Lima dice que gabinete de Áñez es corresponsable del desfalco

El Ejecutivo central y asambleístas nacionales del Movimiento Al Socialismo (MAS) manejan un solo discurso: el gabinete de ministros de la expresidenta Jeanine Áñez debe responder por su responsabilidad en la suscripción de los decretos supremos que permitieron la compra con “sobreprecio” de gases lacrimógenos, por lo que pidieron a la Fiscalía citar a declarar a la exmandataria y a 17 exministros que le acompañaban.

El primero en anunciar la citación, por este caso, de Áñez y sus ministros, fue el ministro de Justicia, Iván Lima, al argumentar que todos ellos emitieron los decretos que dieron lugar al “desfalco” con la compra de armamento no letal, respiradores con sobreprecio, entre algunos hechos.

“La compra de gases lacrimógenos con sobreprecio millonario en plena pandemia fue justificada con tres decretos supremos (DS 4090, DS 4116 y DS 4168), que fueron firmados por Jeanine Áñez y su gabinete ministerial. Solicitamos a la Fiscalía General del Estado que los convoque a declarar”, manifestó Lima.

Agregó que “lo que se está investigando en Estados Unidos, es dónde termina el dinero mal habido, dónde terminan las coimas, dónde está el beneficiario. Lo que investigamos en Bolivia, y con resultados contundentes, es que existió un sobreprecio, que se contrató a una empresa que no era la directa proveedora y que el precio de Bolivia era muy superior al que se había adquirido el mismo producto en Ecuador y Venezuela”, dijo.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó ayer que Bolivia erogó 5,6 millones de dólares por ese material antidisturbios. De este monto, 3,3 millones de dólares fueron como pago a la empresa proveedora y lo restante, 2,3 millones de dólares, se distribuyó entre los implicados en esa compra irregular.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó la semana pasada sobre el arresto de dos ciudadanos bolivianos y otros tres estadounidenses por cargos penales relacionados con soborno y lavado de dinero, entre ellos el exministro Murillo, su exjefe de gabinete Sergio Méndez y dueños de la empresa intermediaria.

La audiencia de Murillo en Estados Unidos se realizará el próximo 7 de junio y la Procuraduría General del Estado boliviano contrató un bufete internacional de abogados para que siga el caso.

En la misma línea del Ministro de Justicia, los asambleístas nacionales del MAS, ayer, apuntaron a los exministros del gabinete de Áñez como corresponsables de la compra de armamento no letal.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, manifestó que los exministros deben acudir a la Fiscalía a brindar información sobre los actos de corrupción en los cuales incurrió su excolega, toda vez que muchas de las decisiones se las tomó en conjunto.

“Ahí han estado sus ministros, sus ministros son corresponsables inmediatos. Cómo es posible que un ministro pueda estar fuera, tienen que ser convocados, yo estoy seguro de eso”, aseguró.

Por su parte, el jefe de la bancada del MAS en el Senado, Luis Adolfo Flores, dijo que el caso era de conocimiento de las exautoridades de la administración transitoria.

Recordó que Áñez salvó a sus ministros Murillo y López cuando la Asamblea Legislativa los censuró por la compra de los gases. “¿Qué ha hecho la Presidenta? Volvió a posesionarlos al otro día, sabiendo que había daño económico (…). Entonces, que no vengan ahora a tuitear diciendo que paguen los responsables. Ellos (Áñez y sus ministros) son corresponsables, los ministros han firmado decretos autorizando la compra directa sabiendo ya que había un sobreprecio”, señaló en conferencia de prensa.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, indicó que en el marco del caso, en Bolivia, hay 20 investigados y cinco aprehendidos y que ya está en curso la solicitud de extradición del exministro.

Dinero de gases se invirtió en Urubó

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que gran parte de los 2,3 millones de dólares de sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos y armamento no letal fue invertida en un proyecto y en una empresa inmobiliaria en Santa Cruz y Cochabamba, respectivamente.

De acuerdo con la explicación del Ministro, la empresa que se adjudicó la venta de los gases lacrimógenos realizó tres transferencias que suman $us 920 mil a los proyectos inmobiliarios en ambos departamentos.

Longaric pide a Lima dejar de decir “tonteras”

La exministra de Relaciones Exteriores Karen Longaric calificó de “absurdo y fuera de todo sentido común” señalar que la aprobación en gabinete de los decretos supremos para la adquisición de material no letal hubiera sido para “apañar” la corrupción.

En ese contexto, pidió al ministro de Justicia, Iván Lima, que “no hable tonteras”, después de que la autoridad gubernamental sugirió que todo el gabinete de Jeanine Áñez sea convocado a declarar por su corresponsabilidad en la compra con sobreprecio del armamento no letal por el exministro Arturo Murillo.

“La CPE establece en su artículo 165, parágrafo II que las determinaciones adoptadas en Consejo de ministros son de responsabilidad solidaria. La señora Jeanine Áñez Chávez y sus excolaboradores deben explicar ante la Fiscalía General del Estado las razones y circunstancias de la aprobación de los decretos”, señaló Lima.

Al respecto, la excanciller señaló que, para hacer un razonamiento simple de este caso, no se necesita mucha lógica jurídica, cosa que la autoridad no la tiene. 

“Nadie firma un decreto para promover la corrupción, caramba, esto es ofensiva para los bolivianos, somos el hazme reír de todo el mundo”, dijo Longaric en entrevista con Radio Compañera.

Agregó: “Por Dios, si el señor ministro (Lima) se respeta un poco, y respeta a su país y respeta la universidad donde estudió, que no hable tonteras, que no hable tonteras”.

Protestó porque se pretenda hacer sólo “politiquería” y agregó que los decretos supremos son elaborados por los ministerios y se aprueban primero en instancias técnicas, para luego pasar al pleno de gabinete.