Gobierno de Arce choca con países y OEA por detenciones

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Foto: Cancillería Boliviana

El Gobierno de Luis Arce optó por confrontarse con los organismos internacionales y países que se pronunciaron en los últimos días por el respeto al debido proceso y de los derechos humanos, ante las detenciones de la expresidenta Jeanine Áñez y de sus exministros por el presunto “golpe de Estado” ocurrido en 2019.

La administración de Arce y los diferentes sectores de partido oficialista, Movimiento Al Socialismo (MAS), tomaron estos cuestionamientos como injerencia en los asuntos internos del país, lo que no sucede con las manifestaciones de organizaciones y gobernantes (de Argentina y México) que respaldan su narrativa de “golpe de Estado” y que en 2019 no hubo fraude electoral.

Analistas internacionales lamentan que el Gobierno de Arce esté dando continuidad a la política exterior “de confrontación” de Morales y advierten un nuevo aislamiento del país del ámbito mundial.

El primer desencuentro se dio el pasado 10 de marzo. El canciller Rogelio Mayta convocó al embajador del Reino Unido en Bolivia a una reunión para pedirle un informe sobre su presunta injerencia en los asuntos internos del país basado en un artículo publicado por el periodista inglés Matt Kennard. Según el artículo, Gran Bretaña apoyó el golpe en Bolivia para acceder al “oro blanco” (el litio).

El titular de esa representación en Bolivia, Jeff Glekin, emitió un comunicado de prensa en el que rechazó las acusaciones. “No nos involucramos en ninguna situación contra la democracia en Bolivia. Negamos las acusaciones del artículo que hemos visto”, afirmó el diplomático.

“En 2019 y 2020, la Unión Europea participó en apoyo a las tareas de mediación bajo el liderazgo de la Conferencia Episcopal y junto con las Naciones Unidas. La mediación contribuyó a evitar más enfrentamientos, abrió puertas a la pacificación del país y permitió acuerdos que llevaron a la realización de elecciones transparentes en la que fue elegido el nuevo gobierno nacional”.

En los últimos días detonó un nuevo choque con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien expresó su inquietud “ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de Gobierno”.

“El sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso, por problemas de estructura y, en particular, de su integración”, señala un comunicado del organismo multilateral.

En respuesta a estos pronunciamientos, en el Senado y Diputados, la mayoría del MAS aprobó declaraciones camarales, por separado, para rechazar “la intervención e injerencia de la OEA en asuntos internos de Bolivia”.

La Cancillería convocó ayer a la encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Charisse Phillips, y al embajador de Brasil, Octavio Henrique Días García Côrtes, para instarles a que sus gobiernos se abstengan de emitir criterios en asuntos internos de Bolivia.

Ambos gobiernos expresaron su preocupación sobre los recientes procesos que se sigue a exautoridades del Gobierno de  Áñez.

Bolivia quedará aislada otra vez

Los expertos en relaciones internacionales Andrés Guzmán y Álvaro del Pozo coincidieron en señalar que las acciones del Gobierno de Luis Arce “están aislando al país del contexto internacional”, pese al apoyo de sus aliados ideológicos México, Argentina, Cuba, entre otros. “En todo caso el daño se está haciendo asimismo el Gobierno, no va a sacar réditos políticos de su enfrentamiento con la OEA”, sostiene Del Pozo.

Para Guzmán estos impases son innecesarios y el Gobierno de Arce podía haber demostrado un distanciamiento de la política exterior de Morales.

“Los que están imponiendo la línea de gobierno son los evistas y eso nos va a afectar. Deja al país malparado”, dijo.