Médicos dan ultimátum de 10 días al Gobierno

El sector médico anunció ayer que desde el próximo lunes se implementará en La Paz el Sistema Único de Salud (SUS); sin embargo, dio ultimátum de diez días al Gobierno para que atienda las demandas de los profesionales, según anunció ayer el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas y Afines (Sirmes), Fernando Romero.

Ratificó el rechazo de los médicos del departamento al convenio intergubernativo que transferirá los hospitales de tercer nivel al Gobierno, porque se otorga facultades al Ministerio de Salud para despedir al personal médico de los hospitales.

Sin embargo, manifestó que luego de una asamblea se determinó dar inició al SUS, a partir del lunes en hospitales de primer, segundo y tercer nivel. Romero aseguró que el Ministerio de Salud debe entregar todo lo comprometido: medicamentos, ítems, insumos, guías de atención, pago de deudas, equipamiento, entre otros.

Asimismo, exigen el pago inmediato por la atención a los menores de cinco años, adultos mayores y mujeres embarazadas. Según el dirigente, la deuda a los municipios rebasa los 100 millones de bolivianos y pone en crisis a los hospitales.

Piden estabilidad laboral e inclusión de los profesionales en salud a La Ley General del Trabajo; además rechazan la contratación de médicos cubanos, que trabajan de forma ilegal en nuestro medio.

Ante estas puntualizaciones, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, en conferencia de prensa del pasado miércoles, aclaró que “ningún médico de nacionalidad cubana será contratado para implementar el SUS” y desmintió las declaraciones de la dirigencia de los médicos.

La misma, ayer, fue interpelada por alrededor de cinco horas debido a la implementación del SUS, y luego de este período, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) le brindó su voto de confianza, por más de dos tercios que tiene el Movimiento al Socialismo.

“La ALP ha determinado otorgarle un voto de confianza a la Ministra de Salud, porque entendemos que la aplicación del SUS es irreversible y existen suficientes medios, económicos y técnicos, para su implementación, por tanto está garantizada su vigencia”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda.