Volver ¿sin garantías?

Las 174 familias afectadas por las fallas en la construcción del edifico “El Alcazar” retornarán a sus hogares bajo su propio riesgo. Por qué la constructora se niega a extender una póliza de seguro.

A las 174 familias que fueron desalojadas de emergencia de sus hogares del edificio “El Alcazar”, el pasado 17 de diciembre en la ciudad de La Paz, no les queda otra que retornar sin ninguna garantía que avale que no volverán a pasar el susto que vivieron ese día, cuando un fuerte estruendo hizo temblar los pilares del edificio por la ruptura de la columna 6B ubicada en el subsuelo. Además, otras 17 columnas fueron afectadas poniendo al edificio en riesgo de desplome. Los habitantes de las dos torres del edificio se resignaron a abandonar sus departamentos lamentando la mala construcción del predio y jurando que no volverían a habitar en el lugar hasta no recibir las garantías de que el 100% del mal estaría reparado.

Y es que luego de más de tres meses en los que no se les permitió ingresar a sus casas para realizar una inspección ocular a sus pertenencias, los moradores de ese edificio de 18 pisos y dos bloques, ubicado en la céntrica Federico Suazo, continúan desesperados. La mayoría de ellos han mirado de palco y aceptado las soluciones propuestas por la empresa constructora Sociedad Anónima de Comercio (Sadeco), más conocida como Ormachea, temerosos de que surjan conflictos que acabe perjudicando a ellos mismos

Sadeco, que por más de 20 años ha construido al menos el 25% de los edificios en esta ciudad, ya no se encuentra en los registros de la Cámara Departamental de la Construcción de La Paz. Se fue a Santa Cruz hace varios años y prácticamente fue la que impuso la solución al desastre de “El Alcazar”. No sufrió sanción alguna, se hizo cargo de la reparación de los daños, contrató a los ingenieros que supervisaron los mismos y a los que realizaron una auditoría estructural en el resto del edificio. Es decir, la empresa obró de juez y parte como si no existieran otras instancias independientes que intervengan para tomar una decisión sobre la reparación de los daños estructurales del edificio. Ha quedado en duda la calidad del resto de sus edificaciones en La Paz.

Los técnicos de la empresa y sus abogados aseguran que el problema está solucionado, pero han señalado que no extenderán ninguna garantía firmada, ni una póliza de seguro como habían pedido inicialmente muchos propietarios. Algunos de los propietarios, sin embargo, insisten con ese pedido que lamentablemente podría caer en saco roto. Pero hay un grupo de copropietarios que están luchando para recibir un resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados. Los vecinos de los edificios colindantes creen que la solución es demoler el edifico y vuelva a ser construido con todas las garantías necesarias para conservar el derecho propietario. Y lo más importante el derecho a la vida.

En este contexto se desarrolla esta historia a la que nadie le ha dado la importancia debida para responder a un grupo de familias que han sufrido el desalojo forzoso de sus viviendas poco antes de fin del año pasado, algunas se tuvieron que dividir para ubicarse en distintos lugares de amigos o parientes y los más pudientes tuvieron que alquilar inmuebles amoblados o ir a vivir en hoteles. También quedaron en el desamparo unos 91 locales, entre comercios y oficinas.

¿Qué pasó?

“El Alcazar” fue construido hace poco más de 16 años por la empresa Sadeco con varias fallas detectadas por la Alcaldía. Para empezar, el edificio no cuenta con planos aprobados de construcción definitivos, los propietarios exhibieron tan sólo planos provisionales. El presidente de los copropietarios del edificio, Gonzalo Chacón, dijo a DATOS que alguna vez que hubo intención por parte de Sadeco para regularizar esos planos, pero nunca se finalizó el trámite. Uno de los propietarios, que pidió la reserva de su nombre aseguró que Sadeco estaba obligada a regularizar los planos, “por su situación legal y hasta por un tema de conciencia. La empresa Ormachea tenía que dejar las cosas claras y no lo hizo. Hay propietarios que seguimos pensando demandar a la empresa por riesgo de estrago y estafa, violación a los derechos humanos de los habitantes y al derecho a la vida”.

Las probables causas

Diez y seis años y un riesgo de desplome han tenido que pasar para que la Alcaldía se dé cuenta que “El Alcazar” no cuenta con planos aprobados de construcción, ni con planos de fraccionamiento que coincida con los planos provisionales. Además, la Alcaldía se encontró con datos sobre la construcción de un edificio denominado “Milenio II”, construido en el lugar donde alzaron “El Alcazar”. Fue el propio alcalde Luis Revilla quien reveló estos extremos: “El proceso de construcción de este edificio data de la década del 90, de hace aproximadamente 16 años. Revisados los archivos, no hemos encontrado ningún plano aprobado, ni ningún dato que dé cuenta de la aprobación de planos del edificio. Sí hemos encontrado, sin embargo, unas referencias todavía ambiguas, respecto a la aprobación de un edificio denominado ´Milenio II´, en el mismo lugar en el que se encuentra el edificio ´El Alcázar´”.

