Tupiza el nuevo HUB del contrabando

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Tupiza, municipio situado al sureste de Potosí y próxima a la frontera con la República Argentina, sería el nuevo centro de acopio del contrabando según un estudio que realizó la Cámara de Industria Comercio y Turismo de Santa Cruz (CAINCO). “Tiene al menos 34 pasos ilegales que lo vinculan a Villazón y, en paralelo, alimentan una distribución (perfectamente organizada) para llegar con la mercadería a Tarija, Chuquisaca y Potosí”, reveló Hugo Rodríguez, miembro del Centro Boliviano de Economía de la CAINCO.

 

“Contrabando. Efectos y Modus Operandi en Bolivia”, bajo este sugestivo título, la entidad empresarial cruceña promovió un webinar, con varios medios de comunicación, para informar sobre los alcances de un estudio que promovió sobre el tráfico ilegal de mercaderías. De Tupiza los camiones con mercadería ilegal terminan saliendo con destino a Oruro a través de los municipios de Atocha y Uyuni, donde también fueron identificadas “una infinidad de pasos ilegales” para el tráfico millonario de contrabando.

A lo largo de esta extensión geográfica entre Oruro y Tupiza, el control militar y aduanero, es casi inexistente, al extremo que los puntos de fiscalización son altamente vulnerables, señala el estudio empresarial. “Hemos identificado en la región fronteriza con la Argentina y Chile, al menos 120 pasos clandestinos, y donde existen, solo tres puntos de control aduanero”, describió el documento expuesto ampliamente por Rodríguez.

Esta realidad pone al descubierto que Bolivia tiene 7 000 kilómetros de frontera con Argentina, Chile y el Brasil, además del Perú, extremadamente vulnerable al tráfico ilegal de mercadería. Desplazar contingente militar para desbaratar el tráfico de mercadería en el nuevo HUB, es sencillamente imposible. Rodríguez considera que, inmediatamente, las personas que promueven el contrabando crearían nuevos pasos clandestinos con los cuales los 34, iniciales, podría multiplicarse por dos, es decir, llegar a 68. Lo que tienen que hacer las autoridades es desplegar acciones inteligentes, es decir, tienen que ser “puntuales, eficaces y contundentes”.

La Aduana mira las cosas de otra manera

El tema, sin embargo, parece que no es motivo de atención para la presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo Miranda, que decidió desatar operativos en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, de Santa Cruz y dejar de lado, operativos en frontera. Según Serrudo entre el 1 de enero y el pasado 7 de mayo, a escala nacional, los decomisos de mercadería ilegal alcanzaron un valor de Bs. 170 millones de los cuales en Santa Cruz se logró secuestrar hasta Bs. 21,2 millones como resultado de 37 allanamientos, detalló cifras la autoridad aduanera. Sin embargo, CAINCO decidió poner otros puntos de atención en el tema del contrabando. El estudio sobre el tema puso al descubierto que para realizar un control efectivo se requiere de capacidades tecnológicas, humanas de despliegue a lo largo de casi 7 000 kilómetros de fronteras.

Alertó también que las actividades ilícitas tienen además en el contrabando una vía de legitimación de ganancias, como el lavado de dinero. “El contrabando es similar al narcotráfico” fue más directo aún el diputado nacional Mario Roca. Coincidió también con la CAINCO en sentido de que la ilícita actividad está divida en tres segmentos: contrabando organizado, contrabando hormiga y camuflaje de carga. El informe de la entidad empresarial cruceña detalla que, en los tres ejes, existen pasos fronterizos, distribución organizada, canales de distribución efectiva y consumo final de la mercadería. Para el ingreso de la mercadería ilegal, se habilitaron clandestinamente puntos ciegos y rutas alternativas, se manejan documentación fraudulenta, pero además existe flujo permanente de personas (bagalleros) y contrabandistas minoristas. Para distribuir la mercadería ilegal, se apela al distribuidor mayorista, bodegas clandestinas, pero también, se habilitan puntos de acopio minorista o lo que se denomina, distribuidor de baja escala que contrata bagalleros o compran directamente a contrabandistas minoristas.

Chile alimenta el contrabando

Como si fuera poco Chile también coadyuva alimentar esta actividad lucrativa. Rodríguez reveló en este sentido que la internación de mercadería ilegal, “presenta también implicancias geopolíticas”. Chile tiene una disposición normativa que autoriza retirar mercadería de la Zona Franca de Iquique, sin pagar impuestos, pero a condición de que sea destinada al consumo de la población que vive en la Región 1, integrada por Arica, Parinacota, y Tarapacá. Autorizados legalmente, los comerciantes chilenos retiran la mercadería y lo trasladan hasta poblaciones que tienen casi densidad cero por kilómetro cuadrado. De esta manera llevan, por ejemplo, 1 000 televisores con destino a los poblados fronterizos con Bolivia de Coriquina y Paravinto, donde viven escasamente 20 y 30 personas, respectivamente, pero que reciben inmensa cantidad de mercadería, explicó Rodríguez.

“Este es uno de los grandes problemas que alimenta el contrabando pues comerciantes chilenos y bolivianos pactan para internar mercadería por aproximadamente 31 pasos clandestinos que existen en el cordón fronterizo entre ambos países”, dijo. Al cabo de aproximadamente 48 horas, los camiones llegan a los grandes centros de consumo que existen en las principales capitales del país, merced a una red de conexión y encubrimiento que tiene el contrabando. Ocho alimentos restan US$ 400 MM a la economía nacional.

Como el tráfico de mercadería ilegal mueve millones de dólares, el impacto es significativo para las arcas fiscales y la producción nacional. Según Rodríguez solo ocho alimentos: carne, arroz, harina de trigo, fideo, azúcar, bebidas no alcohólicas y cerveza, significan para el Estado “un impacto de US$ 400 MM, que representa casi 1% del PIB, e implica una evasión fiscal para el erario nacional de al menos US$ 50 MM”, detalló.

El contrabando mueve actualmente US$ 2.300 MM, acotó. Qué decir de los perjuicios que genera para la producción nacional. “La producción desplazada a partir del contrabando genera un impacto para el PIB entre el 5 al 10%”, aseguró. En respuesta a esta situación, difícil y complicada, las empresas bolivianas vinculadas por ejemplo a la manufactura de bebidas, comercio y lubricantes “optaron por ajustar a la baja el presunto de venta e ingresos por año, postergan la creación de empleo, y los planes de inversión, se hallan en fase de espera”, complementó datos el economista.