La criminalidad le cuesta a AL miles de millones de dólares

La ONU apuesta por reducir la desigualdad para desmotivar la delincuencia

La violencia en América Latina no solo es un lastre para el desarrollo de la región: también supone una barrera para el crecimiento económico. Un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado Seguridad ciudadana con rostro humano, presentado este lunes en Madrid, ha cuantificado el coste de la violencia en términos del producto interior bruto de cinco países latinoamericanos. Y las cifras son abrumadoras: en 2010, la violencia se “comió” el 10,5% del PIB de Honduras, el 8,7% en Paraguay y el 3,3% en Chile. En este último caso, la cantidad asciende a 6.520 millones de dólares (4.810 millones de euros).

El responsable del PNUD para América Latina y subsecretario general de Naciones Unidas, Heraldo Muñoz, fue claro: “Es la gran paradoja latinoamericana: ha existido un crecimiento económico excepcional que ha eliminado pobreza, pero al mismo tiempo ha aumentado la violencia y la inseguridad”.

Las consecuencias de esa violencia son personales y económicas: una de cada tres personas ha cambiado el lugar donde hacer compras o divertirse por miedo a la violencia. De los encuestados que han sido víctimas de un delito, entre un 45% y un 65% ha dejado de salir de noche, según el país. La violencia se ha cobrado la vida de un millón de latinoamericanos en la última década: en la mayoría de países de la región, la tasa de homicidios supera las 10 víctimas por cada 100.000 habitantes que la Organización Mundial de la Salud considera el límite por encima del cual el asesinato pasa a ser una epidemia.

Son estos efectos los que llevaron a Muñoz a considerar en la presentación del informe que “la inseguridad no es un problema de la policía o del ministerio del Interior. Es un problema de desarrollo y debe tratarse como tal”. El expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, reiteró esta idea al afirmar que la criminalidad “no son solo policías y balazos. El problema es más de fondo”.

El propio documento señala que “la inseguridad en la región tiene una explicación multidimensional en la que inciden la precariedad del empleo, la inequidad persistente y la insuficiente movilidad social”.

Y es ahí donde reside la paradoja. “El desarrollo económico en América Latina ha reducido la pobreza pero ha mantenido la desigualdad”, dijo Muñoz. “Es un crecimiento económico de baja calidad, basado en el consumo. El acceso a la movilidad social continúa siendo muy bajo y genera un grupo de gente que quiere su parte del pastel”.

Esta desigualdad se agrava con la privatización de la seguridad. “Ahora mismo hay 3,8 millones de guardias de seguridad privados en América Latina, frente a 2,6 millones de policías”, apuntó Muñoz. Y esta seguridad privada es la más armada del mundo: los vigilantes latinoamericanos tienen diez veces más armas que los de Europa.

El texto recuerda que la correlación entre desigualdad y violencia no es lineal. Otros factores, como el crecimiento de las familias monoparentales y las migraciones, el aún alto nivel de abandono escolar y el crecimiento acelerado de las grandes ciudades -impulsado por ese mismo progreso económico- contribuyen a debilitar el tejido social, lo que sirve de caldo de cultivo a los comportamientos delictivos.

“El éxito de la lucha contra la criminalidad es clave en el éxito del Estado de derecho en América Latina”, afirmó la exministra de Relaciones Exteriores de España, Ana Palacio. Y no solo para eso: “no hay inversión sin seguridad ciudadana y jurídica”, una afirmación de primera importancia en un continente en el que el atraer la inversión extranjera se ha convertido en una piedra fundamental del desarrollo.

El informe del PNUD también desafía el lugar común de que el tráfico de drogas actúa como motor y fermento de la criminalidad. “Para la inmensa mayoría de los latinoamericanos el problema no es el narcotráfico”, notó Muñoz. Y así lo señala el estudio: salvo en los mayores países de la región (Brasil y México), la ciudadanía se muestra más preocupada por los crímenes comunes que por los relacionados con el tráfico de estupefacientes. Muñoz aboga por considerar las drogas como un problema de salud pública, un cambio de paradigma frente a la inmensamente popular -y fallida- guerra contra las drogas.

¿Como solventar el problema de la criminalidad? El informe apuesta por un plan de diez puntos, que se inicia por una política de Estado, con el respaldo de toda la sociedad, que cristalice en un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana. Otro factor es económico. “Hace falta un crecimiento más inclusivo y más productivo”, señaló Muñoz, “con más inversión en educación y salud”.

En todo caso, el documento insiste: el rol del Estado es insustituible. “Hace unos años, la doctrina imperante era la del Estado mínimo”, afirmó Muñoz. “Ahora hay que apostar por un Estado no más grande, sino más vigoroso. Afortunadamente, muchos Gobiernos ya son conscientes de eso”. “Lo que persigo es que sean conscientes de que el problema no solo es la pobreza; es la equidad”, señaló. “Hacia eso espero que vayamos”.