Asociación delictiva

Desde este jueves rige el silencio electoral que no calmará el cansancio del ciudadano que esta última semana ha tenido que soportar con incomodidad la escasez de gasolina en los surtidores de Bolivia y quiere las cabezas de sus responsables. El presidente de YPFB está desaparecido hace una semana a pesar de una orden de aprehensión. Esa situación comenzó a cobrar malestar desde el sábado pasado cuando la ciudadanía volvió a encontrase con enormes filas para abastecerse de combustible. El martes, en una conferencia de prensa, el candidato por el PDC denunció que lo que en realidad está pasando es un ocultamiento de gasolina y diésel digitada desde el gobierno en complicidad con Libre de Tuto Quiroga. La pieza política a la que algunos periodistas han calificado como conspirativa y sin respaldo, aterriza en el escenario con secuencias que hacen pensar que algo así está pasando. No parece casual que, si el plan funciona, tal como habría sido diseñado, afectaría a Rodrigo Paz que pierde en casi todas las encuestas cuando se pregunta quién está más preparado para resolver la escasez de carburantes. Este golpe al que Rodrigo ha definido como una asociación criminal entre el gobierno y Libre lo ha llevado a obligar (no pedir) al presidente que libere inmediatamente los carburantes que se encuentran almacenados en recintos de la estatal YPFB, ya que de no hacerlo lo enjuiciará por cometer un crimen contra el pueblo. Hay hechos que dan pie a pensar en la veracidad de la denuncia. Veamos: La campaña en la segunda vuelta ha sido teñida por una intensa guerra sucia en la que se acusan los candidatos. Una de las más graves tiene que ver con el desvió de 4.000 millones de bolivianos del Banco Fassil a empresarios cruceños en los que figura con 7000 acciones el candidato a la vicepresidencia por Libre. De acuerdo con un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), más de 50 empresarios del departamento de Santa Cruz participaron del desvío de esos fondos provenientes de los ahorros de los clientes de la entidad que fueron transferidos entre 2018 y 2021 al Santa Cruz Financial Group, conglomerado de empresas y accionistas con fuertes vínculos con el poder político. Además del daño a los ahorristas del banco, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) perdieron alrededor de 2.000 millones de dólares invertidos en bonos de Fassil, dinero que pertenecía a los trabajadores bolivianos.

El caso descrito es un elemento que no se debe perder de vista en el análisis, ya que cualquier cerrojo para echar tierra a este gigantesco escándalo podría ser leído como un acto de encubrimiento. Cuánto de cierto hay en la denuncia de un pacto de silencio entre Arce y Tuto es algo que debe respaldarse con elementos probatorios, de lo contrario sería ofensivo ya no solo para los supuestos involucrados, sino para la ciudadanía que debe tragarse otra impostura. La extraña pasividad que asume el actual presidente por la crisis económica es llamativamente curiosa. Con su popularidad en los suelos no se entiende cómo soslaya la escasez de combustibles que arrastra la angustia de la población, abatida por el encarecimiento del costo de vida.

La denuncia ha sido una bomba que no explotó por una componenda de intereses de las cadenas de televisión cruceñas, que buscan minimizar su impacto mediático, también denunciado por el candidato a la presidencia. En todo caso, la denuncia de enjuiciar a Arce desde el primer día de su gobierno y someterlo a un juicio de responsabilidades por este crimen es algo tan fuerte como haber apuntado al asesor de campaña de Libre, el ecuatoriano Jaime Durán Barba, de mercenario quien después de ganar millones de dólares por sembrar la división del país, se marcha a seguir haciendo campañas a otro país.