Las cárceles en Bolivia: Una verdadera bomba de tiempo

En la cárcel cruceña de Palmasola conviven asesinos reincidentes, narcotraficantes, violadores peligrosos y atracadores a mano armada. Pero además, en el interior de todos los centros de reclusión en Bolivia hay niños que acompañan a sus padres y/o madres durante el tiempo que dura su reclusión. De acuerdo a datos divulgados por la propia dirección penitenciaria que depende del Ministerio de Gobierno viven junto a sus padres alrededor de 1.056 niños en edad escolar, quienes salen cada día de la cárcel para asistir a centros de educación próximos a las prisiones. Son los denominados “niños-presos”, que viven expuestos a la violencia sexual al interior de los penales. En casi la totalidad de las cárceles en Bolivia existen guarderías infantiles donde pasan parvulario menores de 5 años. El futuro que les espera a estos niños es incierto. Uno de ellos contó que en la cárcel se siente seguro porque su padre “al menos gana algún dinero para el sustento de la familia”. Los negocios más lucrativos en las cárceles son el tráfico de drogas, las extorciones entre los mismos internos y otros tipos de actividades ilícitas.

Si bien en cada uno de estos centros de reclusión existen marcados niveles económicos, el status de un detenido está condicionado por las relaciones acumuladas que mantiene con el resto de la población penal y con las llamadas autoridades de la custodia. Hay detenidos que han hecho verdaderas fortunas en las cárceles comandando el negocio de los autos robados, solo para poner un ejemplo.

En la cárcel de San Pedro de La Paz, el sector denominada La Posta es conocido por el confort en el que viven los detenidos. Allí se encuentra recluido por ejemplo el ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, y el ex comandante de la Policía Nacional, Walter Osinaga. Los días domingos este sector de la cárcel se convierte en una verdadera feria. Variados platos de comida criolla e internacional son ingresados por los familiares de los reclusos. Durante los días soleados es común que los detenidos ocupen mesas y sombrillas para compartir con las visitas. Lo mínimo requerido para acondicionar una celda con alguna comodidad en el sector denominado La Posta es de US $2.000. Los muebles muchas veces corren a encargo del mismo detenido: “depende mucho de la gobernación para que en las celdas se acondicionen refrigerador, televisión y computadora”, dice un detenido en La Posta.

En La Paz, el frío propio del lugar hace que el régimen penitenciario sea más cerrado y hasta ventajoso para el detenido. No existen las rondas nocturnas o el control entre los propios internos. Algo similar ocurre en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. Situada a 4.000 msnm fue construida en la década de los años 90 para recluir a narcotraficantes y delincuentes peligrosos. A pesar de las medidas de control que ejerce la custodia en los días de visita – únicamente los días sábado- las requisas e inspecciones encuentran con frecuencia armas blancas y hasta armas de fuego en las celdas de los detenidos. Nadie quiere establecer una conexión ni niveles de complicidad con la gendarmería. Pero, sin lugar a dudas, se trata de una de las cárceles más inhóspitas que se han construido en Bolivia. Las celdas están franqueadas por barrotes de metal y no existe conexión entre las diferentes secciones para evitar los ajustes de cuentas, aunque de vez en cuando se ha hecho común escuchar que algún detenido ha sido ajusticiado.

En Chonchocoro están detenidos Luis García Meza y Luis Arce Gómez, presidente y ministro del Interior, respectivamente, del último gobierno de facto. También está detenido en esa cárcel el gobernador de Pando Leopoldo Fernández, que a pesar de tener una orden judicial para ser trasladado al panóptico de San Pedro, cumple detención en esa cárcel donde además guarda reclusión el  coronel de policía Blaz Valencia, acusado de perpetrar uno de los asaltos más violentos a un brink transportador de dinero hace por lo menos 10 años.

La cárcel cruceña.

Un caso especial es lo que ocurre en la cárcel de Palmasola en la ciudad de Santa Cruz. Este centro de reclusión es considerado uno de los más siniestros y peligrosos del país. Allí se ha llegado a comprobar una inusual relación entre policías y detenidos con jueces y fiscales que trabajan en una verdadera corporación. Se estima que en la cárcel de Palmasola existen unos 3.400 reos, superando de lejos el nivel de acogida que tiene el penal. A pesar de la división que se ha hecho para separar a la población penitenciaria, se sabe que el lugar más peligroso es el sector denominado Chonchocorito, que ha sido bautizado con ese nombre en alusión a la cárcel de máxima seguridad de La Paz. El resto de secciones: PC3 y PC4 son secciones de régimen abierto; “el barrio”, la de mujeres está ubicado en el perímetro de Palmasola; PC5 para enfermos contagiosos y el PC6 para los llamados VIP (presos por pensiones o asistencia familiar, jueces o fiscales corruptos, policías ladrones, etc.).

