliviana la figura de cadena perpetua.

El constitucionalista Alarcón calificó la decisión de incluir la cadena perpetua en casos de violación a menores, seguido de muerte, como un acto “inviable”, también “innecesario” e incluso “regresivo”.

El senador Murillo dijo que la incorporación de esa figura busca modificar la Constitución para hacer posible otra reeleción de Evo Morales.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, indicó que si el Gobierno decide aplicar la cadena perpetua para sancionar a aquellas personas que abusen de niños es necesario modificar la Constitución Política del Estado, según urgentebo. La Carta Magna establece que en Bolivia “la máxima sanción penal será de 30 años de privación de libertad, sin derecho a indulto”.

“Se tiene que abrir necesariamente si se quiere incorporar una pena mayor para aquellos delincuentes que cometan ese delito de violación con posterior muerte del abusado. Tiene que abrirse la Constitución, no hay otra”, opinó Jiménez.

Asimismo, el presidente del Colegio de Abogados de Cochabamba, César Cabrera, anunció que como una forma de protesta, este martes realizarán un paro de brazos caídos de 60 minutos, de 11:00 a 12:00 del mediodía, medida que esperan se cumpla en el país.

Un examen psicológico a candidatos judiciales asdf

Los postulantes a cargos judiciales deberán someterse a un examen psicológico y también deben cumplir otros 17 requisitos, señala una las conclusiones de la Cumbre Judicial que concluyó el fin de semana.

“Examen psicológico que demuestre los rasgos de su personalidad, que confirmen si el candidato es apto para desempeñar estas funciones”, es uno de los 18 requisitos que deben cumplir los postulantes a cargos judiciales.

La  Constitución actualmente  establece ocho requisitos como el no pertenecer a organizaciones políticas, tener 30 años de edad, poseer título de abogado, haber desempeñado  con honestidad y ética, haber ejercido funciones judiciales,  ser de profesión jurista o docente    durante ocho años y no contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura.

Los actuales magistrados fueron electos, por primera vez  en la historia de Bolivia, por voto popular  en octubre de 2011. Concluirán su mandato el próximo año.

En ese marco, la Mesa Uno de la Cumbre Judicial decidió que la Asamblea Legislativa elabore en un plazo de 120 días un reglamento de preselección  de candidatos de carácter público, que incluya la participación de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, las organizaciones sociales, instituciones académicas e instituciones representativas de la población.

Los requisitos que plantea la Cumbre son  que los candidatos demuestren que tienen capacidad, experiencia, idoneidad, probidad, meritocracia, eficiencia, destreza y celeridad. Además de honorabilidad, compromiso social y otros.