Informe de Achacollo sobre el Fondioc refleja vacíos

Hay al menos unos Bs 45,7 millones de diferencia entre el informe que Lariza Fuentes realizó al finalizar su intervención en el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas y el que notificó la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo en su informe de 2014, sobre los fondos utilizados entre 2010 y 2014.

Según la memoria institucional 2014, el Fondo gestionó, en ese periodo, un total de Bs 683,3 millones, con los que logró beneficiar a 5.855 comunidades, colonias, ayllus y markas en 1.050 proyectos productivos y sociales.

Sin embargo, el informe final de intervención que Fuentes firmó el 24 de agosto de este año considera 1.100 proyectos en todo el país, cuyo desembolso alcanzó la suma de Bs 729,1 millones, entre obras vigentes y no vigentes. Es decir, una diferencia de Bs 45,7 millones.

Pero el presunto daño económico que se identificó es de solo Bs 102,2 millones por 30 proyectos inexistentes (Bs 14,5 millones) y por 713 proyectos con observación (Bs 87,7 millones), según el informe, producto de una auditoría, de la interventora, ahora liquidadora.

Hace 10 meses que el Ministerio Público inició las primeras investigaciones sobre un presunto daño al Estado. Hay más de una decena de exdirigentes y miembros del Fondo recluidos en la cárcel.

Otros ministerios
Sin embargo, Marco Aurelio Castillo, miembro del Control Social del Órgano Judicial, representante de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), dijo que en las próximas horas pedirá al fiscal general, Ramiro Guerrero, la convocatoria a los ministros que formaron parte del directorio del Fondo Indígena, a quienes considera responsables de los desembolsos.

“Todos tienen que ser investigados. Desde la ex ministra Nemesia Achacollo, el ministro de Economía, Luis Arce, el contralor (Gabriel Herbas) y todo el directorio del ex-Fondo. Ellos son los que saben qué pasó con los recursos. No pueden estar tapando a los que están más arriba. La justicia está cayendo a los que no debería. Los que dieron recursos son los máximos responsables”, señaló.

Roberto de la Cruz, representante del Consejo Nacional de Defensa de los Derechos Constitucionales (Condecop), coincidió en señalar que quienes están procesados son los que han cometido errores administrativos y delitos penales en menor proporción. “Quienes han cometido delitos más grandes por acción u omisión son la exministra Achacollo y los máximos ejecutivos de los ministerios de Planificación, de Economía y de la Presidencia. Estas personas tienen que ser convocadas. Si no, hay un encubrimiento por parte de la Fiscalía al Ejecutivo”, indicó.