Salen a luz investigaciones de comisión parlamentaria

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La comisión legislativa de la “verdad” conformada por diputados disidentes del MAS y de oposición, pedirán una interpelación a los ministro de Gobierno, Carlos Romero; de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Transparencia, Nardy Suxo y de Defensa Rubén Saavedra.

El motivo de la interpelación es para que expliquen algunas “dudas” respecto a los casos de terrorismo y extorsión.

En conferencia de prensa conjunta los diputados Fabián Yaksic (MSM), Normal Piérola (CN) y Rebeca Delgado (MAS), presentaron una gran cantidad de documentos como pruebas de la investigación y entrevistas que hicieron en la cárcel de Palmasola a los exfuncionarios del Ministerio de Gobierno sobre estos casos.

“En base a toda esta información que estamos cotejando después de las audiencias y entrevistas que hemos realizado, vamos a iniciar la fiscalización que implica pedir informes escritos y orales”, anunció la diputada Delgado.

Aclaró que como asambleístas nacionales pedirán explicaciones a cuatro ministros respecto a estos temas de fondo.

Delgado dijo que también solicitarán al fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, asumir la investigación de los casos de extorsión y terrorismo, toda vez que su misión de asambleístas es fiscalizar, no cumplir el rol del Ministerio Público.

Los miembros de la “comisión de la verdad” también anunciaron un “proceso penal por incumplimiento de deberes” contra el presidente de la Cámara de Diputados Marcelo Elio, por la falta de fiscalización en la Cámara de Diputados.

Por su parte, el diputado Fabián Yaksic (MSM) dijo que lo más importante de sus entrevistas con los detenidos preventivos en Palmasola es conocer su pedido de escuchar su verdad. “Están solicitando una vía jurisdiccional para que sean escuchados y digan su verdad”, sostuvo.

Explicó que en las siete horas de entrevistas la comisión colectó importantes datos sobre el alcance del “sistema montado en el país a cargo de las principales autoridades de los diferentes ministerios”.

Finalmente, denunciaron la “injerencia” del ministro de Gobierno, Carlos Romero en el trabajo de fiscalización.

Denuncian que Gabinete Jurídico designó 24 jueces y fiscales

Los exasesores del Ministerio de Gobierno detenidos en el penal de Palmasola de Santa Cruz denunciaron con papelógrafos que el denominado gabinete jurídico nombró 24 jueces y fiscales entre 2008 y 2011 para que “atiendan” los procesos clasificados como “casos de seguridad interna del Estado”.

La información fue expuesta por Fernando Rivera, Dennis Rodas y Boris Villegas ante la Comisión de la Verdad y Justicia -integrada por diputados de oposición-, que el pasado miércoles  visitó a los detenidos preventivamente por los casos terrorismo y red de extorsión, en los que fueron involucrados los exasesores del Ministerio de Gobierno y los exfiscales Isabelino Gómez  y Edward Mollinedo.

Según el contenido de los papelógrafos, en el Ministerio Público fueron designados Mario Uribe, Ramiro Guerrero, Betty Yañíquez, José Ponce, Williams Dávila, Jorge Gutiérrez, Arminda Méndez, Isabelino Gómez, Camilo Medina, Beimar Guzmán y Weimar Vargas como fiscales de Materia.

Mientras que en el Poder Judicial habrían sido nombrados Gonzalo Hurtado, Blanca Alarcón, Williams Alave, Fernando Ganam, Félix Peralta, Iván Campero, Ramiro López, Ricardo Caballero, William Tórrez, Ariel Rocha y Sergio Cardona como jueces de Distrito y de Sentencia en diferentes regiones del país.

Asimismo, los exasesores informaron que Venezuela era el país que asignaba recursos económicos al Ministerio de Gobierno, el que -de acuerdo con uno de los papelógrafos- contaba con un financiamiento propio de la partida de “Transparentación de Gastos”.

La diputada Norma Piérola (CN), miembro de la comisión, informó que toda la información proporcionada por los exasesores será contrastada con documentación y otras entrevistas “sorpresa” que realicen a ex y actuales autoridades del gobierno del presidente Evo Morales.

“No puedo revelar algunos detalles, pero los entrevistados  dieron otros nombres más. El exfiscal de Distrito de Santa Cruz Isabelino Gómez habló de unos casos que eran calificados de  ‘casos de Estado'”, indicó la diputada Piérola.

En la misma línea, su colega Rebeca Delgado señaló que la información será cotejada y procesada “para evitar errores”.

“Hay bastante información reveladora. Mañana (hoy) se reunirá la comisión para valorar la documentación y, a partir de eso, veremos qué determinaciones asumiremos”, informó Delgado, quien anunció que la subsiguiente semana se trasladarán de nuevo la cárcel de Palmasola.

Emplazan a Villena a visitar Palmasola

Tras su visita al penal de Palmasola, la Comisión  de la  Verdad y Justicia emplazó al defensor del Pueblo, Rolando Villena, a “reclamar” por las malas condiciones en las que se encuentran los exasesores del Ministerio de Gobierno y exfiscales involucrados en el caso red de extorsión, destapado por el ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher.

“No tienen ni un refrigerador para mantener sus alimentos frescos. No tienen ni agua gratis para que puedan  bañarse. El rato que les da la gana a las autoridades hacen requisa”, denunció la diputada de Convergencia Nacional Norma Piérola.

