Sectores del MAS exigen ‘ajustes’ al gabinete; el conflicto suma pedidos

El gabinete de ministros de Luis Arce está en proceso de evaluación. Los sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) se reúnen para valorar la gestión de las autoridades del Ejecutivo. Hay organizaciones que reprueban a algunos ministros y sugerirán al jefe de Estado cambios en su círculo de cooperadores. Mientras, en la oposición y sectores en apronte las demandas contra el Gobierno se extienden: exigen la reposición de los dos tercios y se anuncian medidas de presión contra la Ley 1386.

El 8 de noviembre Arce cumple su primera gestión como primer mandatario del país. Al presidente no le observan nada, los dardos van hacia sus ministros. De David Choquehuanca se reclama más participación en las decisiones del Estado. En pasillos de la Casa Grande del Pueblo madura el rumor sobre un cambio de gabinete. Esos cambios serían después del 8 de noviembre.

Están en la cuerda floja los ministros de Obras Públicas, Édgar Montaño; de Gobierno, Eduardo Del Castillo; de Minería, Ramiro Villavicencio; de Educación, Adrián Quelca; de Planificación, Felima Mendoza; de la Presidencia, María Nela Prada; de Justicia, Iván Lima; de Trabajo, Verónica Navia; de Medio Ambiente, Juan Santos; y de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales.

Hoy, algunas de las organizaciones sociales afines al MAS se reunirán en la ciudad de La Paz. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) convocó a una “reunión ordinaria” para desarrollar la evaluación del gabinete ministerial. Al encuentro también asistirán la dirigencia de las mujeres campesinas, el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo (Conamaq) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (Csciob).

Estos sectores pertenecen al denominado Pacto de Unidad y en su convocatoria colocan en el punto tres la evaluación del gabinete. Además, se valorará la gestión de viceministros y directores de unidades de ministerios.

Además de este conglomerado de sectores existen otros que están en proceso de evaluación a ministros y que piden ajustes al gabinete de Arce. Es el caso de la Central Obrera Boliviana (COB). Esta entidad evalúa a todos los ministros y luego del proceso de valoración sugerirá al mandatario realizar algunos ajustes.

Un año de gestión

“Estamos a un año de la gestión de gobierno. Es importante hacer una evaluación, esto en coordinación con el Pacto de Unidad para hacer una evaluación ministerio por ministerio y no equivocarnos como en gestiones pasadas cuando hemos visto que no se ha permitido hacer evaluaciones”, aseguró Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la COB.

El dirigente apuntó a seis ministros -que no dio nombres-, los cuales estarían observados por su “deficiente gestión” y la “poca” coordinación con los sectores sociales afines al MAS. Huarachi dijo que estos ministros permiten que los denominados “pititas” tengan un cargo público.

El líder de la COB observó que el gabinete económico no ha consensuado con sectores el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias. Esta iniciativa fue suspendida por diversas medidas de presión. Huarachi aclaró que la decisión de remover a los ministros es del presidente.

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), Gonzalo Quispe, informó que su sector priorizará la evaluación del ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, pero dijo que es “sano” hacer ajustes en el gabinete.

“Todo cambio siempre es bueno. El cambio debe ser para mejorar y no para empeorar y nuestro presidente (Arce) debe hacer cambios para mejorar, pero lo repito que todo cambio siempre es bueno”, indicó Quispe en entrevista con radio Éxito.

Por su parte, el ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Constructores de Bolivia, Valerio Ayaviri, observó la gestión del ministro Édgar Montaño, la cual calificó de “deficiente” y con escasa coordinación con los sectores. “Tiene que haber ajustes (en el gabinete), nosotros haremos una evaluación y debe haber esa autocrítica”, dijo el dirigente, quien también halló “deficiencias” en la gestión de la ministra de Trabajo.

“Falta coordinación de los ministros con varios sectores sociales. Hemos enviado notas al ministro de Obras Públicas (Montaño) y hasta ahora no nos recibe”, reclamó Ayaviri.

Mientras, Concepción Ortiz, que fue diputada y vicepresidenta del MAS, observó el trabajo de algunos colaboradores de Arce, como es el caso del ministro Del Castillo. La exlegisladora cuestionó la administración del conflicto con Adepcoca, en el cual se registraron violencia y enfrentamientos durante tres semanas.

Ortiz también mencionó al ministro Lima y aseguró que su trabajo “está totalmente mal”, sobre todo porque hasta la fecha las víctimas de los conflictos de 2019 no encontraron justicia. Además, cuestionó que la reforma al sistema judicial no tenga avances.

Sobre el tema, el diputado Héctor Arce (MAS) consideró que “si es necesario” se debe hacer “ajustes” al gabinete de Arce. El legislador aclaró que el mandatario tiene la potestad de realizar los cambios en su entorno, pero dijo que “hemos visto que algunos cargos no se están desempeñando conforme a las exigencias de la población”.

Esa misma percepción la tiene el diputado Rolando Cuéllar, también del MAS. El legislador señaló que “hay algunos errores de algunos ministros, no voy a decir sus nombres, pero internamente vamos a pedir a nuestro presidente que esos ministros se han aplazado”. El asambleísta consideró que el principal error de los colaboradores de Arce es la casi nula coordinación con sectores sociales y el Legislativo.

Conflictos en el país

En el MAS está en proceso la evaluación de los ministros, pero los sectores sociales en apronte preparan medidas de presión por la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo. Algunas organizaciones incluyen en la agenda de demandas la reposición de los dos tercios en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el pedido de atención a la marcha indígena, que está sin atención hace días en la capital cruceña.

Gremialistas, junto a dirigentes del transporte pesado internacional, además de sindicatos de radiotaxis, se reunieron ayer para analizar nuevas medidas de presión contra la Ley 1386 y convocaron a una cumbre nacional que se desarrollará el 29 de octubre en Santa Cruz de la Sierra.

Édgar Álvarez, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Gremiales de Santa Cruz, informó que se logró articular una propuesta regional contra la norma y se sumaron otras demandas como la atención al pliego de la marcha indígena. El dirigente adelantó que se buscarán consenso para llevar adelante un paro.

“También hemos decidido apoyar a nuestros hermanos indígenas que han llegado marchando, apoyar al sector salud en la asignación de más ítems y que se restituya la ley de dos tercios en la Asamblea para que no se cometan más abusos”, afirmó Álvarez.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, aseguró que el Gobierno y los legisladores están abiertos a dialogar con todos los sectores sociales y organizaciones para esclarecer las dudas que surjan respecto a la vigencia de esta ley. Sin embargo, el legislador cerró las puertas a la “derecha mentirosa” que supuestamente creó “zozobra” en la población.

“Han generado miedo, no podemos dialogar nada con ellos. ¿Qué podemos esperar de quienes quieren frenar la recuperación del país?”, criticó Mamani.