Pueblos indígenas de Pando y Beni marchan hacia La Paz en rechazo a la Ley 157 

Más de un millar de campesinos se unieron e iniciaron una marcha desde Pando, esta vez rechazando la Ley 157 de reconversión de tierras. El contexto es diferente, pero la problemática no ha cambiado: denuncian un conflicto histórico por tierras y falta de reconocimiento estatal.

La marcha de indígenas y campesinos de Pando y Beni lleva siete días de recorrido rumbo a la ciudad de La Paz, que engrosa sus filas a su paso por diferentes localidades.

En ese sentido la marcha de los campesinos e indígenas no se limita a eliminar la Ley 157, sino que tiene un contexto que plantea dos formas de concebir la tierra. El gobierno la ve como una fuente de generar recursos y los indígenas como una parte de su vida, lo que ellos llaman la casa grande.

La norma fue promulgada el 8 de abril por el presidente Rodrigo Paz y faculta al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a cambiar la categoría de tierras tituladas como pequeña propiedad a mediana propiedad, lo que las convierte en susceptibles de comercialización, acceso a crédito y embargo. La promulgación se realizó en el marco de la inauguración de la Feria Agropecruz 2026, en Santa Cruz.

Las primeras voces de rechazo surgieron en Pando, donde organizaciones indígenas advirtieron que la ley podría afectar la integridad de los territorios comunitarios de origen (TCO) y favorecer la concentración de tierras. En ese contexto, pueblos como los Yaminahua, Machineris, Esse Ejja, Tacana, Pacahuara y Cavineño se reunieron en una asamblea en Nanagua, donde resolvieron iniciar la marcha.

La movilización partió desde la localidad de Porvenir y llegó el jueves a El Sena. Según los organizadores, se trata de la segunda marcha de este tipo en la historia del departamento, después de la realizada en 1988 bajo la consigna de “Tierra y Territorio”.

Dirigentes del sector señalaron que existen al menos 322 solicitudes de dotación de tierras para nuevas comunidades que no han sido atendidas por el INRA desde hace más de una década, además de iniciativas legislativas pendientes. En contraste, cuestionaron la rapidez con la que fue aprobada y promulgada la Ley 157.

Por su parte, el senador Branko Marinković, uno de los impulsores de la norma, atribuyó la movilización a la influencia de organizaciones no gubernamentales (ONG), a las que acusó de difundir información errónea sobre el contenido de la ley.

Promulgación de la Ley 157

Análisis del investigador Gonzalo Colque, publicado en Brújula Digital.

El presidente Rodrigo Paz no solo tiene la facultad, sino la responsabilidad constitucional de examinar con lupa cada ley antes de su promulgación. Cuando el contenido de una norma vulnera principios fundamentales o abre la puerta a la legalización de ilícitos, su deber no es firmar, sino observarla y devolver al Legislativo con fundamentos que resguarden el Estado de derecho y el interés nacional por encima de cualquier presión circunstancial o sectorial.

La Ley 157 de conversión de la pequeña propiedad a mediana y empresarial era la primera prueba de fuego de este alcance que el primer mandatario tenía sobre su escritorio.

El problema sustantivo es que esta ley se sostiene sobre una premisa falsa: que beneficiará a campesinos, indígenas y pequeños propietarios que trabajan personalmente la tierra. La evidencia muestra lo contrario. En realidad, sus principales beneficiarios son grandes agroempresarios que, durante años, simularon legalidad aprovechando vacíos del régimen agrario para la titulación como si fueran pequeñas propiedades.

No son hechos aislados, sino un patrón de conducta recurrente que forma parte de los males que corroen los pilares fundamentales de nuestra sociedad.

Cientos de miles de hectáreas fueron deliberadamente fraccionadas en supuestas “pequeñas propiedades ganaderas” de hasta 500 hectáreas. La información catastral y las imágenes satelitales ofrecen pruebas contundentes. Son miles de predios divididos, pero contiguos que mayormente están concentrados Santa Cruz y Beni. Bajo la apariencia legal de pequeñas propiedades, se legalizaron cientos de latifundios encubiertos, medianas y grandes propiedades que fueron pretendidas por años con expedientes agrarios viciados de nulidad.

No solo vulneraron la ley agraria, sino que convirtieron el fraude en rutina, la simulación en el mecanismo institucionalizado y el cumplimiento de la norma en la excepción. Un sistema en donde se castiga el cumplimiento y se premia la trampa. Por ejemplo, un mediano productor que se niega a disfrazarse de pequeño, es considerado un peligro para los que sí lo hacen. Y, si hace lo contrario, goza de reconocimiento y es aplaudido por quienes tienen valores invertidos.

La Ley 157 no corrige esta realidad deforme, sino que la consagra. Abre un camino directo al blanqueo de tierras registradas a nombre de “palos blancos” que figuran en el catastro como pequeños propietarios.

Esto no involucra únicamente a acaparadores y antiguos latifundistas del oriente, sino también a operadores políticos del anterior gobierno que recibieron tierras como prebenda política. Promulgar esta ley equivale a retirar la última piedra que se interpone para la legalización del tráfico, avasallamiento y acaparamiento de tierras.

Por lo visto, el acto de promulgar también se ha convertido en una simulación de Estado de derecho, en una rutina sin sentido ni valor, donde el deber presidencial de estudiar la norma a promulgar, observar, y eventualmente vetarla cuando corresponda, ya es un mero trámite, uno propio del Estado tranca que pretende desmontar del Decreto 5595.