GIEI halla violaciones de derechos humanos en los gobiernos de Morales y Áñez

Los Tiempos
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Luis Arce recibe informe GIEI

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que lo ocurrido durante la crisis política de 2019, “involucra la responsabilidad del Estado” en las graves violaciones de derechos humanos cometidos entre septiembre y diciembre de 2019, periodo en el que Evo Morales y Jeanine Áñez estaban al mando del país. Los hechos que dejaron al menos 37 muertos.

Estableció que se cometió masacre en Sacaba en el departamento de Cochabamba y Senkata en la ciudad de El Alto. El informe “no contempla si hubo golpe o fraude electoral”.

Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmaron un Acuerdo para apoyar la investigación de los actos de violencia entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre, se suscribió el 12 de diciembre de 2019.

El GIEI Bolivia fue integrado por cinco personas expertas de alto nivel técnico profesional y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos: Juan Méndez, Julián Burger, Magdalena Correa, Marlon Weichert y Patricia Tappatá.

La experta del GIEI, Patricia Tappatá, estuvo a cargo de la presentación del informe final al Gobierno de Luis Arce, el mismo contiene ocho capítulos basados en el Acuerdo suscrito entre la CIDH y el Gobierno transitorio.

El informe estableció que durante la crisis de 2019 se “cometieron graves violaciones a los derechos humanos”. En ese escenario de conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en distintos lugares del país y centenares de personas recibieron lesiones de consideración tanto física como psicológicas.

“Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas”, señaló entre las conclusiones Tappatá.

El GIEI señaló que en Sacaba la reacción de los militares y de la policía fue desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones de los manifestantes. De acuerdo con la terminología adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las muertes de las víctimas de Sacaba constituyen ejecuciones sumarias y los hechos pueden ser descritos como una masacre.

En Senkata establecieron que hubo masacre en un uso desproporcional de la fuerza, en la cual diez personas perdieron la vida y alrededor de 78 personas resultaron heridas. Aunque las Fuerzas Armadas y la Policía no hayan admitido el uso de armas letales, las evidencias recabadas indican que los disparos con armas de fuego se originaron de sus tropas.

En el caso de las Caravanas del Sur el 9 de octubre, cuando todavía se encontraba al mando el entonces presidente Morales, el GIEI dice que se verificó que los enfrentamientos en Vila Vila y en el ataque a la Caravana de Mineros fueron resultado de una polarización estimulada por agentes del Estado y políticos. El GIEI identificó evidencias de que integrantes del gobierno estuvieron involucrados en la organización y apoyo de los bloqueos y, cuando menos, asumieron los riesgos de que hechos de violencia pudieron ocurrir. Se concluye, por lo tanto, que funcionarios y autoridades del Estado no solo dejaron de cumplir con su deber de prevenir y sancionar la violación de derechos humanos, sino que fueron más allá, asumiendo un rol de complicidad, según un resumen del informe.

Hace una descripción de los hechos de violencia en La Paz que se desencadenaron después de las elecciones de octubre de 2019. Refleja la permanente polarización política, entre quienes se movilizaron en contra del Gobierno, y, los llamados de las autoridades políticas gubernamentales para la defensa de su mandato.

A partir de la convocatoria del gobierno de entonces para la defensa de su mandato y contra un supuesto golpe de Estado, grupos de manifestantes que incluían campesinos y mineros que se trasladaron a La Paz, realizaron marchas en favor del resultado electoral. En una marcha, un civil fue atacado y sufrió lesiones que le provocaron la muerte. Las fuerzas de seguridad no actuaron para prevenir los enfrentamientos y en una ocasión, facilitaron de modo evidente el lanzamiento de cachorros de dinamita contra grupos de opositores al gobierno. Durante días hubo enfrentamientos en los alrededores de la sede del gobierno con uso intenso de palos, piedras y dinamita y uso de gases por parte de la policía.

