Casos de corrupción

Todo lo que el Gobierno está haciendo en su afán de recaudar dinero después del frustrado gasolinazo sigue siendo insuficiente, contradictorio y poco creíble. Esta introducción es necesaria para medir las consecuencias del despliegue que se ha venido haciendo en la necesidad de recaudar fondos para cubrir el déficit fiscal que el propio Gobierno ha reconocido que supera los  US $1.000 millones. El Presidente Morales asumió la carga del frustrado gasolinazo y al derogar el decreto lo hizo anunciando que “gobernaba obedeciendo al pueblo”. Esa tabla de salvación echada en afiches y refrendada en la propaganda oficial no comprende a los sectores de jubilados que marcharon a La Paz pidiendo la nivelación de sus rentas con el salario mínimo nacional; no incluye a las 1.000 personas que lloraron pidiendo legalizar sus movilidades indocumentadas antes de aprobarse el decreto de prohibición (2008). El Gobierno fue drástico en ambos casos, lo que desde algunos sectores fue aplaudido como señal de que no cedería frente a demandas por la imposibilidad del Estado en atenderlas

Olvidándose de sus compromisos hoy el Ejecutivo anuncia un “perdonazo impositivo” para la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y decide dar curso al trámite que permite internar autos “chutos”. Por partes: el “perdonazo impositivo” a Entel desnuda la fragilidad de la actual administración. Volcando el razonamiento al que nos ha acostumbrado el vicepresidente habría que preguntarle quién se beneficia con la medida que podría atender el incremento que exigen los jubilados. De la misma forma habría que preguntar a las autoridades del sector económico a quiénes favorece la legalización de autos “chutos” que estaban haciendo cola en la frontera con Chile incluso antes de aprobarse la norma. O las determinación de declarar vacantes los puestos del magisterio, idea promovida por un grupo de cocaleras; más allá, peor aún, la decisión de que el registro de identificación sea administrado por el Poder Ejecutivo o al intervenir las malolientes oficinas de la Diprove ¿a quiénes les beneficia?

Hay en todo este andar un sinnúmero de contradicciones que pueden encontrar un peligroso punto de inflexión en la medida que las pugnas por sumar recursos para que el Estado atienda sus necesidades se mezcla con la voracidad de intereses personales y de grupo que  pueden hacer mecha en las manos de sus promotores. Ya se ha visto caer a altos cargos por corrupción. Es el caso del general (r) René Sanabria y del último comandante de la Policía Nacional por un caso de corrupción de placas clonadas. Las declaraciones de la ministra de Transparencia Nardy Suxo explicando que su despacho lucha contra la corrupción; se victimiza de amenazas en su contra y que su cabeza tiene precio. Son cada vez menos los que creen cuando desde el Ejecutivo se anuncia que la Aduana Nacional y el Ministerio de Economía y Finanzas observarán la legalización de las movilidades “chutas”. Cuando el Gobierno dice que es blanco algo raro sucede en la población que comienza a ver negro.