Gobierno y Defensoría consideran “racistas y discriminadoras” las afirmaciones de Rómulo Calvo

Por Milton Condori
0
238
Rómulo Calvo
Foto: Erbol

La jornada del martes se llevó a cabo el denominado “wiphalazo” en algunos departamentos del país en reivindicación del símbolo patrio y en respaldo al Gobierno.

Las afirmaciones sobre la wiphala del presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, vertidas la noche del martes, fueron consideradas como “racistas y discriminadoras” por parte del Gobierno y de la Defensoría del Pueblo.

“Un trapo no hace nada, un trapo no nos representa”, fueron las afirmaciones de Calvo durante la jornada de reivindicación del símbolo patrio organizado en algunos departamentos por organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Desde la cuenta la twitter del Ministerio de Justicia, el titular de esa cartera de Estado, Iván Lima, criticó las afirmaciones del cívico cruceño y las consideró como “algo inaceptable”.

“Ministro Iván Lima (@ivanlimamagne) en relación al descalificativo soez del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz en contra de la Wiphala: “Es algo inaceptable. Hay que explicarle al señor (Rómulo) Calvo que los símbolos patrios representan a la unidad del pueblo boliviano”, se lee en la cuenta de esa cartera de Estado.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado señalando que tildar a un símbolo patrio de “trapo” es un acto discriminatorio. Expresaron con preocupación que se busque atribuir el uso de la wiphala como bandera partidaria “cuestionando su origen, ancestralidad y simbolismo, para asumir un discurso discriminador y racista, orientado a descalificarla”.

Hizo recuerdo que, desde su origen en los movimientos indianistas y kataristas hasta la fecha, esta bandera es un símbolo de resistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y un símbolo patrio establecido en la Constitución Política del Estado.

“En ese sentido, descalificar a la wiphala y tildarla de trapo, se constituye en un acto de discriminación, como los observados por la Defensoría del Pueblo y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) en su informe”, indica en el comunicado de la institución defensora.