Cae Choque y los sectores piden indagar más arriba

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Foto: El Deber

La Fiscalía determinó ayer la aprehensión formal de la directora de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque y espera para hoy la declaración del chofer de esa entidad, Jimmy Morales. Ambos son acusados de permitir que Gabriela Zapata utilizara bienes del Estado para negociar con empresarios privados. En medio de la indagación judicial, sectores sociales afines al MAS sugieren la investigación de autoridades de Gobierno.

El vicepresidente Álvaro García Linera explicó ayer que a raíz de la denuncia sobre supuesto tráfico de influencias, se inició un “proceso interno”, porque había información de que Zapata era muy allegada a Choque y en diferentes oportunidades había utilizado la oficina de Gestión Social, que reemplazó el despacho de la Primera Dama, que se usaba en anteriores gestiones.

“Se hizo una revisión interna rápida y se detectó que la señora Zapata fue varias veces a esta oficina, están los registros de su llegada. Averiguando más, en alguna oportunidad se usó la vagoneta de Gestión Social para recogerla y se encontró que otro funcionario (Jimmy Morales, dependiente de Choque) transfirió dinero a la cuenta de la señora Zapata. Estos elementos fueron suficientes indicios para saber que allí había un problema”, dijo García Linera.

De acuerdo con su explicación, Zapata convocaba a empresarios privados a la oficina de Gestión Social, en la avenida Arce. “No tenemos cómo demostrar, solo informes. Sería bueno que estas personas nos digan de qué trataban esas reuniones”, añadió.

Cuando fue consultado sobre una posible investigación al ministro Quintana, García Linera respondió que se indaga a Choque, que era la ejecutiva, “amiga íntima (de Zapata). Y se investigará a los funcionarios que sea necesario. La Fiscalía debe trabajar de manera prolija, expedita, y convocar a quien vea conveniente. Yo no soy el fiscal, no soy el juez”, justificó. 

Consultado sobre el tema, el vicepresidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, pidió al ministro Quintana que explique este hecho. “Si Zapata visitaba una de las dependencias, alguna de las direcciones del Ministerio de la Presidencia, el ministro o el viceministro, la directora o el director tienen toda la obligación de explicar qué hacían en esa oficina, y qué se trató”, refirió.

El máximo dirigente de la Csutcb, Feliciano Vegamonte, señaló que confía en la Fiscalía y en las autoridades judiciales. “Si es que Gabriela Zapata ingresó a las dependencias del Ministerio y utilizó los recursos del Estado, se debe hacer una investigación minuciosa y citar a cuantos funcionarios vea conveniente el Ministerio Público. Si se trata de convocar a ministros, viceministros, se tiene que hacer, no podemos meternos”, dijo.

Por esos nexos, la Fiscalía detuvo en horas de la mañana a Cristina Choque y en la tarde el fiscal Edwin Blanco dijo que quedaba detenida, aunque sin imputación. Sus abogados dijeron que ella se presentó voluntariamente a declarar

Familia de Zapata pide respeto al menor
A través de un comunicado público, el abogado de la familia Zapata en Cochabamba, Moisés Kestenbaum, pidió respeto a la privacidad del menor y repudió la forma y el modo cómo Gabriela Zapata fue tratada en los medios y en la justicia.

“La familia pide respeto a las leyes nacionales e internacionales con respecto al interés superior del menor. La familia repudia el modo y la forma ilegal de la aprehensión que ha violado el debido proceso y los derechos de las personas”, refiere una parte del comunicado.

Aunque también imploran, ruegan y piden respeto a la privacidad de su hija y señalan que fue denigrada de la manera más despiadada, “detalles de su intimidad solo puede darlos ella, Gabriela”, señala la nota.
Afirma, también, que las relaciones con Gabriela Zapata son lejanas, pero que prestarán y apoyarán en el proceso que enfrente.

Mientras, en La Paz, las oficinas de Gestión Social atienden al público, pero no a los medios de comunicación, según el reporte de la Agencia Fides.