De acuerdo testimonios de ex reos de ese centro de reclusión no hay secciones seguras en la cárcel de Palmasola. “Se ha establecido un sistema de regencia, estructurado como una especie de policía interna, que tiene potestades punitorias, correccionales y  juzgadoras. En muchas ocasiones está policía ha dictaminado la pena de muerte dentro del penal a internos que cometen infracciones. Una de las más comunes es la violación de niños y niñas que viven con sus padres al interior del penal. Este cuerpo juzgador decide la hora y el lugar de ejecución. Se trata de un rito que lo ejecutan todos los reos, convirtiendo este acto violento y criminal en un culto a la muerte.  Generalmente las ejecuciones se realizan en la cancha del penal en horas de la noche para evitar que el espectáculo macabro sea presenciado por los niños que viven en el penal”.

Hace poco se dio a conocer a través de varios medios de difusión imágenes de la fiesta del cumpleaños de uno de los detenidos en el sector denominado Chonchocorito. Una de las excusas de la gobernación fue que la fiesta en la que participaron presos VIP se había consumado durante la anterior administración. Nadie quiso asumir responsabilidad por el ingreso de prostitutas que desfilaron en una pasarela semi-desnudas ante la algarabía y entusiasmo de los reos.

El régimen abierto en la cárcel de Palmasola es como un barrio humilde de la periferia de Santa Cruz. Sobresalen algunos departamentitos que son habitados por quienes poseen recursos, así como dormitorios con baños privados y algunos dormitorios tipo tambo. Todos estos conjuntos habitacionales tienen dueño. Hay propietarios que llegan a  tener hasta 17 cuartos o 6 departamentos, generalmente son los llamados treintañeros (condenados a 30 años) que se las “buscan” alquilando cuartos, televisores, acondicionadores de aire, ventiladores, planchas, etc.

Las visitas a la cárcel de Palmasola están oficialmente programadas los días  jueves sábado y domingo pero no se respetan las normas incorporadas en el reglamento. Las visitas a los reos suceden todos los días a un costo de 10 bolivianos que es cobrado en la puerta de la cárcel por la guardia. El número de visitas nunca es menor a 100 personas y puede llegar en días especiales hasta 500. Así también, los enseres y electrodomésticos que se ingresan tienen su costo o “peaje” en la reja. Ingresar un televisor cuesta 150 bolivianos, el de una cocina equivale a 100 bolivianos. “Todos estos elementos tiene ´aduana´”, de acuerdo a la versión de un ex detenido en Palmasola. “En síntesis, se podría decir que el reo al momento de llegar al penal se transforma en una mercancía valiosa para los encargados de la cárcel pública, sino paga US $1000, que van a manos de los altos mandos del penal, el recién llegado es trasladado al sector de Chonchocorito, ´directo al bote´, con todas las desgracias que este hecho conlleva para un detenido que por desgracia es trasladado a Palmasola. Humillaciones y vejámenes de los ´angelitos´. Los  policías dan a elegir entre plata o sufrimiento”, narra el testimonio.

Otro de los grandes negocios en las que se han convertido las cárceles y no solamente en Santa Cruz, sino en el resto de los recintos de reclusión del país, es el monto que el Estado destinada para los pre-diarios de la población penal. Se calcula que es de 8 bolivianos, que no alcanza para cubrir las necesidades de alimentación básicas. “Es el pre-diario que se destina para pocos reos, ya que los que tienen dinero, al menos en Palmasola, consumen alimentos ofrecidos en los diversos restaurantes, pensiones y pequeños snacks que existen en este gran barrio llamado régimen abierto”. El pre-diario, aseguran, es un negocio entre los proveedores, policías y la regencia.

Este panorama de indefensión en el que viven los internos en las cárceles del país, ha motivado muchas veces declaraciones de las autoridades que han expresado su deseo de construir nuevos y más modernos establecimientos carcelarios en los que además de la condena, el interno tenga la posibilidad de una reinserción social cuando obtenga su libertad. Pero estas declaraciones tropiezan  con el reducido presupuesto que el Estado destina a una población penitenciaria cada vez más numerosa, violenta y la penosa elección como operadores de justicia de un grupo de profesionales poco capacitados para enfrentar el desafío con pudor.

Fiscales, jueces y ladrones

El gran negocio de la actual administración de justicia. Cómo se define  la suerte de los procesados por la comisión de delitos. Nadie asegura que cambiará con las elecciones judiciales que se celebraron en el mes de octubre pasado.

El disparo de un arma de fuego que estuvo a punto de perforarle el cráneo al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, fue el atenuante más serio que develó el rostro oculto de la actividad delincuencial en esa ciudad y en el resto del país. Semanas más tarde de ese hecho, la Gobernación cruceña y el Gobierno central celebraron una cumbre de la Seguridad Ciudadana para contrarrestar el crecimiento de la delincuencia en las principales capitales de Bolivia. Entonces salieron a luz temas como que el 90% de la violencia es generada desde la cárcel. “Desde allí se maneja, mueve y organiza el gran negocio de la delincuencia”, dijo en off un alto jefe policial que participó del evento celebrado en Santa Cruz. Ese dato movió una serie de reflexiones sobre el estado de las cárceles y la colusión que existe entre jueces, fiscales y delincuentes. “Las cárceles se han convertido en verdaderas salas de espera; donde jueces y fiscales le ponen precio a la libertad en base a los miles de resquicios legales a nombre de la mal llamada ´prisión preventiva´ que es resultado de las famosas audiencias cautelares”, dijo el abogado William Paniagua.

