José Eduardo Cardozo, Ministro de Justicia de Brasil, arribará a Bolivia por el caso de asilo político del diputado Pinto

La presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, pidió hoy al Gobierno de Brasil respetar la posición política que asumió la administración del presidente Evo Morales, al negar el salvoconducto al senador de Convergencia Nacional, Roger Pinto. Asimismo, dijo que se informará al ministro de Justicia brasileño, José Eduardo Cardozo, sobre la situación legal del legislador opositor.

Gabriela Montaño pidió a la Embajada brasileña con sede en La Paz, donde se encuentra refugiado el senador Pinto desde hace 248 días, que “facilite cualquier mecanismo para que la Comisión de Ética del Senado pueda llevar adelante su tarea de iniciar una acción legal contra el parlamentario opositor, respetando sus derechos humanos y de Asambleísta Nacional.

“Deberá ser el Órgano Ejecutivo a través de nuestra cancillería quien se reúna seguramente y pueda informar por su parte cual es la situación y la postura del Gobierno boliviano frente a este caso, tenemos que manejarlo en el marco del respeto tanto el Estado boliviano como el Estado brasilero, pero también pedimos que de la misma manera se respete las posiciones que pueda vertir la Asamblea y el Gobierno boliviano”, manifestó Montaño a la Red Uno.

Asimismo, dijo que la Asamblea Legislativa tiene la predisposición de informar cualquier consulta que tenga el Gobierno brasileño respecto a la situación del senador opositor: “Pretendemos también dar a conocer en detalle cuales son las razones por las cuales se está llevando un proceso en la Comisión de Ética que está muy lejos de lo que el senador Roger Pinto señala en relación a una persecución política”.

El semanario brasileño IstoÉ (Esto es) publicó un reportaje el viernes 25 de enero dando cuenta de la atípica permanencia del senador boliviano en la sede de la Embajada del Brasil y anunció la llegada del ministro de Justicia de ese país, José Eduardo Cardozo, a La Paz, debido a que el Gobierno no le otorgó desde hace ocho meses el salvoconducto para trasladarse al Brasil y beneficiar del asilo político concedido y aceptado formalmente por el Gobierno de la presidenta, Dilma Rousseuff.

Fuente Los Tiempos