Según Piérola, el pasado miércoles la comisión se vio obligada a abandonar el centro penitenciario porque amenazaron con no permitir más visitas a los acusados. “A las 15:00 nos vimos obligados a salir. Le hicieron llorar a la hermana de Rivera. Le dijeron que ya no visitaría a su pariente”.

Comisión anuncia demanda contra Ministro Romero

La  comisión opositora de  la Verdad y Justicia anunció que presentará una demanda penal  contra el ministro de Gobierno, Carlos Romero, por los delitos de obstrucción a la justicia, incumplimiento de deberes y  por negación al acceso a la información.

La diputada Norma Piérola, miembro de la comisión legislativa, explicó que decidieron tomar esta acción después de que fueron impedidos de ingresar el pasado viernes al penal de Palmasola en Santa Cruz. Dos días antes -el miércoles- sí pudieron hacerlo y lograron entrevistar sin dificultad a los detenidos preventivos por los casos red de extorsión y terrorismo.

“Nos impidieron ingresar al penal y tenemos entendido que  por orden del ministro de Gobierno, (quien) llama a la comisión ‘ilegal'”.

Por otra parte, anunció que tienen previsto una visita al penal de San Pedro de La Paz para entrevistar a los detenidos por diferentes casos.

“No sólo es el caso terrorismo. El Gobierno armó diferentes casos en los cuales varias son las víctimas, debido a que están más de cinco años (en condición de detenidas)”, señaló la legisladora Piérola, sin revelar el día de la visita a la cárcel de San Pedro.

Entre 2008 y 2011 se conformaba anualmente un Gabinete Jurídico

La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, aparece en todos los gabinetes jurídicos que eran conformados año tras año desde 2008 hasta 2011, de acuerdo con la información otorgada en forma detallada por los exasesores del Ministerio de Gobierno detenidos en la cárcel de Palmasola.

Esta información fue entregada a la “comisión de la verdad”, integrada por diputados de la oposición que la pasada semana visitaron ese penal cruceño.

Suxo integró los gabinetes de 2008, 2009, 2910 y 2011, y también aparece entre los tres ministros que controlan el “minigabinete” en 2012, según los papelógrafos enseñados por los exasesores Fernando Rivera, Dennis Rodas y Boris Villegas,  detenidos en Palmasola por el caso red de extorsión contra Jacob Ostreicher (EEUU).

El diputado Héctor Arce, ahora procurador general del Estado, también aparece en los gabinetes de 2008, 2009, 2010 y 2011,  mientras que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, figura en  los de 2008, 2009 y 2010.

El exministro de Gobierno Sacha Llorenti y actual embajador de Bolivia ante la ONU también aparece en la lista de integrantes del gabinete jurídico del Gobierno. Esta autoridad integró -según los papelógrafos- desde 2008 hasta el 2011.

De 2008 a 2011 el gabinete jurídico estaba integrado por un mínimo de cinco ministros y contaba con el apoyo de juristas como Mary Carrasco, abogada de las víctimas del Porvenir entre 2008 y 2009, y  el exfiscal general del Estado Mario Uribe.

El gabinete jurídico de 2010 fue apoyado por los juristas Betty Yañíquez, William Alave, Arminda Méndez, Camilo Medina y William Tórrez.

Mientras que Iván Campero y William Tórrez figuran como apoyo del gabinete de 2011.

De acuerdo a los exasesores del Ministerio de Gobierno, en 2012 se armó un “minigabinete”  con funcionarios de varios ministerios, y este grupo estaba dirigido por los ministros Carlos Romero, Nardi Suxo y la exministra de Justicia Cecilia Ayllón.

El “minigabinete”  -siempre según los exasesores- estaba conformado por Fernando Rivera (en representación del Ministerio de Gobierno), Rodolfo Illanes (del Ministerio de Relaciones Exteriores), Mónica Ramírez (de YPFB), Ericka Chávez (del Ministerio de Justicia), Jésica Saravia y Javier Valdivieso (del Ministerio de Transparencia).

Para la diputada Norma Piérola, de Convergencia Nacional, el rol del gabinete jurídico era “sembrar y montar” pruebas en los casos terrorismo, gastos reservados, Porvenir, Calancha, Caranavi, Chaparina y otros.

En los papelógrafos, pegados en las paredes de ladrillo del pabellón PC-7 de Palmasola, donde se encuentran detenidos los exasesores, se observa una lista de casos como el de Visas Chinas, Video Soborno a Ignacio Villa Vargas, AeroSur, Camiri, los que fueron denominados  “casos de seguridad interna del Estado”.

“Las reuniones no eran para tratar leyes, sino para conocer de los casos y los que coordinaban todo eran los ministros Carlos Romero y Nardi Suxo”, precisó Rivera en el Palacio de Justicia de la ciudad de  Santa Cruz,  donde asistió a una audiencia de cesación a la detención preventiva solicitada por él.

Ministra Suxo confirmó existencia de Gabinete Jurídico

En julio de 2013, después de que el abogado del Ministerio de Gobierno Boris Villegas  entregara una carta a los medios de comunicación denunciando la existencia de un gabinete jurídico, la ministra Nardi Suxo confirmó  esa información. Sin embargo, negó que los miembros de ese grupo se dedicaban a brindar órdenes, mucho menos a controlar el Órgano Judicial o el Ministerio Público, como denunció Villegas en su carta.