Describe las situaciones de violencia que se generaron tras la renuncia de Evo Morales, y las movilizaciones que se realizaron en Betanzos, Yapacaní y Montero entre el 11 y 13 de noviembre de 2019.

El 11 de noviembre, en la localidad de Betanzos, Potosí, personas afines al MAS que bloqueaban la carretera Potosí – Sucre, violentaron la casa de una candidata de oposición y la estación policial. El 12 de noviembre, policías de la UTOP y militares desplegaron un operativo con la finalidad de desbloquear la carretera, sin embargo, se generó un enfrentamiento entre los manifestantes y los elementos de seguridad, en el que perdió la vida el señor Marcelino Jarata Estrada por impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza, y un número indeterminado de personas resultaron heridas.

El 13 de noviembre, en la localidad de Yapacaní, hubo operaciones conjuntas con motivo de la convulsión que se vivía en el lugar desde el 10 de noviembre, cuando grupos afines al MAS atacaron estaciones policiales de donde se sustrajeron armas, municiones y equipamiento de uso exclusivo de la Policía; y se generaron destrozos, saqueos y quemas de casas de opositores políticos. Los grupos que protestaban en contra de la renuncia del presidente Morales bloquearon el Puente Yapacaní.

En esa misma fecha, en la ciudad de Montero, perdió la vida Roberth Ariel Calizaya Soto por impacto de proyectil de arma de fuego y resultó herido de bala Freddy Riquelme durante un operativo conjunto para contener supuestos actos vandálicos de simpatizantes masistas en la zona del Mercado German Moreno.

Los expertos también señalaron que quienes resultaron víctimas deben obtener justicia y reparación por los daños que les fueron provocados. Precisa que se debe reconocer que hay personas afectadas de ambos lados del espectro político. “No se puede concebir un proceso de recomposición del tejido social sin abandonar la idea de que las víctimas son las de nuestra identidad política mientras que las identificadas con el adversario lo son menos o no requieren atención”.

Consideran que “las manifestaciones de protesta y las acciones directas de bloqueos en los caminos y las ciudades de Bolivia, que escalaron y estallaron en enfrentamientos y agresiones violentas, no ocurrieron de modo inesperado. Fueron precedidas por discursos antagónicos de líderes reconocidos y por decisiones políticas y acciones que pusieron en tensión las reglas de funcionamiento de los mecanismos participativos de la democracia y las instituciones que deben vigilar su cumplimiento. Estos comportamientos menoscabaron la credibilidad en las instituciones y desconocieron acuerdos esenciales para el ejercicio de la democracia”.

Sostienen que quienes resultaron víctimas deben obtener justicia, reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas. Precisa que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político. “No se puede concebir un proceso de recomposición del tejido social sin abandonar la idea de que las víctimas son las de nuestra identidad política mientras que las identificadas con el adversario lo son menos o no requieren atención”.

Tappatá manifestó que las adhesiones políticas fueron “peligrosamente radicalizadas y pretendieron ser usadas como factor de exclusión de los espacios institucionales. Se pidió que sean sancionados los responsables de la violencia racista contra pueblos indígenas y en particular mujeres.

El informe se sujetó al Acuerdo firmado entre el Estado y la CIDH el que tenía como tareas: Elaborar planes de investigación de los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades en el país en el curso de las tensiones sociopolíticas, protestas y movilizaciones sociales ocurridas en el periodo indicado. Realizar un análisis técnico de las líneas de investigación desarrolladas.

Así como efectuar recomendaciones pertinentes, actuando como coadyuvante para asegurar su adecuación, exhaustividad y coherencia con los estándares internacionales de derechos humanos aplicables. Y proponer la adopción de medidas para garantizar la seguridad de quienes participen en las investigaciones; y realizar un análisis técnico con recomendaciones para un plan de atención y reparación integral a las víctimas de los hechos investigados.

Los miembros del GIEI no solo revisaron amplia documentación sino que recibieron los testimonios de una serie de personas como las víctimas de los hechos, los actores involucrados en todo el proceso político.