Jubilados activos dejarán de recibir la Renta Dignidad con Ley del PGE 2025

Con la promulgación de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, los jubilados que continúen trabajando en el sector público o privado ya no podrán acceder a la Renta Dignidad, según informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. La medida, que será tratada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, busca redirigir este beneficio hacia los sectores más vulnerables.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo, Montenegro explicó que los jubilados inactivos seguirán recibiendo la Renta Dignidad junto con su pensión. Sin embargo, aquellos que permanezcan laboralmente activos perderán este ingreso hasta que se retiren definitivamente.

“Existen jubilados que perciben ingresos cercanos al 100 por ciento de su último salario y, además, reciben la Renta Dignidad. Solidariamente, debemos priorizar a quienes realmente necesitan este apoyo”, señaló el Ministro. Asimismo, detalló que empresarios, accionistas y directores de empresas también quedarán excluidos del beneficio debido a su estabilidad económica.

Exclusiones previstas

El artículo 3 del proyecto de ley del PGE 2025 establece las categorías de personas que quedarían fuera del acceso a la Renta Universal de Vejez:

1. Trabajadores dependientes del sector público o privado.

2. Accionistas, socios y directores de empresas registradas.

3. Beneficiarios de complementos de pensión financiados por el Tesoro General de la Nación (TGN).

4. Jubilados que ya perciban una pensión de la Seguridad Social de Largo Plazo.

5. Titulares o beneficiarios de gastos funerarios.

Si el proyecto de ley es aprobado sin modificaciones, a partir de 2025 perderán el beneficio los jubilados que reciben complementos financiados por el TGN, aquellos que acceden a la compensación de cotizaciones del sistema de reparto anterior a 1996 y quienes trabajan en el sector privado. La prohibición también incluye a jubilados que son accionistas o directores de empresas, así como beneficiarios de gastos funerarios derivados de sus cónyuges.

Montenegro enfatizó que los jubilados inactivos y quienes no están registrados en el sistema de pensiones mantendrán su acceso a la Renta Dignidad. “La intención es que este beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan”, dijo.

Debate público

La propuesta ha generado un amplio debate público. Mientras algunos sectores consideran que la medida es necesaria para focalizar los recursos en las personas más vulnerables, otros cuestionan la exclusión de ciertos grupos.

“Yo sigo trabajando porque mi pensión no es suficiente para mantener a mi familia. Quitarme la Renta Dignidad me afectará enormemente”, expresó un jubilado de 65 años, quien pidió anonimato. Por otro lado, algunos ciudadanos consideran que es un ajuste justo para garantizar que los recursos beneficien a quienes no tienen ingresos adicionales.

La Renta Dignidad, creada en 2008, es una prestación universal y vitalicia para mayores de 60 años, financiada en parte por los ingresos de la nacionalización de hidrocarburos, que disminuyeron.