Tras la resolución del TSJ, de revisar los plazos de la detención preventiva de Jeanine Áñez, Fernando Camacho y Marco Pumari, los privados de libertad protestaron por un trato desigual de la justicia hacia las personas detenidas preventivamente en Bolivia.
Luego del instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de revisar los casos de detención preventiva de la población carcelaria de Bolivia, la Dirección de Régimen Penitenciario indicó que 4.500 personas permanecen en penales por más de tres años, es decir, más allá de los plazos procesales.
En tanto, al menos 18.500 privados de libertad permanecen en las cárceles del país con detención preventiva, de una población de 32.000 personas. Es decir, que seis de cada diez reos están sin sentencia.
Tras la resolución del TSJ, de revisar los plazos de la detención preventiva de Jeanine Áñez, Fernando Camacho y Marco Pumari, los privados de libertad protestaron por un trato desigual de la justicia en varios recintos penitenciarios del país.
El delegado penitenciario del penal de Palmasola leyó un pronunciamiento de los internos donde se declaran en estado de emergencia pacífica nacional por la desigualdad en el trato judicial hacia las personas detenidas preventivamente en Bolivia, solicitando que los beneficios otorgados a algunos internos sean extendidos a toda la población penitenciaria.
Más datos
“Más del 63% a nivel nacional son detenidos preventivamente. Pedimos que se cumpla la igualdad ante la ley, tal como lo establece la Constitución Política del Estado”, señaló el delegado.
Presos por droga
Un grupo de presos de las cárceles de Bolivia denunció, a través de una carta pública, que las leyes antidroga les impone penas desproporcionadas de diez años de cárcel por la posesión de pequeñas cantidades de marihuana, aun cuando no cuentan con antecedentes penales y no representan un peligro para la sociedad.
La misiva, dirigida al presidente Luis Arce, la Asamblea Legislativa, a las autoridades judiciales y candidatos a las elecciones de 2025, subraya que estas condenas vulneran el principio de proporcionalidad consagrado en la Constitución Política del Estado.
“Estamos encarcelados, algunos con detención preventiva y otros con sentencias condenatoria. Fuimos detenidos con marihuana en mínimas cantidades, no tenemos antecedentes penales y no fuimos incluidos en decretos de amnistía o indulto”, señala la carta.
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