La Fiscalía de La Paz procedió a citar, para que se presente a declarar, al líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, por la denuncia de supuesto daño económico al Estado en la construcción de los puentes Trillizos, durante su gestión como burgomaestre (2004-2010).
El vocero y vicepresidente del MSM, Edwin Herrera, mostró a los medios de prensa la notificación de la Fiscalía, por cedulón, que fue pegada en la puerta del domicilio del líder opositor, en la ciudad de La Paz.
“Citaciones como ésta sólo son comparables con libelos infamatorios, pero viniendo de autoridades fiscales, es parte del terrorismo de Estado que se está ejecutando contra un líder político que piensa distinto al Gobierno y le está diciendo al país entero que es posible tener un mejor gobierno”, dijo Herrera.
La citación dispone que Del Granado se presente ante dos fiscales que investigan el caso de los puentes Trillizos a denuncia de la Contraloría General del Estado, desde el 2010.
El candidato del MSM ayer se encontraba en la capital orureña, participó de los actos por el aniversario de Oruro en atención a una invitación realizada con anticipación.
“Está claro que el objetivo del Gobierno, mediante la instrumentalización de la Fiscalía, es la inhabilitación de nuestro compañero Del Granado, porque en el caso de los Puentes Trillizos ya demostró que la variación del precio final de la obra fue autorizada por un decreto firmado por el presidente Evo Morales (Decreto Supremo 0351 del 4 de noviembre de 2009) y una ley sancionada por la Asamblea Legislativa”, recordó Herrera.
Agregó que la Fiscalía, con el argumento de esas investigaciones, desatan continuas acciones político-judiciales para tratar de inhabilitar a Del Granado como aspirante a la Presidencia del país.
La Contraloría General del Estado presentó la denuncia en contra Del Granado por el presunto delito de contratos lesivos al Estado y daño económico en la firma de dos adendas al contrato de construcción del Puente Trillizos que habría dejado un daño económico al Estado de 4.5 millones de dólares.
En su defensa, Del Granado presentó el decreto y la ley aprobados avalando esas adendas e interpuso durante este tiempo varios recursos, entre ellos uno pidiendo su archivo por “falta absoluta de pruebas”.
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