Tres nuevas denuncias enlodan más la gestión del fiscal Blanco

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Las denuncias contra el fiscal departamental Edwin Blanco no cesan. Tres nuevos casos salpican más su gestión, pues los afectados aseguran que la autoridad influía o direccionaba procesos por interés personal o con el fin de perjudicar a sus colegas “rivales”.

Las dos primeras denuncias contra Blanco son por el supuesto encubrimiento y protección de los fiscales de materia L.C. y Omar Mejillones.

La primera la hizo Shirley Martínez en contra de la primera fiscal por el presunto secuestro de una niña y la segunda la realizó el diputado Rafael Quispe contra el segundo fiscal nombrado, quien está imputado por extorsión y supuestamente por hacer pagar a una víctima sus cuentas en casas de citas.

La tercera denuncia sostiene que Blanco ordenó imputar a tres jueces, quienes junto a él postularon al cargo de fiscal general: Claudia Castro, William Alave y Juan Lanchipa, quien finalmente resultó designado en ese puesto.

“Por ejemplo, está el caso del ahora designado fiscal general, Juan Lanchipa. Cuando él (Blanco) sabía que el señor Lanchipa se estaba promoviendo para ese cargo lo hizo imputar, lo propio pasó con el vocal William Alave, para tratar de neutralizarlo y son casos recientes, porque si hablamos de anteriores el tema es más grave”, señaló el abogado Eduardo León, quien también se declara víctima del fiscal Blanco.

El jurista acusó a Blanco de que en su gestión se “montó” una serie de casos con una “pandilla de fiscales”. “Ha utilizado su cargo para realizar actos de venganza y también cobrar (revancha) por cosas personales”, aseguró León.

Los documentos

De acuerdo a documentos a los que accedió Página Siete, se presentaron dos imputaciones en contra de la jueza tercera Anticorrupción y Contra la Violencia, Claudia Castro, entre el 7 y 10 de septiembre de este año, durante la fase final de impugnaciones en la Comisión Mixta de Justicia Plural, encargada de la elección del fiscal general. Una de ellas por prevaricato.

Castro rechazó los cargos e informó que ganó dos acciones de libertad contra las imputaciones, por lo que los tres fiscales que firmaron el documento deben pagar “costas de 200 mil bolivianos” por el daño causado a su imagen. Asimismo, ella denunció a otros dos fiscales y un presunto consorcio de abogados.

“Estas imputaciones fueron forzadas a sólo horas de que cierre el plazo de impugnaciones en la Asamblea Legislativa”, afirmó Castro. Señaló que la imputación la elaboró el fiscal Randall Mardóñez por instrucción del fiscal Blanco. La imputación fue firmada por los fiscales Ramiro Prieto, Magali Bustamante y Juan Carlos Soria y la presentaron con un informe adjunto firmado por el fiscal Luis Tola.

“Tenían la instrucción de perjudicar a quienes eran expectables candidatos a la Fiscalía General, esa fue la tramoya”, aseguró la jueza Castro.

Al respecto, Mardóñez negó ser titular del caso y Tola admitió que fueron sometidos a la acción de libertad que ganó Castro y que no fue responsable en la imputación de Alave.

El otro caso

Shirley Martínez denunció a la fiscal L.C. por supuestamente secuestrar a su hija menor, nacida producto de una relación con el esposo de la servidora pública. La afectada le seguía un proceso por pensiones al padre de sus dos hijas; en noviembre de 2017, en una de las audiencias, L.C. agredió a la denunciante.

Boris Espinoza, abogado de Martínez, explicó que su cliente denunció a la fiscal, al esposo de ésta y a una asistente de la Fiscalía porque intentaron “secuestrar” a la hija menor de su cliente de su colegio. El hecho fue denunciado a Blanco, pero él no tomó acciones.

“En dos oportunidades presentamos las denuncias contra cuatro personas, pero las rechazan y ahí se ve el uso indebido de influencias. En la tercera oportunidad presentamos la misma querella pero sin el nombre del fiscal Edwin Blanco y la aceptaron”, aseveró Espinoza.

La tercera denuncia

Otra denuncia es la que presentó en Sucre el diputado opositor Rafael Quispe. “La presentamos en junio en Sucre porque Edwin Blanco es quien protegió y no dejó que la Policía aprehenda al fiscal Omar Mejillones que ha extorsionado 5.000 dólares a una víctima de estafa y además le hacía pagar sus cuentas en burdeles y cantinas”, acusó.

Explicó que el afectado Estevan Claure, a recomendación de su abogado Jhonny Castelú, grabó y tomó fotografías a Mejillones, cuando él en estado de ebriedad le exigió pagar cuentas de burdeles.

Mejillones supuestamente exigió dinero a Claure para dar celeridad a su caso porque el fiscal Mardóñez pretendía cerrarlo.

Presentó la denuncia en la Policía que preparó un operativo y paralelamente el abogado Castelú informó a Blanco. Quispe aseguró que en lugar de acompañar el operativo, Blanco llamó a Mejillones y lo puso en alerta, por lo que el operativo se frustró.

La denuncia presentada en Sucre no fue atendida pero en La Paz “se abrió un caso de oficio”: Mejillones fue imputado, goza de medidas sustitutivas, continúa como fiscal anticorrupción y no hay cargos contra Blanco.

Sin embargo, Claure también fue imputado y pasó de ser víctima a cómplice de Mejillones por haber entregado el dinero de la estafa.

Página Siete buscó la versión del fiscal Blanco, el jueves el responsable de comunicación de la Fiscalía dijo que se haría la consulta pero no se recibió respuesta.

El grupo cuestionado

Montaje de casos

Además de los fiscales nombrados en esta nota, desde el audio del caso bebé Alexander se ha cuestionado a otro grupo de fiscales que acompañaron la gestión de Edwin Blanco, entre ellos su coordinador y vocero, el fiscal y expolicía Javier Flores, que pidió no dar declaraciones sobre las denuncias de montaje de casos en los que es mencionado.

Banco Unión

Erlan Almaza es otro de los fiscales denunciados, no sólo por el supuesto montaje del el caso contra el coronel Freddy Valda, sino también está procesado por presunta extorsión a los implicados en el caso Banco Unión, hechos por los que fue suspendido luego de que se reveló un audio donde se entendía que recibió dinero para favorecer a un imputado.

Caso Alexander

Susana Boyán es la fiscal que estuvo a cargo del polémico caso Alexander, en el que se denunció que encarcelaron sin pruebas al médico Jhiery Fernández con el fin de encubrir el error de diagnóstico de la forense Ángela Mora sobre la supuesta violación al bebé.
Boyán también fue denunciada por amenazar a los testigos, peritos e investigadores que se presentaron en juicio.