Demandan a diputada del MAS por explotación ilegal

Familiares de los cooperativistas muertos y de los heridos en el enfrentamiento por minas de oro, en Arcopongo, presentaron ayer una querella contra la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Gladys Vargas Escobar, acusada de favorecer a la cooperativa Palma Flor para conseguir su personería jurídica y, por tanto, ser corresponsable del enfrentamiento con mineros de la Cooperativa Ullakaya Condorini, el domingo pasado, informó ayer a radio Fides el abogado de los demandantes, Eduardo León.

Por su parte, el abogado de la Cooperativa Ullakaya Condorini, Mishael Cruz, informó a ANF que Vargas es parte del directorio de la Cooperativa Palma Flor, que explotó oro sin autorización.

Cruz, con documentos en mano según ANF, manifestó que la cooperativa de la que forma parte Vargas operó en el lugar de forma ilegal, sin tener concesión de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). Vargas no pudo ser contactada, señaló ANF.

Dijo que según estimaciones, la Cooperativa Palma Flor produjo al menos 180 kilos de oro sin autorización. Según la página web finanzas.com, la onza troy de oro se cotiza en el mercado internacional en 1.294 dólares, es decir que habría obtenido al menos 232.920 dólares.

La Resolución Administrativa 379/2013, emitida por el director general de Cooperativas del Ministerio de Trabajo, Juan Gualberto Sejas Flores, reconoce a la Cooperativa Palma Flor.

El artículo 150 del Código de Procedimiento Penal señala que el servidor público que obtenga para sí mismo o para terceros “un beneficio en cualquier contrato, suministro, subasta u operación en que interviene en razón de su cargo, será sancionado con privación de libertad” de cinco a 10 años.

El artículo 240 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que “es incompatible con el ejercicio de la función pública” comprar o arrendar bienes públicos a nombre del servidor público o de terceras personas, celebrar contratos u obtener “otra clase de ventajas personales del Estado”, ejercer profesionalmente como empleados, apoderados, asesores o gestores de entidades, sociedades o empresas que tengan relación contractual con el Estado.

La querella presentada por León incluye también a otra diputada del MAS, Julia  Figueredo; al asambleísta  departamental, Juan Marca Poma y al viceministro, Juan Tiburcio Aguilar por presunta responsabilidad en la “masacre” del domingo.

Dijo a Fides que estas personas son responsables de los hechos porque en menos de 72  horas consiguieron autorización y personería  jurídica para la Cooperativa Palma Flor para trabajar en el yacimiento que ya era operado por comunarios del lugar.

También se demandó a cooperativistas de Palma Flor por asesinato, organización delictuosa, terrorismo, lesiones graves y gravísimas.

León admitió que Ullakaya alquiló un helicóptero, pero dijo a Erbol que fue para sobrevolar la zona y confirmar que había explotación ilegal.

El ministro de Minería, César Navarro, dijo ayer que se pretende reunir a ambos grupos en La Paz para buscar conjuntamente una solución estructural. Mientras, la explotación está suspendida.

INFORME PARCIAL

El fiscal departamental, José Ponce, dijo que la comisión del Ministerio Público enviada al sector de conflicto confirmó la muerte de dos personas, Antonio Flores y Mario Villegas.

Ponce dijo que los fiscales reportaron que los comunarios de Inquisivi tenían retenidos a ocho individuos, siete de ellos fueron arrestados y uno aprehendido.

No se conocen más detalles acerca de la situación en la zona, tampoco se confirma la denuncia de que los mineros tienen armas.

La comisión partió a la zona la madrugada del pasado martes junto a 50 policías.