Se conoció, por ejemplo que en la cárcel de Palmasola la mayoría de los internos poseen hasta dos teléfonos y que una de las grandes concentraciones de aparatos celulares en Santa Cruz está en ese centro de reclusión. Las requisas sorpresa no encuentran resultado porque los presos son los primeros en enterarse. La policía de los internos tiene información anticipada que permite el ocultamiento de todos los artículos suntuarios ingresados a la cárcel con el consentimiento policial. “Este es un negocio que involucra una larga cadena de protección en la que hay jueces, fiscales, policías y regentes en el propio penal”, dijo el mismo abogado.

Para nadie es un secreto en Santa Cruz, que los atracos, asesinatos y robos agravados de vehículos son organizados desde Palmasola. “Miles de ciudadanos que sufren el robo de sus movilidades de lujo, acuden a Palmasola a dejar el monto en ´crudo´ de la extorsión para recuperarlos; los operadores de robos y atracos son ex reclusos que han obtenido su libertad gracias a las “medidas sustitutivas”. Esta descomunal deformación tiene, según el mismo abogado orígenes en el Nuevo Código de Procedimiento Penal vigente desde el año 2001. “A 11años de su vigencia este sistema ha colapsado por el grado de corrupción en los administradores de justicia y su poca formación profesional. Este sistema deja en manos del fiscal la libertad o cautela del ciudadano, ya sea por su detención o por medidas sustitutivas a la detención”.

Los abogados profesionales acuden al expediente de la elección de jueces y fiscales para criticar el sistema aunque no están seguros que cambiará con las elecciones que se han anunciado para el próximo mes de octubre.

“La población desconoce cómo se está administrando la justicia, sabe que deberá acudir a emitir su voto pero no sabe quiénes son verdaderamente sus representantes. Por donde se mire la situación es compleja porque determina en grado de seguridad  en la que viven los ciudadanos de un determinado lugar”.

Una radiografía de esta situación es expuesta por un profesional del derecho que prefiere no revelar su identidad. Dice: “En los últimos 11 años ha surgido una camada de administradores de justicia en materia penal con una prosperidad económica sin límites. Existe ostentación en muchos de ellos, son dueños de negocios prósperos y propietarios de mansiones en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Los únicos beneficiados son estas autoridades con el actual Sistema penal y muchos delincuentes que encontraron en Bolivia un paraíso para cometer sus fechorías. Cometen sus ilícitos y según negocien con los administradores de justicia obtienen sui libertad y siguen delinquiendo porque el actual Sistema Penal les garantiza sus beneficios y derechos”.

El pasado 6 de julio se destapó finalmente un hecho que confirmó un secreto a voces. Fue detenida la jueza Segunda de Instrucción en lo Penal de El Alto, Jenny Prado, acusada de corrupción, prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. Sus oficinas fueron precintadas por instrucciones de la Corte Superior del Distrito de La Paz. La policía cumplió con esa disposición y remitió a la detenida a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). El presidente de la Corte Williams Alave señaló que  “lo extraño e irregular es que varias personas de alta peligrosidad han sido liberadas día tras día en las audiencias establecidas sin respetarse plazos ni los procedimientos judiciales”.

La autoridad judicial señaló que en contra de Prado existen al menos 33 denuncias. En la intervención dispuesta a las oficinas de la jueza se encontraron elementos probatorios de su relación con la liberación de reos peligrosos. Prado fue conducida con estrictas medidas de seguridad a la FELC-C, pero la imputada eludió en todo momento declaraciones a los medios de prensa y se acogió al derecho del silencio. Se sabe que Prado habría favorecido a delincuentes que hace unos 5 meses cometieron delitos de asalto a mano armada en la ciudad de El Alto. Los imputados en la comisión de ese delito, entre ellos bolivianos, peruanos y colombianos fueron beneficiados con la cesación a la “detención preventiva” ordenada por la jueza.

El Ministerio de Gobierno también ya presentó una querella contra la jueza Karina Baera Márquez, también de El Alto, por haber liberado a tres delincuentes. Las autoridades del Ejecutivo manifestaron que ejercerán control de los procedimientos para evitar que estos hechos se repitan, ya que está en juego la seguridad ciudadana que, según dicen desde altas esferas de Gobierno, se ha convertido en una de las prioridades de la actual administración. “Los fiscales y jueces corruptos serán sancionados con toda rigurosidad”, se dijo desde instancias del Poder Ejecutivo.

Los abogados destacan que se requiere una exhaustiva revisión al control del sistema judicial para calificar y evaluar la calidad y formación profesional de los elegidos como operadores de justicia y a los miembros  del Ministerio Público. Opinan que la Asamblea Legislativa debería no solo encargarse de calificar las hojas de vida de los concurrentes a cargos en el Poder Judicial, sino hacer una detallada investigación sobre su patrimonio “para evitar que más jueces, fiscales y policías incurran en actos ilícitos como ha quedado demostrado con la detención de varias autoridades que administran el nuevo sistema penal”.