Este dato fue proporcionado, luego de una revisión exhaustiva que efectuó la Alcaldía en los archivos municipales y en busca de los documentos de este edificio. Los datos encontrados, también se refieren a que en 1996, se habrían aprobado los planos del edificio “Milenio II”. El Alcalde agregó que “los planos de fraccionamiento de cada uno de los departamentos o cada uno de los espacios, dan cuenta justamente de la posibilidad que se hubieran hecho modificaciones en la construcción del edificio. Eso significa que la construcción final no coincida con estos planos que eventualmente hubieran sido aprobados el año 96. Esto podría explicar este sobrepeso que se ha producido en la estructura”.

Hasta donde se ha podido indagar, la empresa no ha sido multada, aunque está en pie la demanda de menos de una decena de propietarios que quieren recuperar su inversión, pero eso está fuera del sentimiento de todo el grupo. El presidente de los copropietarios ha dejado en claro que cada interesado está en la libertad de realizar cualquier acción contra la empresa. Sobre las consideraciones de las probables causas para el colapso de una columna estructural, existen algunas hipótesis, según las explicaciones que los ingenieros de la SIB. La posibilidad de que el peso del mismo edificio haya provocado el colapso del pilar y la probable carga adicional que se habría puesto en este edificio en los últimos meses.

Es decir, la construcción estaba al límite de su capacidad de carga que aparentemente fue abusada al permitir el funcionamiento de, por ejemplo, una imprenta. Tampoco se debe ignorar la empresa recaudadora de grandes cantidades de papel y algunos otros almacenes que eran usados como  depósitos, lo cual ha sido negado por Chacón, al igual que la presunta habilitación de espacios comunes como garajes en los espacios 2,3 y 4 del garaje del edificio.

Uno de los copropietarios mencionó otros factores atribuibles a los análisis que hicieron los ingenieros: se refirieron al diseño estructural con menor cantidad de materiales, es decir fierro y hormigón armado. Problemas en la construcción por el mismo motivo. Posibles fallos de supervisión continua y adecuada y presuntas falencias de la fiscalización de la Alcaldía. Pero también existen factores atribuibles a los directorios del edificio que descuidaron el mantenimiento y la falta de atención a fallas como filtraciones de las cañerías. Con la reparación de los daños estructurales esas filtraciones han logrado ser reencauzadas recientemente hacia una cámara.

Las consecuencias

Al principio, el 17 de diciembre del año pasado, cuando colapsó la columna 6B provocando daños menores en otros seis pilares con réplicas en 18 pilares, un grupo de copropietarios pidió la devolución del costo de sus departamentos a la Constructora Ormachea. Otro grupo, la mayoría, prefirió esperar  que la empresa cumpla con el plan de refacción ofrecido para retornar a sus viviendas en tres meses, el plazo se cumplió el pasado 17 de marzo.

Lejos de sufrir una sanción por las irregularidades evidentes que se descubrieron tras el incidente o de un compromiso de resarcimiento de daños a los moradores del edificio, Sadeco asumió su responsabilidad en el arreglo estructural de los daños y aunque hay muchos propietarios que no quieren retornar a su departamento mientras la empresa no le extienda una certificación de garantía, el presidente de los mismos Gonzalo Chacón, confirmó a DATOS que “la empresa no extenderá ninguna garantía”.

Lo que sí sucederá es que Ormachea contrate un ingeniero estructuralista “independiente e imparcial”, para revisar el estado estructural del resto del edificio, es decir, de las partes no dañadas. Según confirmó Chacón, inicialmente el candidato a ser contratado, del que no se ha revelado su nombre, pidió US $30 mil, lo cual fue rechazado por Sadeco, a través de su abogada Mary Carrasco.  Se ha pedido la colaboración de otro ingeniero, Mario Galindo, que aparentemente aceptó la tarea por diez mil dólares menos. Luego de esa revisión estructural y del visto bueno de este experto, que podría durar unos 30 días, el edificio estará habilitado, dejando de lado los deseos de algunos propietarios que pretenden incluso pedir que la empresa les entregue una póliza de seguros.

Al día siguiente de cumplido el plazo para que los moradores retornen a sus departamentos, el 18 de marzo pasado y basada en un informe preliminar de la empresa Sadeco y consideraciones de  la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, la Alcaldía reabrió parte de las vías que habían sido cerradas por seguridad en diciembre. La cuadra que está frente al edificio “El Alcazar” y hasta la calle Reyes Ortiz continuará cerrada tanto para peatones y vehículos. Autoridades en la Alcaldía han señalado que “la empresa constructora Sadeco, deberá dar las garantías para el edificio”. Según el secretario ejecutivo interino de la Alcaldía, Álvaro Blondel, por ahora, se mantendrá ese perímetro de seguridad debido a que hasta ahora el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz no recibió de la empresa constructora el informe del estudio integral del edificio.